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TCP

0046/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0046/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0046/2026 Sucre, 2 de marzo de 2026

SALA TERCERA

Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 49390-2022-99-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 0057/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 1138 a 1145, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María de la Gloria Rivero de Del Granado contra María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 14 y 24 de junio de 2022, cursante de fs. 19 a 26 y 63 respectivamente, la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Las Magistradas demandadas han tramitado una demanda de nulidad absoluta del Título Ejecutorial 709248 de 21 de junio de 1982 correspondiente al predio denominado ex fundo San Pedro de 62.3081 ha (sesenta y dos hectáreas con tres mil ochenta y uno metros cuadrados), ubicado en el cantón Sacaba, provincia Chapare del departamento de Cochabamba, en la que el demandante José Luis López Aguilar afirma tener derecho propietario sobre una fracción de 35.9540 ha (treinta y cinco hectáreas nueve mil quinientos cuarenta metros cuadrados), inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo el folio real con Matrícula Computarizada 3.10.10.01.0001835, Asiento A-2 ubicado en el ex fundo Pacata Baja, del municipio Sacaba, provincia Chapare del mismo departamento, por adquisición efectuada a Julia Luizaga Soliz, heredera del propietario inicial Marcos Luizaga Heredia mediante Escritura Pública 118/2004 de 28 de octubre.

Dicho proceso concluyó con la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 69/2021 de 3 de diciembre, que declaró probada la demanda vulnerando su derecho a obtener una resolución fundamentada y motivada y una adecuada valoración de la prueba, debido que al responder la demanda cuestionó la falta de legitimación del demandante por tratarse de una propiedad colectiva y por inexistencia de sobreposición de los predios; no obstante, no existió ningún pronunciamiento en el fallo confutado. Sobre la falta de legitimación por propiedad colectiva, las autoridades demandadas no se pronunciaron sobre la existencia de terceros claramente identificados, debido a que el supuesto derecho propietario del actor, devendría de un proceso de afectación sobre terrenos colectivos del predio denominado parcela 2, con una superficie de 35.9540 ha, que corresponde al ex fundo Pacata Baja, que fue titulada a favor de trece campesinos en lo proindiviso, siendo Marcos Luizaga Heredia, uno de los beneficiarios; es por esa razón, que señaló que José Luis López Aguilar no acreditó que la transferencia fuera realizada por los doce copropietarios restantes como beneficiarios de dicha parcela identificada como parcela 0002-0002, constando únicamente como vendedora, la hija de Marcos Luizaga Heredia; sin embargo, no existe pronunciamiento en la Sentencia sobre dicho aspecto, a pesar de haberse identificado como terceros a los siguientes beneficiarios del título ejecutorial: Máximiliano Pozo, Donato Vargas, Mercedes Arévalo, Benjamín Vargas, Severo Vargas, Alejandro Rojas, Serafín Villarroel, Lucas Gutiérrez, Víctor Nogales, Laureano Lozada, Valentín Arévalo; y, Francisca y Vicenta Montes a quienes podía afectar la decisión judicial, ya que en la referida sentencia no se ha dilucidado si la demanda es solamente a nombre de un copropietario o también del resto de los beneficiarios; tampoco se aclaró, si los documentos presentados eran legales ya que fueron supuestamente protocolizados en Entre Ríos y en dicha notaría no existe registro alguno.

En cuanto se refiere a la falta de legitimación por inexistencia de sobreposición entre los fundos debido a que de acuerdo a la tradición descrita en el título ejecutorial, corresponde a la propiedad denominada ex fundo Pacata Baja, signado bajo el expediente agrario 501 de propiedad original de Bertha Rivero Torres de Canedo, que colinda en la parte Sur con la propiedad denominada ex fundo San Pedro de María Teresa Gutiérrez Vda. de Rivero, quien es su madre, cuyo expediente agrario está signado como 6981 y 6981B, tal como se evidencia del plano predial y del folio real acompañados por el demandante a tiempo de presentar su demanda de nulidad de título ejecutorial; además, el fundo San Pedro fue objeto de proceso social agrario de afectación que culminó con la otorgación del Título Ejecutorial Colectivo 179478, Resoluciones Supremas (RS) 113258 de 10 de abril de 1962, a favor de su madre, habiendo consolidado la extensión superficial de 63,8031 ha (sesenta y tres hectáreas con ocho mil treinta y un metros cuadrados); que posteriormente, solicitó sean consolidadas a su favor en calidad de copropietaria, de esa forma, concluyó que esas dos propiedades; es decir, los fundos Pacata Baja y San Pedro, están claramente delimitados; jamás tuvieron conflicto de sobreposición y por tanto, haciendo un estudio comparativo de planos, se establece con meridiana claridad que el supuesto derecho propietario esgrimido por el demandante, se encuentra ubicado en el ex fundo Pacata Baja y no en los límites del ex fundo San Pedro.

Sin embargo, en el punto FJ.III.2 de la Sentencia Agroambiental se menciona en cuanto a la sobreposición de los predios Pacata Baja y San Pedro, que el informe emitido por el Departamento Técnico Especializado del Tribunal Agroambiental, llegó a la conclusión de que existía imposibilidad para determinar la ubicación de cada una de las propiedades, concluyendo las autoridades demandadas que dicho informe fue notificado sin observaciones de las partes, advirtiéndose así que la sentencia pronunciada no evidenció si los fundos se sobreponen y si el terreno que reclama el demandante se encuentra dentro de los límites consignados en el título ejecutorial que se pretendía anular, lo cual no es jurídicamente correcto, ya que si no se determina dicha sobreposición, no habría la posibilidad legal de anular el título ya que no se habría verificado si efectivamente afecta los derechos legalmente constituidos del demandante, cuestión esencial que no fue desarrollada y evaluada en la sentencia.

Las Magistradas demandadas manifiestan en forma inconsistente que, en las demandas de nulidad de títulos ejecutoriales no se debe determinar la sobreposición, porque ello corresponde a otra instancia, criterio que resulta un absurdo y que denota la existencia de incongruencia omisiva en el fallo impugnado en la presente acción de defensa que no solo vulnera el debido proceso sino también, los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica.

Sobre las causales de nulidad, manifestó en la contestación a la demanda, que no fueron especificadas aquellas vigentes a tiempo del otorgamiento del título ejecutorial y tampoco fundamentaron qué normas agrarias sustantivas o adjetivas habrían sido infringidas; en consecuencia, se incumplió el principio de especificidad por el que no existe nulidad si no existe norma legal que así lo determine; y finalmente, que el error de registro del título ejecutorial cuestionado es una causal de nulidad relativa al tenor de lo dispuesto por el art. 322 del Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -1715 de 18 de octubre de 1996- .

Acusó la vulneración al debido proceso en su elemento de adecuada valoración de la prueba debido a que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 69/2021 de 3 de diciembre, no logró determinar el grado de sobreposición de predios pese a que adjuntó prueba preconstituida que acreditaba la inexistencia de superposición de los predios, requisito esencial para la nulidad de título ejecutorial por afectación de derechos legalmente constituidos y por la no valoración de los documentos de propiedad de las partes, los planos prediales y el estudio multitemporal, lo cual lesiona de manera flagrante sus derechos fundamentales e igualmente, su derecho a la propiedad privada porque se está amenazando y restringiendo su contenido esencial al desconocer su título ejecutorial.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; a la propiedad privada; y, al principio de legalidad, citando al efecto los arts. 56.I, 117 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE) y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 69/2021 de 3 de diciembre, y se disponga el fiel cumplimiento de los derechos observados en la acción de amparo constitucional, sea con responsabilidad civil.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 1 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 1131 a 1137 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

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