Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0049/2019-RCA Sucre, 26 de febrero de 2019
Expediente 27529-2019-56-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 58/2019 de 31 de enero, cursante de fs. 131 a 133 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erika Lucia Lizarro Aliaga contra Ana María Villa Gomez Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales de 24 de enero de 2019 y de 30 de ese mes, cursantes de fs. 9 a 15 y de 122 a 130, respectivamente, la accionante manifiesta que, dentro del proceso penal que instauró en su contra Irene Montoya Mamani por presuntos delitos de acción pública, que datan de 2005, y por memorial de 13 de diciembre de 2013 se adhirió a una excepción de conclusión extraordinaria del proceso por prescripción que presentó un co-imputado, acreditando además que nunca fue declarada rebelde en dicho proceso. Sin embargo, la misma fue rechazada por el Juez de la causa mediante Resolución 007/2017 de 3 de enero, por lo que interpuso recurso de apelación incidental, en cuanto al punto sexto del recurso planteado, fundamentó que tienen plena fuerza probatoria para el cómputo de la prescripción, los documentos consistentes en la querella, imputación y acusación, en los que se evidencia que los presuntos hechos delictivos de Falsedad Ideológica y Abuso de Firma en Blanco, se cometieron presuntamente el 15 de mayo de 2005 y que al momento de la emisión de la Resolución 007/2017 se superó el plazo de prescripción, señalado por el art. 29.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), haciendo notar que el propio Juez reconoce que no existió declaratoria de rebeldía.
En la Resolución 133/2018 de 19 de junio, la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz indica que "(...) la recurrente ingresa en omisión de fundamentación, cuando era su obligación demostrar ante esta instancia que no concurrían las causales de interrupción o suspensión de la prescripción, no sólo limitarse a referir que el hecho sucedió en fecha 15 de mayo de 2005...", siendo ese el error que comete el Tribunal de apelación, puesto que si el propio Juez de la causa señaló que ella no fue declarada rebelde, no era necesario de su parte fundamentar la inexistencia de causales de suspensión o interrupción de la prescripción por no declaratoria de rebeldía, pues ese aspecto no ingresó en contradicción. Consiguientemente, al dictar la Resolución 133/2018 el Tribunal de alzada incurrió en actos ilegales y a la vez omisivos, incongruentes, incoherentes y faltos de fundamentación. I.2. Derechos supuestamente vulnerados
La accionante estima vulnerados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, legalidad y aplicación objetiva de la ley, derecho de acceso a la justicia y al derecho a la igualdad, establecidos por los arts. 115 I y II, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.3. Petitorio
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