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TCP

0048/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de abril de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0048/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0048/2019-S1 Sucre, 3 de abril de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 24926-2018-50-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución de 12 de julio de 2018, cursante de fs. 690 vta. a 696, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Pablo Flores Loza y Doris Sibaute Seas contra Wilson Edmundo Gutiérrez Portugal, representante legal de la Caja de Salud de Banca Privada.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de junio de 2018, cursante de fs. 305 a 312, los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ambos desempeñaban funciones en la Caja de Salud de la Banca Privada; en el caso de Juan Pablo Flores Loza -accionante-, ingresó a trabajar a la referida institución el 28 de agosto de 2006 en el cargo de "Procurador", siendo promovido a "Asistente Legal"; y, Doris Sibaute Seas -coaccionante-, ingresó el 9 de septiembre de 2013 como "PROCURADOR", cuya denominación cambio a "Abogado IV", trabajo que accedieron mediante proceso de convocatoria pública externa, aprobando el respectivo concurso de méritos y examen de competencia, conforme establece el art. 11 del Reglamento Interno de la Caja de Salud de la Banca Privada; sin embargo, el miércoles 28 de marzo de 2018, fueron convocados por el Gerente General de la mencionada institución, quien les hizo entrega de sus memorándos de despido intempestivo, aduciendo la supresión de cargos por parte del Directorio de la Caja de Salud de la Banca Privada según Resolución 030/2018 de 27 de febrero, por reestructuración organizacional, indicando que prescindían de sus servicios a partir de 1 de abril de 2018.

Por la evidente vulneración de sus derechos constitucionales presentaron una solicitud conjunta de reincorporación laboral ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, entidad que señaló audiencia para el 10 de abril de 2018 donde no se llegó a ningún acuerdo, por lo que el Inspector de Trabajo emitió Informe CITE JDTSC/I/047/2018 - A de 12 de abril, donde recomendó "...se CONMINE A LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA PROCEDA A LA REINCORPORACION, de los trabajadores DORIS SIBAUTE SEAS y JUAN PABLO FLORES LOZA, en el mismo puesto que ocupaba y sea con el pago de sueldos devengados de conformidad al D.S. 495..." (sic), para posteriormente emitirse la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/CONM 031/2018 de 19 de abril, notificada a la institución demandada el 2 de mayo de 2018.

De esta manera, conforme prevé el art. 10.IV del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, se apersonaron dentro del tercero día a su fuente laboral; empero, el Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) de la referida Caja de Salud demandada, les informó que no había ninguna orden de reincorporación; y, por el contrario, se les notificó con Nota Cite: SC-AL-N-033-2018 de 7 de mayo, la cual indica que debían acudir a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, para conocer el pronunciamiento de parte de su empleador; extremo que, pusieron en conocimiento de la referida institución, que realizó una inspección de verificación de reincorporación el 18 de mayo de 2018, en la cual la Caja de Salud de la Banca Privada comunicó que no se dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/CONM 031/2018, por encontrarse a la espera del recurso revocatorio presentado.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante considera vulnerados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración justa y a la seguridad social; citando al efecto los arts. 45 parágrafos I, III y V; 46.I. 1 y 2; 115.II; y, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 del Pacto de San José de Costa Rica.

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