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TCP

0048/2026-O

Tribunal Constitucional Plurinacional
23 de febrero de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Auto 0048/2026-O

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0048/2026-O Sucre, 23 de febrero de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 35578-2020-72-AAC Departamento: Chuquisaca

En la queja por sobrecumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ángel Tito Quispe Méndez en representación legal de Víctor René Pacheco Llerena contra María Teresa Garrón Yucra y Elva Terceros Cuellar, ambas Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por sobrecumplimiento

Por memorial presentado el 24 de septiembre de 2025, cursante de fs.1536 a 1546, Víctor René Pacheco Llerena, a través de su representante legal, formuló queja por incumplimiento de la , que concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 10/2020 de 16 de julio, instruyendo se emita un nuevo fallo agroambiental.

En aparente cumplimiento de lo resuelto, se dictó la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 67/2021 de 3 de diciembre, que debido a la falta de observancia a la , fue objeto de una primera queja, dando origen al , que declaró "ha lugar", y dejó sin efecto la referida Sentencia Agroambiental.

Posteriormente, se dictó la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 0054/2023 de 27 de noviembre, con disidencia expresa de Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Magistrado, y la intervención de Elva Terceros Cuéllar, Magistrada, que declararon nuevamente improbada la demanda contencioso-administrativa reiterando prácticamente, los mismos fundamentos del anterior fallo agroambiental; motivo por el que interpuso un nuevo recurso de queja, resuelto por el , que instruyó que los Magistrados demandados, pronuncien un nuevo fallo, fundamentando de manera adecuada y en forma debida la razón por la que consideraron que se encontraba debidamente representado en el proceso de saneamiento predial y que no fue violentado su derecho a la defensa.

Los nuevos integrantes de la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental emitieron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 0007/2025 de 10 de abril, que aunque declararon probada la demanda, decidieron anular el procedimiento de saneamiento predial sustanciado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), hasta fs. 67; inclusive, solo respecto al predio "Casa Grande", cuando la demanda también fue planteada sobre el predio "Ojo de Agua'' que limita con el primero, lo cual nuevamente vulnera su derecho a la defensa; a la incongruencia interna y externa, convirtiéndolo en una decisión arbitraria contraria a lo determinado en la referida .

I.2. Petitorio

El activante de queja solicitó:

  1. a)Se declare ha lugar a la queja por incumplimiento de la ;
  2. b)Se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 007/2025; y,
  3. c)Se instruya de manera inmediata que, los actuales Magistrados integrantes de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, emitan un nuevo fallo, cumpliendo a cabalidad las observaciones efectuadas en la -54, y los demás Autos Constitucionales.
I.3.1. Respuesta a la queja

Víctor Hugo Claure Hinojoza y Rocío Vásquez Noza, Presidente y Magistrada de la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental, mediante memorial de 3 de octubre de 2025, cursante de fs. 1572 a 1577, señalaron lo siguiente:

  1. 1)De acuerdo a lo proferido en la y el , se ordenó emitir un nuevo pronunciamiento subsanando las omisiones de fundamentación y motivación, debiendo pronunciarse de manera motivada y congruente sobre cada uno de los puntos demandados; empero, no se ordenó una valoración en un sentido determinado, sino que se realice un análisis propio, razonado y fundado sobre dichas denuncias, ejerciendo un control de legalidad efectivo; en consecuencia, resulta infundada la interpretación del activante de queja;
  2. 2)En estricto cumplimiento de lo ordenado, se emitió la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 007/2025, declarando probada la demanda contencioso administrativa y anulando el proceso de saneamiento hasta fs. 67 inclusive; es decir, hasta la notificación con la carta de citación al beneficiario, decisión que se sustentó en una amplia y exhaustiva motivación, por la que se subsanó todas las deficiencias señaladas por el Tribunal Constitucional Plurinacional;
  3. 3)Sobre las denuncias de vicios procesales del saneamiento, se realizó un análisis propio y motivado de cada uno de los agravios, verificando no solo la legalidad formal de las notificaciones por edicto y radio, sino que dicho análisis fue mucho más profundo y bajo estricto control de legalidad, identificándose una vulneración fundamental al debido proceso, que no fue advertida con la misma precisión anteriormente, relacionado al incumplimiento del plazo mínimo de cinco días entre la citación al propietario -14 de septiembre de 2010- y el levantamiento de la Ficha Catastral -16 de septiembre de 2010-, que era una garantía esencial para demostrar el cumplimiento de la Función Económica Social (FES) y, su inobservancia constituye una de las causales determinantes para anular los actuados del INRA;
  4. 4)El , fue categórico al señalar que la sentencia previa no fue clara porque alude a las actuaciones que comprometen solo a uno de los beneficiarios y no así al impetrante de tutela, dado que, no se hace referencia a la forma en que la instancia jurisdiccional concluyó como se encuentra representado, tampoco expuso la base legal y/o por qué corresponde la aplicabilidad del principio de servicio a la sociedad respecto a este; aspectos subsanados en la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 007/2025, pues realizaron un análisis exhaustivo y detallado que ocupó más de dos páginas de fundamentación, concluyendo respecto a la Carta de Designación que: "...se tiene que establecer en primera instancia que, la Carta de Designación de Representante legal, se encuentra firmada por Hernán Roca Mejía, no siendo el mismo nombre registrado en la Carta de Citación, dado que ahí se consigna a Hernán Roca Rivero, evidenciándose diferencia en el apellido materno; identificando también en la mencionada carta que la cédula de identidad señalada a fs. 81 de la carpeta predial, la indicada numeración y firma de la cédula difiere de la consignada a fs. 78 de los mismos antecedentes; por lo tanto, dichas observaciones tienen que ser superadas por el ente administrativo, las cuales pueden acarrear en el futuro una nulidad en el proceso de saneamiento..." (sic);
  5. 5)En cuanto al Testimonio de poder, sostuvieron que: ".. se tiene que establecer en primera instancia que dicho instrumento notarial es general y no específico para dicha tarea, pese a que existía una manifiesta voluntad del poderdante, el mismo no proporcionaba al apoderado en forma completa las labores que tenía que realizar con la finalidad de regularizar el derecho propietario sobre el predio "Casa Grande", en un proceso de saneamiento como tal (...) las tareas o atribuciones no se podrían aumentar o modificar y solo podrían realizarse los mismos actos encomendados (...) no encontrándose en efecto, representado dentro del trámite encomendado; en consecuencia, para este Tribunal Agroambiental, dicho instrumento legal, el cual fue valorado por el ente administrativo en forma previa, resulta ser insuficiente a efectos de la actuación del apoderado en el proceso de saneamiento" (sic); concluyendo que "...cuando Hernán Roca, mediante carta designa a un representante legal, tal como cursa a fs. 81 de los antecedentes, no contaba con la facultad de nombrar a Ernesto Ardaya Sevilla, porque en primera instancia, como se estableció líneas arriba no tenía atribuciones específicas para presentarse en representación de Víctor René Pacheco Llerena en el proceso de saneamiento del predio 'Casa Grande'; y en segunda instancia, Hernán Roca Rivero no podía designar mediante carta la representación legal a Ernesto Ardaya Sevilla; por consiguiente, el mencionado no se encontraba acreditado para representar a Hernán Roca Rivero y menos representar legalmente al propietario del predio 'Casa Grande', el señor Víctor René Pacheco Llerena..." (sic); en mérito a ello, se concluyó fundadamente que, el testimonio de poder otorgado a Hernán Roca Rivero no era específico para trámites de saneamiento y que por ello, no podía legalmente designar a Ernesto Ardaya Sevilla como representante mediante una simple carta, pues carecía de facultades para ello; determinándose que este último, actuó sin representación legal válida, viciando de nulidad su participación, razonamiento que demuestra un cumplimiento cabal de la orden constitucional de analizar y motivar este punto;
  6. 6)Respecto a la verificación de la FES y uso de imágenes satelitales, el , observó que no se expuso argumento que sustente que el relevamiento de información en campo podía ser ejecutado en un solo día y si las fotografías objetadas demuestran la realidad de la totalidad del predio; la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 007/2025, subsanó dicha observación exponiendo que se puede determinar que, las fotografías cursantes en la carpeta predial, no reflejan si en todo el predio existía o no, actividad productiva como tal, debiendo recurrir a las imágenes "LANDSAT" como medio alternativo o complementario a las Pericias de Campo, las cuales no pueden ser consideradas como pruebas reales y efectivas como una inspección de campo; en ese sentido, deben basarse en hechos reales que puedan ser evidenciados claramente; es decir, un buen trabajo de campo realizado en el predio objeto de la litis, para comprobarse si efectivamente existen mejoras y si se evidenciaría alguna actividad; aspectos que en el caso de autos, generan una duda razonable respecto a la consideración correcta del cumplimiento o no de la Función Social o Función Económico Social, concluyendo: "...el INRA no pudo haber realizado la verificación in situ de 3515.6000 ha en menos de veinticuatro horas, adjuntando al efecto, dos fotografías las cuales no especifican sus coordenadas respectivas, dando como resultado el incumplimiento de la FES del predio Casa Grande, determinando que es humanamente imposible el Relevamiento en Campo en un solo día de la superficie mencionada, generando duda sobre la realidad de la actividad en la totalidad del predio; en consecuencia se considera razonable el reclamo de la parte actora, en relación a que no se pudo verificar la FES de manera correcta, resultando un argumento válido" (sic);
  7. 7)Respecto a las imágenes LANDSAT, la , aplicó correctamente el art. 159 del Decreto Supremo (DS) 29215, estableciendo que las imágenes LANDSAT como medio alternativo o complementario a las pericias de campo, no pueden ser consideradas como pruebas reales y efectivas como una inspección de campo, ese análisis cumple el mandato constitucional de fundamentar si la verificación de campo fue realizada conforme a la normativa agraria; puesto que se calificó como humanamente imposible, la verificación de 3515.6000 ha en menos de un día, generando una duda razonable sobre el trabajo de campo; habiéndose razonado que las dos fotografías aportada eran insuficientes y que las imágenes LANDSAT, solo son un medio complementario que no sustituye la verificación directa, conforme al art. 159 del DS 29215; conclusión que fue otro pilar para anular el proceso administrativo, demostrando un análisis motivado y de fondo;
  8. 8)Sobre la omisión de informes de sobreposiciones, socialización y valoración de pruebas nuevas, el , observó que no se desglosó ningún tipo de fundamento al respecto, omitiendo nuevamente observar el principio de congruencia; sin embargo, la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 0007/2025, subsanó, dicha deficiencia explicando y fundando las razones por las cuales no se acogieron los puntos alegados respecto al informe de sobreposiciones, explicando que el Informe de Diagnóstico Inicial fue el documento base correcto para el procedimiento, en cuanto a las pruebas adjuntas a la demanda -certificados de vacunación y otras-, se fundamentó que el proceso contencioso administrativo es de puro derecho, lo que impide valorar pruebas que no fueron presentadas y conocidas por la autoridad administrativa durante el saneamiento; siendo esa, una aplicación correcta del proceso y no una omisión; y,
  9. 9)Considerando lo expuesto, la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 007/2025, dio cabal y estricto cumplimiento a lo dispuesto por la y, el ; toda vez, que subsanó la omisión identificada mediante una valoración propia, razonada y motivada de cada uno de los agravios que generaron la concesión de tutela, siendo el resultado del fallo, declarar probada la demanda y anular el proceso de saneamiento, la prueba más contundente de acatamiento de dichas resoluciones constitucionales.
I.3.2. Resolución de la Sala Constitucional

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