0048/2023-RCA

Solicitan que se conceda la tutela y en consecuencia:

1. a)Se revoque el 0AS 1108/2019; y,
2. b)Se emita otro Auto Supremo declarando la improcedencia del recurso de casación planteado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz "...con la debida fundamentación de la reparación al daño, la aplicación objetiva de la ley y la debida motivación y fundamentación en cuanto a la procedencia de la reparación del daño a partir de una aplicación objetiva de la ley" (sic).

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 077/2020 de 19 de noviembre, cursante de fs. 65 a 66 vta., declaró la improcedencia de la presente acción tutelar, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)El acto que presuntamente vulnera los derechos de la parte accionante, es el 0AS 1108/2019, que fue notificado a la parte impetrante de tutela el 21 de noviembre de 2019; en ese sentido, de acuerdo a los arts. 129.II de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el plazo para su presentación fenecía el 21 de mayo del citado año, teniéndose en consecuencia que, a la fecha de activación de esta acción tutelar -17 de noviembre de 2020-, transcurrió superabundantemente el plazo de inmediatez previsto en los mencionados preceptos constitucionales;
2. 2)Por DS 4199 de 21 de marzo de 2020, se declaró cuarentena rígida y total en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, y el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Circular "04/2020", determinó la suspensión de actividades judiciales desde el 23 de marzo de igual año, medida que se prolongó hasta el 31 de mayo de igual año; asimismo, dicho Tribunal conjuntamente al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinaron la atención de Salas Constitucionales por turno; por lo que, la parte impetrante de tutela, no puede alegar ausencia de funcionamiento de la jurisdicción constitucional;
3. 3)Esta Sala Constitucional, efectuando la maximización del principio de favorabilidad respecto a la suspensión de plazos, considera lo siguiente: Si desde el 23 de marzo de 2020, se suspendieron las actividades públicas como privadas es lógico concluir que por una causa de fuerza mayor como es la propagación del Coronavirus (COVID-19) exista una imposibilidad material de concurrir a estrados judiciales y presentar la acción de amparo constitucional; sin embargo, dicha restricción concluyó el 31 de mayo de igual año. Conforme se tiene de la Circular "022/2020", el mencionado Tribunal Departamental de Justicia, estableció reanudar las actividades de manera paulatina y escalonada desde el 8 de junio de igual año. En el caso concreto, habiéndose notificado a la parte accionante con el 0AS 1108/2019, el 21 de noviembre de ese año, hasta el 22 de marzo del señalado año transcurrieron cuatro meses y un día; y, como emergencia del DS 4199 y la Circular "04/2020" emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, se tiene la suspensión de plazos desde el 23 de marzo de 2020 y conforme a la Circular 022/2020, la referida suspensión tiene su efecto solo hasta el 7 de junio de ese año, ya que desde el 8 del citado mes y año, se reanudaron las actividades; restándole a los impetrantes de tutela un mes y veintinueve días para activar su demanda, los cuales se computan precisamente desde esta última fecha;
4. 4)Por lo referido, el plazo para activar esta acción de amparo constitucional, fenecía el 7 de agosto de 2020; ello, efectuando una amplitud en cuanto al principio de caducidad sobre la base de la emergencia sanitaria que fue declarada por el gobierno central; sin embargo, al haber sido interpuesta el 17 de noviembre del mismo año, caducó su plazo por inacción de los solicitantes de tutela, debiendo considerar estos, que las Salas Constitucionales, por mandato de la "Ley 1104", no se encuentran supeditadas a las instructivas emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional sino a las que emite el Tribunal Supremo de Justicia, aspecto corroborado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, al sostener en sus diferentes instructivos, que los mismos, no alcanzan a la organización administrativa de las Salas Constitucionales;
5. 5)Conforme al entendimiento del 0AC 0235/2014-RCA de 15 de noviembre, el cómputo de plazo para la formulación de esta acción tutelar no se interrumpe por la vacación judicial anual, pues con el fin de garantizar la continuidad del servicio de la administración de justicia, se establece el funcionamiento de juzgados y salas de turno necesarios durante este periodo, no siendo correcto el criterio que postulan los impetrantes de tutela respecto a la suspensión de plazos por ese concepto; y,
6. 6)Analizada la situación de los accionantes, quienes alegan ser personas de la tercera edad, se les recuerda que, el hecho de estar adscritos a un grupo en situación de vulnerabilidad, no implica romper de forma indefinida el cumplimiento del plazo de inmediatez que uniforma a esta acción de defensa.

Manifiestan que:

1. i)Siendo personas de la tercera edad, como emergencia de la pandemia, sus actividades fueron limitadas priorizando su salud y en consecuencia su vida, argumento que no fue valorado por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, que solo tomó en cuenta que su apersonamiento debió ser dentro de los plazos legales, razonamiento rígido y formalista sin considerar la óptica "pro persona"; asimismo, omitieron valorar las pruebas presentadas como el Certificado de Defunción del socio Jesús Marcelino Nájera Revilla a causa del COVID-19, las cédulas de identidad, demostrando que son personas de la tercera edad, que priorizaron sus vidas por encima de cualquier interés; asimismo, los certificados médicos, que demuestran el vía crucis que pasaron para evitar un contagio, habiendo recaído su salud por las enfermedades de base que padecen, estando obligados a ser tratados en sus domicilios al no haber sido aceptados en los centros hospitalarios para evitar el mencionado contagio;
2. ii)No se compulsó la confesión espontánea de Vicente Serrano Frías, quien estuvo postrado en cama por varias semanas sin saber si su enfermedad era de base o por contagio del COVID-19. Más allá de las medidas de distanciamiento social asumidas por el aludido Tribunal, estos pretenden medirlos con la misma vara que al resto de la sociedad, sin observar que la tecnología actual representa para sus personas un tema generacional, y directamente no usan ese tipo de celulares; puesto que, a partir de las medidas de teletrabajo "los magistrados" (sic) pretenden justificar e ignorar su realidad;
3. iii)El art. 27.III del CPCo señala la improcedencia de la presente acción de defensa cuando sea presentada de manera extemporánea en los casos que así corresponda; es decir, que puede haber excepciones. Con relación a los efectos de la pandemia que causó un estado de excepción también se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) a través de la Resolución "01/2020" que señala: "Estados de excepción, libertades fundamentales y Estado de Derecho... 'Los Estados deben Considerar con especial preocupación que mediante la restricción o limitaciones a los derechos se pueden generar impactos en el goce de otros derechos de manera desproporcionada en determinados grupos y que, por lo tanto, se hace necesaria la adopción de medidas positivas de protección adicionales para estos grupos...'" (sic);
4. iv)Con relación a los grupos de vulnerabilidad, dicha Resolución expresó que: "...Al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes..." (sic);
5. v)En la "PARTE RESOLUTIVA Plantea: (...) Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente pandemia" (sic); por tales motivos, apelan al principio favor debilis, en atención a los arts. 13.IV, 256 y 410 de la CPE, por no encontrarse en igualdad de condiciones y ser parte de los grupos de atención prioritaria como son los adultos mayores -entre otros-, que merecen un trato diferente que permita nivelar y atender sus condiciones entendiendo sus situaciones específicas y particulares que por su grado de vulnerabilidad manifiesta, merecen una protección diferenciada, tal como lo establecen las 0Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1467/2013 de 16 de septiembre y 0292/2012 de 8 de junio.