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TCP

0048/2019-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de marzo de 2019
Resumen del caso

Auto 0048/2019-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0048/2019-CA Sucre, 15 de marzo de 2019

Expediente: 27939-2019-56-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz

En consulta la Resolución de 5 de febrero de 2019, cursante de fs. 55 a 56, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta formulada por Ana María Baldivieso Bascopé, demandando la inconstitucionalidad del art. 247.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por ser presuntamente contrario a los arts. 116.I, 117.I, 119.II y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1, 8.1 y 2 inc. c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 9.1, 14.1, 2 y 3 inc. b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 10 de enero de 2019, cursante de fs. 36 a 47 vta., la accionante, interpone la acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 247.3 del CPP, señalando que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Marisol Rodríguez, los Fiscales a cargo, solicitaron la revocatoria de medidas sustitutivas determinadas a su favor de acuerdo a lo previsto en el art. 247.3 del CPP, por lo que el trámite incidental de revocatoria de las mismas, está fundado y será resuelto pronunciándose sobre los alcances del artículo impugnado, dependiendo exclusivamente de dicha norma, denotando más allá de cualquier duda razonable su relevancia en la decisión del pedido.

Refiere que, el artículo impugnado permite la revocatoria de medidas sustitutivas ante el inicio de un nuevo proceso por la "comisión" de otro delito, lo cual no significa que el delito haya sido cometido, lo cual conlleva a la vulneración del art. 116.I de la CPE; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14.2 del PIDCP, que garantizan el estado de inocencia mientras no se establezca legalmente la culpabilidad de una persona, destruyendo su estado de inocencia, sin considerar que la persona denunciada, imputada acusada no puede ser tratada como culpable y con ese motivo revocarle la medida sustitutiva, cuando cualquier persona incluso de mala fe puede forzar aquello para luego pedir la revocatoria logrando el cese de las medidas sustitutivas y hasta se imponga una medida cautelar.

La permisión del art. 247.3 del CPP, resulta manifiestamente desproporcionada por provenir de otro proceso y emanar de cuestiones que pueden ser absolutamente forzadas con el expreso propósito de generar la referida revocatoria y que además son traídas desde otra causa diferente que se basa en hechos y consideraciones distintas del caso en el que se utiliza y aplica; tampoco, es idónea al obedecer a cuestiones asumidas en un proceso distinto.

La norma impugnada vulnera los arts. 117.I y 120.I de la CPE; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14.1 del PIDCP, los cuales condicionan el derecho al juicio previo sujeto al debido proceso y que éste sea tramitado por un juez competente e imparcial; no obstante, la norma impugnada permite que un juez que está tramitando una causa conozca y utilice elementos traídos de otro proceso, del que él no es competente y lo peor de todo, lo haga para afectar el derecho a la libertad de un ciudadano procediendo a revocar sus medidas sustitutivas que podría causarle su inmediata detención preventiva, el derecho al juicio previo, pues no ha sido oído respecto de los mismos en el caso en trámite. Por lo que al traer aspectos emergentes de otro proceso al que está en curso y con efectos perjudiciales al imputado, vulnera esa garantía del juez natural y competente.

Conculca además el art. 119.II de la CPE, impidiendo el ejercicio efectivo del derecho a la defensa del imputado, ya que no le concede -dentro de ese incidente- el tiempo ni los medios adecuados para ejercer su defensa como lo exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El art. 247.3 del CPP, debe ser expulsado del ordenamiento jurídico, peor aun cuando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos insiste en que una detención ordenada siguiendo criterios desproporcionados e innecesarios se convierte en una detención arbitraria.

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Tribunal Constitucional Plurinacional15 de marzo de 20190048/2019-CAFuente oficial