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TCP

0047/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
6 de febrero de 2026
Resumen del caso

Auto 0047/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0047/2026-RCA Sucre, 6 de febrero de 2026

Expediente: 81239-2026-163-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 20/2026 de 15 de enero, cursante de fs. 66 a 67 vta. pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Priscila Valeria Moreno Marhemberg contra Romualdo Isaac Almonte Blanco, Fiscal de Materia, asignado a la Unidad de Análisis de la Fiscalía Departamental de La Paz

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memoriales presentados el 5 y 13 de enero de 2026, cursantes de fs. 47 a 57; y 61 a 65 vta., la accionante manifestó que dentro del proceso penal seguido por su persona contra su ex esposo Riery Mauricio Rodríguez Reynal, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201102032400787, el Fiscal de Materia emitió una resolución de sobreseimiento a favor del nombrado, fallo que fue impugnado por los agravios y lesión a sus derechos.

Como consecuencia del sobreseimiento a favor de Riery Mauricio Rodríguez Reynal, la accionante buscó el apoyo de organizaciones de mujeres defensoras de derechos humanos como es la Alianza Libres sin Violencia y el "SEPMUD", también acudió a los medios de prensa para denunciar el actuar del Ministerio Público; sin embargo, el primer nombrado como medio de chantaje para que su persona deje el proceso de violencia en su contra que se encuentra en grado de impugnación, la denunció por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica en su componente de violencia psicológica en concurso con violencia mediática, ofreciendo como prueba un informe psicológico y certificado médico que establece dolencias que no tienen una relación y nexo de causalidad con la denuncias realizadas.

En ese sentido, el Fiscal de Materia hoy demandado aperturó el caso por violencia mediática, cuando este no es un tipo penal autónomo, ya que se constituye en una forma de violencia pero no un delito como tal, en ambos aspectos es necesario tomar en consideración que el denunciante es de género masculino y resulta ser el agresor en la denuncia por violencia familiar o doméstica con CUD 201102032400787, en consecuencia, es evidente que no se realizó una correcta valoración de la prueba aportada pues no se estableció en ningún momento las acciones delictivas para subsumir en el tipo penal de violencia psicológica, siendo que este delito según la conceptualización establecida en el art. 7 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia requiere de una forma sistemática de violencia y constituye ser un delito netamente doloso y de las denuncias realizadas en los medios de prensa se tiene que su persona denuncia el accionar del Ministerio Público y no así como se pretende en la denuncia describiendo actos de difamación.

Además con las entrevistas en los diferentes medios de comunicación, en ningún momento se agredió físicamente al denunciado, para que también le inicie un proceso por lesiones graves y leves, evidenciándose de esa forma la vulneración flagrante a sus derechos constitucionales, posteriormente, el Fiscal de Materia demandado realizó la remisión del cuaderno de investigaciones aperturado ante la Fiscalía Especializada en delitos de Violencia Familiar o Doméstica de la Zona Sur "...tal como acredito con la citación original dejada en mi domicilio el 30 de diciembre de 2025, hábilmente dejada en vísperas del largo feriado de fin de año, donde, no se tomó en consideración que el denunciante es de género masculino y resulta ser mi agresor en la denuncia por Violencia Familiar o Doméstica (...) donde a la fecha se busca procesarme por un ilícito inexistente" (sic).

I.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento de valoración razonable de la prueba, reglas de razonabilidad lógico analítico y reglas de equidad, al principio de legalidad y la protección reforzada y trato diferenciado, citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

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Tribunal Constitucional Plurinacional6 de febrero de 20260047/2026-RCAFuente oficial