0049/2019

Por su parte el art. 18 del citado Reglamento, si bien define dos modalidades de transferencia:

1. a)La voluntaria; y,
2. b)La institucional, concerniente a satisfacer el beneficio de la institución para un mejor servicio, criterios muy parecidos a los catalogados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como aquellos que podrían favorecer una amplia discrecionalidad de las autoridades responsables, que no garantizan la independencia judicial; finalmente el art. 20 del observado Reglamento, despoja al juez de la posibilidad de controvertir la determinación, haciendo que el recurso, en esencia sea ilusorio y pierda efectividad.

En cuanto a los estándares internacionales, se puede concluir que tienen relevancia específica para someter a juicio de constitucionalidad los enunciados impugnados por:

1. 1)El principio de independencia judicial es un elemento esencial de la democracia participativa de un Estado constitucional de derechos,
2. 2)El derecho de acceso a la justicia genera obligación para el Estado de respetar y garantizar la independencia judicial a través de la abstención de realizar injerencias indebidas en la organización y funcionamiento del Órgano Judicial o a los jueces individualmente y garantizar la prevención de dichas injerencias a través de un marco normativo que asegure un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad de los jueces y las demás condiciones y garantías contra presiones externas;
3. 3)La garantía de inamovilidad y contra presiones externas debe traducirse en un adecuado régimen laboral del juez, en el que los traslados, remociones, ascensos y demás condiciones sean suficientemente controlados;
4. 4)El deber de garantía que el Estado debe asumir contra afectaciones de la independencia judicial, no sólo de fuera sino internamente; y,
5. 5)Las garantías para la independencia judicial son aplicables para toda clase de jueces, independientemente de su carácter provisorio o temporal.

En cuanto a estándares específicos sobre la independencia judicial en el ejercicio del cargo en el régimen de traslados de jueces, refiere que la Corte IDH ha establecido que el traslado de las y los operadores de justicia puede tener un fin legítimo y ser necesario para la reestructuración y administración eficiente del poder judicial; sin embargo, cuando está basado en motivos de carácter discrecional el acto de separación del operador de justicia de los casos que venía conociendo o de su lugar de trabajo puede ser una represalia a sus decisiones, sirviendo la amenaza de traslado también como un amedrentamiento para el desempeño independiente de sus labores, refiriéndose al informe temático de la Comisión IDH "Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia" del año 2013, apuntando la importancia de que los traslados de los jueces se realicen sobre la base de criterios públicos y objetivos; adoptados a través de un procedimiento previo y claramente establecido, en el cual se tengan en cuenta los intereses y necesidades del operador de justicia involucrado, y la oportunidad de escuchar y tomar en cuenta sus opiniones, aspiraciones y su situación familiar, así como la especialización y fortalezas adquiridas en el transcurso de su carrera, que las trasferencias y rotaciones deben decidirse con criterios objetivos, finalmente que debería existir una oportunidad para las y los operadores de justicia a impugnar las decisiones traslado o separación de los casos incluyendo el derecho de acceso a un tribunal, robusteciendo el argumento citando las opiniones de Gabriela Knaul de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, añade a su fundamento la referencia al art. 16 de la Estatuto Iberoamericano del Juez que bajo la denominación de "inamovilidad interna" indica: "La garantía de inamovilidad del juez se extiende a los traslados, promociones y ascensos, que exigen el libre consentimiento del interesado", se refiere también al Principio 2.18 de la Declaración Universal de la Independencia de la Justicia o Declaración de Montreal, que establece que no puede existir trasferencia sin el consentimiento del juez, y que este no puede ser movido irrazonablemente, también se alude a los estándares de la Asociación Internacional de Abogados y Jueces (IBA) que son más exigentes al requerir que sea una autoridad jurisdiccional la que detente el poder de transferir a un juez, sintetiza estos estándares sobre independencia judicial afirmando que la inamovilidad es parte de la garantía de independencia que se extiende también a los traslados de jueces o al cambio de sus condiciones de trabajo, que deben existir un conjunto de salvaguardas que garanticen que el traslado no afectará su independencia, ni se utilizará como mecanismo de represalia, amenaza, amedrentamiento o medio para evitar decisiones que puedan afectar a otros órganos de poder, identificando tales salvaguardas como:

1. i)Deben existir criterios públicos y objetivos;
2. ii)Procedimientos claramente establecidos para traslados, donde:
3. a)Se escuche y tome en cuenta las opiniones, aspiraciones y la situación familiar del operador de justicia involucrado, así como la especialización y fortalezas adquiridas en el transcurso de su carrera, debiendo,
4. b)Obtenerse su libre consentimiento, el cual no podrá ser negado de manera irrazonable; y,
5. iii)Se debe garantizar el derecho a impugnar la decisión de traslado, incluyendo el acceso a un tribunal judicial.

Solicitó que se declare la constitucionalidad de los arts. 16.I; 17.4; 19.I incs. a) y b); y, 20 del Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial aprobado por Sala Plena del Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo 041/2018, afirmando que no vulnera derechos y garantías constitucionales mucho menos es contrario al ordenamiento constitucional y al bloque de constitucionalidad, argumentando que:

1. 1)Para la movilidad funcionaria previamente deben cumplirse requisitos como establece el art. 8 del citado Reglamento, como ser informes de la Unidad de Control y Fiscalización, de Recursos Humanos, de Dotación y Administración de Personal y de la Unidad Jurídica del Distrito Judicial correspondiente, no siendo evidente que por presiones externas de otros Órganos del Estado se realicen traslados o remociones como presión a los jueces, afectando la independencia judicial o que por la condición de juez transitorio no se respete la independencia judicial;
2. 2)El art. 120.I de la CPE, sostiene que la movilidad funcionaria es un acto administrativo sustentado en el art. 19 de la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 212 de 23 de diciembre de 2011- y el art. 215.III de la LOJ, de donde se desprende que toda determinación de movilidad en el Órgano Judicial es determinada por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, citando al art. 182.3 de la LOJ modificada por el art. 2 de la Ley de Modificación a las Leyes del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Régimen Electoral -Ley 929 de 27 de abril de 2017-, de donde se desprende que toda determinación de movilidad funcionaria es determinada por la referida Sala Plena; por otra parte la SCP 0782/2015-S3 de 22 de julio, sobre determinaciones de movilidad funcionaria estableció que tales decisiones no son de orden procesal ordinario ni disciplinario sino estrictamente administrativo, por lo que no es aplicable la obligación de escuchar previamente al afectado;
3. 3)Respecto al art. 178 de la CPE, alega que los preceptos impugnados no son contrarios a la independencia judicial, por el contrario tratan que el impartir justicia en todo el Estado se cumpla en el marco de los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, tampoco vulnera la carrera judicial prevista en los arts. 215, 216, 217 y ss. de la LOJ y el Reglamento de la Carrera Judicial aprobado por Acuerdo 023/2018, no restringe ni quita recursos económicos al juez, personal de apoyo judicial sujetos a la movilidad funcionaria ni al Órgano Judicial; y,
4. 4)Con relación al art. 410.II de la CPE, el Reglamento impugnado no vulnera la jerarquía normativa constitucional y legal puesto que se sustenta en las Leyes "211" y la Ley del Órgano Judicial, en referencia a la necesidad institucional de la existencia de un reglamento de movilidad funcionaria de transferencia, permutas y rotaciones para personal jurisdiccional y de apoyo judicial, con la finalidad de una impartición de justicia pronta y oportuna del usuario del sistema de justicia.

Por memorial presentado el 9 de julio de 2019, cursante de fs. 120 a 136 vta., Carmen Susana Saavedra Badani, Representante legal; Mónica Bayá Camargo, Secretaria Técnica Comunidad de Derechos Humanos; y, Katya Salazar, Directora Ejecutiva Fundación para el Debido Proceso, de la Fundación Construir, como parte de la Plataforma de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, se apersonaron como amicus curiae, a efecto de que se consideren argumentos basados principalmente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre la obligación del Estado de garantizar la independencia judicial en sus dos dimensiones, la primera implica la institucional, que refiere a la relación que guarda la entidad de justicia dentro del sistema del Estado respecto de otras esferas de poder e institucionales estatales; la segunda conlleva la independencia de las y los jueces de manera individual, no siendo suficiente que el Órgano Judicial sea independiente de los demás Órganos del Estado, sino que también el juez en lo individual lo sea al ejercer su labor jurisdiccional. Al respecto los instrumentos internacionales de derechos humanos desarrollan la independencia judicial, no solamente como un principio de la administración de justicia, sino como un derecho humano, expresando que:

1. i)Al ser juzgado por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, que es conocida como la garantía del juez natural, en ese marco la normativa internacional a momento de analizar la independencia judicial conforme a los arts. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 14.1 del PIDCP, que consagran al juez natural como una garantía mínima para cualquier proceso legal, así en el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente adoptó los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, los cuales ratifican el anhelo de todos los pueblos del mundo de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción alguna, fijando estándares importantes en cuanto a la obligación que tienen los tribunales de Iberoamérica y el mundo a la hora de garantizar la independencia judicial, estando entre los más relevantes el Estatuto Universal del Juez, en el que sostiene que resulta indispensable para el ejercicio de una justicia imparcial en el respeto de la ley, que es indivisible, estableciendo además que se encuentra garantizada por una ley específica que la asegure de forma real y efectiva con respecto a los demás poderes del Estado, no estando sometido más que a la ley;
2. ii)Los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, abordaron la independencia y la imparcialidad de manera extensa en cuanto a la estabilidad laboral de los jueces;
3. iii)El denominado Estatuto del Juez Iberoamericano, definió que el poder judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como un privilegio de los jueces sino como un derecho de los ciudadanos y la garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de derecho, con la finalidad de asegurar a las sociedades una justicia accesible, eficiente y previsible;
4. iv)Los principios internacionales sobre la independencia y responsabilidad de jueces, abogados y fiscales, elaborados por la Comisión Internacional de Juristas el año 2005, contiene una guía para profesionales que brinda una explicación práctica de la aplicación de los principios internacionales sobre la independencia y responsabilidad de éstos; y,
5. v)En el ámbito interno del Estado, la independencia judicial fue desarrollada en la Ley Fundamental como una garantía para concretar la separación de poderes, de igual forma las disposiciones infra constitucionales como la Ley del Órgano Judicial, desarrollan expresamente lo que es la independencia judicial. Por ello consideran que la independencia judicial fue reconocida de manera amplia tanto por los instrumentos internacionales de derechos humanos del Sistema Universal e Interamericano, así como las asociaciones de jueces y magistrados del mundo, siendo pacífica la noción entre las dos dimensiones, la cual debe ser garantizada por los Estados, pues no es suficiente que el Órgano judicial sea independiente de los otros, sino que es preciso también que cada juez en lo individual lo sea al momento de ejercer su labor jurisdiccional; para garantizar la nombrada independencia se han establecido una serie de estándares como la independencia administrativa, financiera, garantía contra presiones externas, toma de decisiones entre otras; sin embargo, la independencia del Poder Judicial como ha insistido la Comisión Iberoamericana pasa por la separación de los otros poderes, la cual no solamente debe estar reconocida sino que debe manifestarse en la práctica. Si bien el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no establece de manera expresa la forma en que se deben nombrar a las autoridades jurisdiccionales, sí exige a los Estados que sea bajo estrictos criterios de selección y de un modo transparente y meritocrático, garantizando la carrera judicial, enfatizando el Comité de Derechos Humanos que para salvaguardar la independencia de los jueces la ley deberá garantizar la condición jurídica de los mismos, incluida su permanencia en el cargo por los períodos establecidos, su independencia, seguridad, remuneración, condiciones de servicios, pensiones y una edad de jubilación adecuada, en ese mismo sentido se ha expresado la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el particular y la Corte IDH, realizando puntualizaciones en lo que respecta al período de duración definida y suficiente, ascensos, separación del cargo y régimen disciplinario; en ese antecedente señalan que el Estado tiene el deber de establecer las salvaguardas necesarias para que los jueces puedan resolver cada causa de manera independiente y a su vez respetar la independencia del Órgano Judicial. Por último manifiestan que en cuanto al Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial, atenta gravemente la independencia judicial tanto en su dimensión institucional como en la individual, pues las condiciones básicas para que los jueces mantengan su independencia es la seguridad de la permanencia en el cargo durante un período determinado, siendo que los estándares internacionales de manera uniforme establecen que una forma adecuada de garantizar la independencia judicial es mediante el establecimiento de un sistema claro de ascensos, traslados y movilidad que esté basado en criterios objetivos. I.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Mediante decreto constitucional de 15 de julio de 2019 (fs. 139), se dispuso la suspensión de plazo a efecto de recabar información complementaria, misma que no fue remitida. En mérito a ello y conforme los arts. 3.3 y 4 del CPCo se solicitó reanudación de plazo, a partir de la notificación con el proveído de 10 de septiembre de 2019 (fs. 145), por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia dentro del mismo.

1. b)Institucional (transferencia institucional), referida a satisfacer el beneficio de la institución para un mejor servicio".

1. a)Solicitud formal del servidor judicial o decisión institucional".