Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0047/2019 Sucre, 4 de septiembre de 2019
SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Conflicto de competencias jurisdiccionales
Expediente: 22753-2018-46-CCJ Departamento: La Paz
En el conflicto de competencias jurisdiccionales, suscitado entre Francisco Mamani Yauli, Paulino Apaza Jauregui y Lucia Mamani Tinta de Hilario, autoridades del Consejo Amawtico de Justicia (Jach'a Kamachinak Apnaqeri Amawt'anaka) del Ayllu Indígena Originaria Chuñavi y Mauricio Elias Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero ambos de Pucarani del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1.Alegaciones de las autoridades indígenas del Consejo Amawtico de Justicia del Ayllu Chuñavi de Pucarani de la provincia Los Andes
Ante la denuncia interpuesta "en mayo de 2017" por Félix Tinta Mamani contra ex y actuales autoridades indígenas originarias del Ayllu Chuñavi del citado municipio y departamento, por la supuesta comisión de los delitos de asociación delictuosa, privación de libertad, amenazas y secuestro, arguyendo que el Ayllu Chuñavi solo es válido entre un pequeño grupo de personas que son familiares, cuyo único interés son las tierras que son de propiedad del prenombrado, razón por la cual le secuestraron y expulsaron en mérito a la Sentencia 02/2016 de 25 de febrero; por lo que, el 23 de octubre de 2017, el Consejo Amawtico de Justicia del Ayllu Indígena Originaria Chuñavi presentó ante el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, el conflicto de competencia jurisdiccional, solicitando inhibirse de conocer la referida denuncia signada como "80/2017", alegando que corresponde sea de conocimiento primigenio de la justicia indígena, en el marco de la igualdad jerárquica que existe entre esa jurisdicción y la ordinaria, al amparo de lo establecido en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
No obstante, el referido Juez emitió la Resolución 139/2017-P de 14 de noviembre, rechazando dicha solicitud, manifestando que la Sentencia 02/2016 establece sanciones como "...asignar 2000 ladrillos..." (sic), además de la advertencia de ser expulsados y la reversión de sus tierras, aspectos que vulneran derechos fundamentales como el derecho a la propiedad privada y la titulación de sus tierras. Al respecto, el Consejo Amawtico de Justicia señala que el conflicto de competencia que plantearon, emerge de sus normas y procedimientos, en ese marco también se pronunció la Sentencia 02/2016, bajo valores y principios culturales en pleno ejercicio de la justicia indígena en el marco del pluralismo jurídico, el derecho a la libre determinación, mismas que no fueron respetadas por la mencionada autoridad judicial, quien efectuó una interpretación monocultural bajo la visión del monismo jurídico, totalmente formalista sin ninguna consideración al nuevo modelo de Estado Plurinacional, los principios de interculturalidad, descolonización y pluralismo jurídico que son fundamentales para interpretar las resoluciones de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC) y por lo tanto de los conflictos de competencias jurisdiccionales.
Fundamentan la necesidad del ejercicio de su competencia jurisdiccional señalando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas expresado en su art. 43, además de lo establecido en los arts. 13 y 30 de la Constitución Política del Estado (CPE), el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y territorio como derecho ancestral, además el ejercicio de la administración de justicia, tal cual refrendan los tratados internacionales, Convenio 169 de la OIT y la supra descrita Declaración de las Naciones Unidas que buscan precautelar su cultura, base para su existencia física; citando asimismo las , y la , que establecen los alcances del pluralismo jurídico.
Consideran que el Ayllu Indígena Originaria Chuñavi, es la restitución del ayllu ancestral que en el marco de la JIOC, en virtud al art. 2 de la CPE, reconfigura su Consejo Amawtico, encargado exclusivamente del ejercicio de la justicia en el marco del pluralismo jurídico y los convenios internacionales, constituyéndose en uno de los principios que se sustenta el Órgano Judicial, art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) y art. 1 de la CPE, que en aplicación de las normas internacionales son de cumplimiento obligatorio dentro de nuestra legislación, tal cual refiere la "", indicando que ni el Convenio 169 de la OIT, ni la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establecen límite en cuanto a las materias o la gravedad de los hechos para el ejercicio de la jurisdicción indígena; por ello, lo previsto en el art. 10.II de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), debe encontrar compatibilidad con la Constitución Política del Estado entendida en su unidad, bajo los principios de plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad, descolonización y el bloque de constitucionalidad.
Señalan que el proceso penal iniciado en contra de las ex y actuales autoridades del Ayllu Indígena Originaria Chuñavi, tiene origen en el proceso de reconstitución y restitución del mismo, los hechos ocurrieron en su territorio, por tanto, consideran que se cumple con el ámbito de vigencia territorial; y, al ser los demandados integrantes del mencionado Ayllu que forma parte de la nación "JACH'A QHAPAQ UMASUYU" (sic), existe la vigencia personal; finalmente, en cuanto a la vigencia material, señalan que la justicia indígena no se divide por materias, porque todo lo ve de manera integral, aun si el proceso penal esté vinculado al acto reivindicativo de la reconstitución y restitución de su Ayllu, en la cual, señalan, la jurisdicción ordinaria, está avasallando su jurisdicción y de ninguna manera se puede aceptar la criminalización a todo un Ayllu por un acto sagrado de reconstitución y restitución histórica de sus ayllus, markas y suyus ancestrales.
Por todo ello, solicitan se declare competente a las autoridades de la JIOC para el conocimiento del proceso penal que se encuentra por ante el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz.
I.2. Alegaciones del Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz
El Juez citado por Resolución 139/2017-P, cursante de fs. 16 a 18 vta., ante la solicitud de inhibitoria, rechazó el conflicto de competencias jurisdiccionales señalando que:
- a)La Ley de Deslinde Jurisdiccional establece que las autoridades de la JIOC, no sancionarán con la pérdida de tierras o la expulsión de adultos mayores o personas con discapacidad por causas de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes y trabajos que fue desconocido por la Sentencia 02/2016, en su numeral sexto y el Ministerio Público advirtió tales extremos, por lo que la autoridad judicial está obligada a efectuar el control jurisdiccional, velando por los derechos de los sujetos procesales y, sobre todo, de los sectores vulnerables como los niños y personas adultas mayores;
- b)En la Sentencia 02/2016 de la JIOC, se advirtió que Félix Tinta Mamani y otras personas, son consideradas opositores y conflictivas, razón por la cual no se pone en tela de juicio la persona que fue procesada sino aspectos del ámbito de su aplicación que deben ser cumplidos, toda vez que al emitir sus fallos, la JIOC no debe vulnerar derechos fundamentales y/o garantías constitucionales;
- c)La parte resolutiva de la Sentencia 02/2016, establece sanciones de imposición de "2000 ladrillos", la advertencia de ser expulsados y revertir sus tierras, lo que vulnera derechos fundamentales como el derecho a la propiedad privada, a la titulación de sus tierras en forma colectiva o individual, por lo que han utilizado mecanismos coercibles contrarios a los principios establecidos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional; y,
- d)La SCP "1203/2014", establece lo que es permisible en la aplicación de la justicia originaria campesina, sin embargo, al vulnerar derechos fundamentales como la integridad personal, no se lo reconoce ni en la jurisdicción indígena originaria campesina, puesto que el art. 5 de la LDJ, refiere que todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan, promueven y garantizan el derecho a la vida y los demás derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado.
I.3. Alegaciones de Félix Tinta Mamani, Inocencio Alí Mamani y Teófilo Valentín Mamani Huanca, afiliados a la Comunidad Agraria Sindical Originario Campesino Chuñavi.
En respuesta al conflicto de competencias jurisdiccionales, Félix Tinta Mamani, alega que la "OTB autodenominada Ayllu Indígena Originaria Chuñavi" o "Consejo Amawtico de Justicia Ayllu Chuñavi" planteó:
- 1)Un supuesto conflicto de competencias jurisdiccionales entre la jurisdicción indígena originario campesina y la justicia ordinaria, pretendiendo dejar sin efecto la tramitación del caso "80/2017", sin cumplir el art. 101 del Código Procesal Constitucional (CPCo), puesto que su estructura no está conforme a la Constitución sino que sólo tiene un reconocimiento como Organización Territorial de Base (OTB), en el marco de la Ley 1551 de 20 de abril de 1994 de Participación Popular que ya no está vigente; posteriormente, efectuaron trámites para actualizar su personería jurídica, pero no dejan de ser una organización social que desarrolla sus actividades de acuerdo al art. 300.I.12 de la CPE, en ese sentido, el art. 190.I de la referida Norma Suprema, prevé que "no alcanza a ser una Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino, por lo que no pueden ejercer ni administrar justicia comunitaria";
- 2)El art. 275 de la CPE, establece el procedimiento de elaboración de estatutos que debe ser participativo y con control de constitucionalidad y referéndum de aprobación, lo cual no sucedió, por lo que no pueden administrar "justicia comunitaria", ni interponer conflicto de competencias jurisdiccionales puesto que sólo pretenden quedar impunes de actos de violencia ejercidos en su contra, violentando sus derechos tutelados por la , en una acción de libertad presentada por sus personas;
- 3)Los hechos de violencia perpetrados por la OTB "Ayllu Indígena Originaria Chuñavi" el 3, 4 y 8 de mayo y 20 y 26 de junio de 2017, vulneraron derechos constitucionales a no sufrir violencia ni tratos crueles o inhumanos, a la propiedad, al hábitat, a la vivienda, inviolabilidad de domicilio, al trabajo, a la familia, derechos de la niñez y adolescencia y derechos de las personas adultas mayores, todo ello en pretendida ejecución de la Sentencia 02/2016, desalojándolos de sus viviendas, propiedades, cultivos, trabajos, familias, todo con el afán de hacer cumplir la ilegal Sentencia;
- 4)Pretenden procesarles y sancionarles aplicándoles el Estatuto y Reglamento interno de la OTB para revertir su propiedad agraria que les fueron legalmente otorgadas por Resolución Suprema (RS) 124022 de 24 de enero de 1964;
- 5)Ante la pretensión de la OTB de cumplir y hacer cumplir la Sentencia 02/2016, plantearon acción de libertad, emitiéndose la que ordenó dejar de cometer actos de hostigamiento, amenazas, persecución, permitir el retorno de los accionantes y de sus familiares, se proceda a la reparación de daños causados, así como también se anuló la "Sentencia 02/2016 de 29 de abril". Por todo ello, solicitan se rechace el conflicto de competencias jurisdiccionales planteado.
I.1.1. Petitorio
Solicitan se declare competente a la jurisdicción indígena originario campesina del Ayllu Chuñavi y se ordene la remisión de todo lo actuado, pidiendo como medida preventiva, la suspensión inmediata del proceso en contra de las ex y actuales autoridades de dicho Ayllu, "tal como manda la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en su art. 126".
I.2. Admisión
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante , cursante de fs. 59 a 63, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero y el Consejo Amawtico de Justicia (Jachá Kamachinak Apnaqeri Amawtánaka) del Ayllu Indígena Originaria de Chuñavi ambos de Pucarani del departamento de La Paz.
I.3. Trámite ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
Por decreto constitucional de 23 de julio de 2018, se dispuso la suspensión del plazo, a efectos de recabar documentación complementaria; posteriormente, se reanudo el mismo el 4 de septiembre de 2019, por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del plazo legal.
Mostrando 23 de 114 parrafos.