Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0048/2020-CA Sucre, 5 de marzo de 2020
Expediente: 33333-2020-67-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: Santa Cruz
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Juan Cala Ortega, Diputado Titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 21, 36, 37, 55 y 56 de la Ley Municipal de Transporte -Ley 1216 de 16 de octubre de 2019-; 2 de la Ley Autonómica Municipal -Ley 1267 de 24 de diciembre de 2019-; 109, 114 y 115 del Reglamento General de la Ley Autonómica Municipal General de Movilidad Urbana, Integral, Sostenible y Segura -Decreto Municipal 032/2019 de 22 de octubre-; y, 4, 18, 19, 21 y 23 del Decreto Municipal que aprueba el Reglamento Especial de Concesiones Administrativas Municipales de Transporte Público Masivo de Alta Capacidad -Decreto Municipal 033/2019 de 22 de octubre-, por ser presuntamente contrarios a los arts. 8.II, 14.III, 46.II, 55, 76.I, 123, 306.I, II y III, 314 y 339.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Por memorial presentado el 18 de febrero de 2020, cursante de fs. 241 a 265, el accionante a tiempo de transcribir las nomas constitucionales que considera vulneradas como también las acusadas de inconstitucionales, refirió que, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se utiliza el transporte público con todo tipo de capacidad hace 50 años; mismo que, inicialmente fue autorizado a trabajadores a través de Ordenanzas Municipales 011/92 de 6 de marzo de 1992 y 008/93 de 17 de febrero de 1993; posteriormente, con el fin de mejorar el servicio, mediante dichas normas se dieron curso las rutas a trabajadores del transporte que estaban organizados en asociaciones o cooperativas y sindicatos, basándose en las Constituciones Políticas del Estado de 1967 y 2009 vigentes en aquellos años; así como también, en la Ley Orgánica de Municipalidades de 1942, su similar 696 de 1985, Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) de 1994, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez"-Ley 031 de 19 de julio de 2010-, Ley General de Transporte -Ley 165 de 16 de agosto de 2011-; Resoluciones y Ordenanzas Municipales; y la Ley Departamental de Transporte para el Servicio y su Decreto Reglamentario para el Servicio Intermunicipal -Ley 96 de 18 de mayo de 2015-; es así que, los contratos de concesión, previa negociación fueron renovados durante todos estos años; lo cual, motivó que los integrantes de los proveedores realicen inversiones graduales durante todo ese tiempo.
Expresó que, la vasta jurisprudencia constitucional se refirió a la igualdad como derecho, valor y principio; lo que implica que, todos los habitantes de este país sean tratados de acuerdo a ella y tengan las mismas oportunidades que les ofrecen las normas, sean nacionales o internacionales ( y ); en ese sentido, no es posible la existencia de un rubro en el que se priorice a un sector y deje de lado a otro, toda norma debe ser inclusiva y clara.
Se deben tomar en cuenta los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas cuando se busca la modernización de la actividad que se regula; pues, si bien la sociedad tiene derecho a servicios de acuerdo a la modernidad, esta no puede destruir o dejar de lado a los anteriores actores que materializaban esa actividad, inobservando todo lo anterior para dar paso a lo nuevo, esto implicaría crear desigualdades, inseguridad jurídica e incertidumbre; lo cual, no está acorde con un Estado Constitucional de Derecho.
La seguridad jurídica, reconocida en el art. 178 de la CPE como un principio, no puede limitarse a eso, más aun cuando el art. 13 de la misma Norma Suprema prescribe que los derechos son progresivos; pero además, este "derecho" ya fue reconocido como tal, por la anterior Constitución Política del Estado, cuyo texto en cuanto a derechos no puede ser desconocido por la que hoy nos rige, tomando en cuenta que se deben aplicar las sentencias que desplieguen la eficacia de los derechos, que apliquen el estándar más alto de protección y la clausus apertus que faculta a toda persona ampararse en esta cláusula a efecto de invocar derechos que no fueron expresamente establecidos, con el fin de tener una vida libre de abusos y arbitrariedades.
La interpretación que realiza el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la seguridad jurídica es restringida y totalmente distante del bloque de constitucionalidad, siendo negada como un derecho fundamental (), razonamiento totalmente contrario a la progresividad de los derechos humanos; estatuida como derecho consolidado y necesario al Estado; sin embargo, de una mala, antojadiza, arbitraria y sometida interpretación, fue excluida de los derechos fundamentales, debiendo ser restablecida como derecho fundamental por proporcionar certeza, proscribir la incertidumbre y la arbitrariedad de los administradores de justicia, como expresa la ; por tanto, el criterio de su reincorporación como derecho fundamental no contradice ni está alejado de las interpretaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyos fallos en base a la aplicación del estándar más alto --, concedieron la tutela en base al entendimiento más favorable al accionante.
El art. 14.III de la CPE, entre otros, ahora denunciado como vulnerado, se encuentra estrechamente vinculado a la igualdad de oportunidades; pues implica que, tanto las personas naturales como las jurídicas gocen de todos los derechos reconocidos por la Norma Suprema y las que hacen al bloque de constitucionalidad sin distinción alguna; con relación al art. 46.II de la referida Ley Fundamental, su protección fue y es ampliamente desarrollada en la jurisprudencia del aludido Tribunal; por lo que, no considera hacer referencia sobre su importancia; sin embargo, el preciado artículo en su parágrafo II, pone de lado el clásico derecho individual bajo dependencia y subordinación; pues, reconoce otras formas de trabajo siendo una de ellas la prestación del trabajo en forma colectiva a cambio de un salario mensual u otras formas de pago.
En ese contexto, el Estado Plurinacional de Bolivia en base al art. 21.4 de la CPE -libertad de reunión y asociación-, permite la modalidad de trabajo de personas agrupadas en asociaciones, sindicatos y cooperativas para prestar diferentes servicios a la población, entendiéndose su licitud.
El art. 51.I de la Norma Suprema, prevé que los sindicatos, asociaciones y cooperativas no solo estén conformados por trabajadores que gozan de salario mensual sino también de aquellos que prestan un servicio al Estado, cuando este no puede a través de sus entidades prestarlo por sí solo; de tal manera que, dicha conformación no está reatada a la relación de dependencia y subordinación a cambio de un salario; sindicalización y cooperativismo que es reconocido incluso por el art. 26 de la Ley Departamental de Transporte Terrestre, que acepta a los trabajadores del transporte como operadores haciendo una clasificación, dentro de la cual, se encuentran las cooperativas, asociaciones y sindicatos.
Con relación al art. 76.I de la Ley Fundamental, garantiza el derecho de acceso a un servicio de transporte de diversas modalidades, imponiendo el legislador que el mismo sea eficiente y eficaz, reconociendo además que no solo los usuarios se beneficien de este, sino también los proveedores del servicio; el mandato constitucional, en el marco del valor justicia e igualdad, impone al legislador que si bien debe velar por un servicio de transporte que beneficie a los usuarios, no puede hacerlo en detrimento de quien lo provee porque estaría quebrantando el goce armonioso y equitativo en el ejercicio de los derechos fundamentales, esto también debe comprender que los trabajadores del transporte deben ser tratados igual al momento de contratar servicios ().
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