0049/2020-S1

En uso del derecho a la réplica manifestó que:

1. a)El Juez a quo dictó Auto inicial el 17 de noviembre de 2011 y el Oficial de Diligencias el 16 de diciembre de igual año informó que la empresa demandada no pudo ser notificada, por lo que el Juez de la causa en la misma fecha dispuso se ponga a conocimiento de la parte demandante, por esa razón la AFP Futuro de Bolivia S.A. se apersonó el 31 de octubre de 2012; es decir, a casi nueve meses desde el último actuado y en virtud a ello es que la Empresa Agrícola Rio Victoria S.R.L., pidió que se declare la perención de instancia, consecuentemente, no es el informe de la gestión 2013, si no el de 16 de noviembre de 2011 por el que, el Juez de la causa declaró la perención de instancia;
2. b)Los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, bajo una interpretación forzada, no tomaron en cuenta el cómputo, y para demostrar ello se invocó al Auto Supremo "62/2011", el cual en una interpretación ordinaria sobre la perención de instancia señalo que, cuando el impulso corresponda a las partes y estas no activan el proceso durante seis meses, su inercia es castigada con la declaratoria de perención; con esa interpretación y tomando en cuenta el computó de plazos, cuando el Juez a quo dictó su resolución, al informe del Oficial de Diligencias de diciembre de 2012, habían transcurrido más de seis meses hasta que la AFP Futuro de Bolivia S.A., recién presentó su memorial, fue por esa razón que el referido Juez simplemente aplicó lo que dice la norma;
3. c)Lo que se denuncia es la vulneración al debido proceso vinculado al principio de la seguridad jurídica, puesto que al haberse declarado la perención de instancia ya se había resuelto y archivado un proceso antiguo en el cual no se habían discutido derechos; empero, el Tribunal de alzada hizo una interpretación diferente de lo que ahora se denomina inactividad procesal y se lesiona la seguridad jurídica porque es deber de las autoridades judiciales y las partes que adecuen sus actuaciones a los plazos establecidos, más aun en un proceso civil donde se aplica la formalidad procesal; y,
4. d)Este proceso nació porque la entidad demandante cree que el pago documentado que realizó la empresa Agrícola Rio Victoria S.R.L., que además fue probado en anteriores tribunales, en un proceso ya extinto, pretenden reactivar a pesar de haberlo abandonado, más aun cuando ya fue archivado, incluso operando la caducidad del derecho para interponer la demanda ordinaria.

Darwin Vargas Vargas y Janeth Fernanda Quiroga Aparicio, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de informe escrito, cursante de fs. 620 a 622 vta., manifestaron que:

1. 1)El Auto de Vista cuestionado fue emitido conforme a ley; en tal sentido, en el primer Considerando se hace una relación detallada e idónea de los antecedentes procesales citando fojas de los mismos; en el segundo Considerando se estableció toda la fundamentación jurídica en relación al cumplimiento de normas procesales, que son de orden público y deben ser acatadas y cuya interpretación no es discrecional, sino es de cumplimiento obligatorio; se resolvió el caso en función a los puntos que dictaminó el Juez inferior y que fueron objeto de apelación; asimismo, contiene el análisis y la cita expresa prevista en el art. 309.I y II del CPCabrog;
2. 2)El referido fallo, incluye elementos doctrinales relativos al sustento y fundamentación de la perención de instancia para luego ingresar a verificar los datos del proceso, advirtiéndose de ello, que a fs. 409 cursa el Informe de 31 de enero de 2013 realizado por el Oficial de Diligencias del citado Juzgado, entendiéndose a este como la última actuación al tratarse de un actuado para la activación del proceso, tiempo válido para realizar el cómputo del plazo que permita determinar si hubo o no perención de instancia;
3. 3)Es a partir del 31 de enero de 2013, hasta el memorial de 1 de febrero de igual año presentado por la parte demandada, solo transcurrieron 29 días; en consecuencia el Auto dictado por el Juez a quo, omitió realizar un cómputo conforme a derecho, ignorando los actuados antes descritos; lo cual motivó a que el Tribunal de alzada revoque el Auto 40 de 11 de abril de 2013, determinación que fue debidamente motivada en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia relativa a los requisitos que deben ser considerados para la procedencia de la perención, como son la instancia, inactividad procesal, transcurso del plazo y la necesidad de pronunciamiento expreso de perención; es decir que no opera ipso facto;
4. 4)El Auto de Vista 127/2018 se dictó en base a la Disposición Transitoria Cuarta del Código Procesal Civil, parágrafo I, que señala que los procesos presentados con anterioridad a la vigencia de esta norma actual, continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Civil abrogado, esto además, en correspondencia a la solicitud de la empresa Agrícola Rio Victoria S.R.L. -ahora accionante-, que el 1 de febrero de 2013 pidió se declare la perención de instancia al amparo de la norma ahora abrogada; sin embargo, actualmente pretende que se aplique el actual Código de Procesal Civil que norma sobre la perención; y,
5. 5)El cuestionado Auto de Vista, no vulneró el derecho al debido proceso de la empresa impetrante de tutela, ya que conforme a lo explicado precedentemente, el mismo fue emitido con la debida fundamentación, motivación y congruencia, y más bien existen imprecisiones constitucionales en la demanda de acción tutelar, pues la cita expresa de artículos del Código Procesal Constitucional es errada, lo cual afecta la claridad y precisión que debe tener una acción de defensa.

Carlos Henry Garrido Villarroel en representación legal de la AFP Futuro de Bolivia S.A., a través de informe cursante de fs. 633 a 646 vta., y en audiencia señaló:

1. i)La presente acción de amparo constitucional no debe ser admitida, puesto que el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece requisitos para que un apoderado pueda accionar; en el presente caso al tratarse de una sociedad regulada por el Código de Comercio, debe cumplir los requisitos legales establecidos en dicha normativa; es decir, estar registrado en la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA); empero, el Testimonio de Poder 4653/2017, además de no mencionar las facultades contempladas en el documento constitutivo que se le otorga al Gerente, el mismo no cumple con el registro de comercio, por lo que la parte peticionante de tutela no tiene la suficiente legitimación para plantearla;
2. ii)Una vez instaurada la demanda ordinaria para revisar lo equivocadamente resuelto en el proceso ejecutivo, se puede advertir la mala fe de la empresa accionante que se ocultó maliciosamente para no ser notificado con dicha demanda, por lo que no pudo cumplirse con la etapa procesal; sin embargo, curiosamente, conforme cursa en memoriales, un extraño al proceso, Freddy Peña Zabala sin acreditar interés legal y de forma irregular solicitó fotocopias legalizadas y advirtió al Juez de primera instancia sobre la perención de instancia, dándose curso a las fotocopias sin verificar el interés o legitimidad, asimismo el 16 de octubre de 2012, este mismo extraño vuelve a solicitar informe sobre si se habría pagado la cuantía en el proceso ordinario, por lo que esta vez la autoridad judicial ordeno previamente se acredite el derecho que le facultaba, dichos actuados, que si bien no son causales, pero evidencian que la parte demandada si sabía de la existencia del proceso, limitándose a esperar en las sombras evadiendo las responsabilidades que emergen de su apersonamiento, faltando al principio de buena fe y lealtad procesal;
3. iii)Posterior al señalamiento del nuevo domicilio de la empresa demandada el 31 de octubre de 2012, el Oficial de Diligencias elevó informe el 31 de enero de 2013, actuado procesal que el Juez de la causa omitió valorar a momento de declarar la perención; por otro lado, el demandado el 1 de febrero de 2013, de manera misteriosa se apersona a través de un memorial, a horas 10:32, señalando que habría tomado conocimiento ese mismo día y solicitó se declare la perención de instancia, y a través de otro memorial también opone excepciones, asumiendo defensa dentro el proceso, tratando de sorprender al Juez a quo, quien por Auto 40 de 11 de abril de 2013, declaró la perención de instancia, sin observar el art. 309 del CPCabrog;
4. iv)Conforme al art. 7 de la norma adjetiva citada, aplicable en ese momento, la citación al demandado marca el inicio de la apertura de competencia del Juez, esto tiene relación con el art. 130.1 del mismo cuerpo legal, los cuales en coordinación con los arts. 131, 132, 332, 334 y 335 del referido Código y el Acuerdo de Sala de 24 de febrero de 1987 de la entonces Corte Suprema de Justicia, es convalidado en su totalidad por la parte demandada, al haber la misma opuesto excepciones y asumido defensa dentro del proceso; y,
5. v)A ese primer error cometido por el Juez de la causa, se suma el erróneo computo del plazo efectuado, considerando como última actuación y providencia el primer informe del Oficial de Diligencias y no así el informe del mismo funcionario de 31 de enero de 2013, motivo por el cual planteamos recurso de apelación, pidiendo se revoque el Auto de primera instancia, emitiéndose el Auto de Vista 127/2018 de 16 de agosto, que revoco la Resolución del Juez a quo y dispuso se prosiga la causa, determinación que la parte impetrante de tutela a través de esta acción de defensa pretende hacer incurrir en error a la Sala Constitucional.

La Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 36 de 30 de mayo de 2019, cursante de fs. 653 vta. a 655 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Se debe entender por última actuación, aquella que pone en movimiento al proceso, sin que necesariamente tenga que ser el demandante quien ponga en movimiento el proceso; sino que la citada Sala, coincide con el Tribunal de alzada ahora demandado, que el informe del Oficial de Diligencias realizado un mes antes de la solicitud de perención de instancia por la parte demandada, puso en movimiento el proceso, ocasionando que el Juez de la causa emita una providencia el 31 de enero de 2013, ordenando la citación por cedula al representante legal de empresa ahora peticionante de tutela, lo cual sin duda alguna se interpreta como un actuado procesal que pone en movimiento el proceso principal;
2. b)El Auto de Vista cuestionado, de manera acertada fundamentó el hecho, amparándose en el "Auto Supremo" que indica que "cuando se trate de una perención de instancia, esta puede ser tomada de oficio o a petición de parte" (sic) de ahí que se justifica porque el demandado o el abandono de la causa por la parte demandante por un tiempo superior a los seis meses, tiene el derecho y la posibilidad de solicitar la perención de instancia, y como se dijo, esta no opera de manera automática siendo deber de la parte demandada hacer seguimiento a la causa y ante la inactividad procesal de esta parte se debe solicitar oportunamente la perención, debe existir una resolución que la determine y en el caso hasta el momento de la solicitud de la perención no existía una resolución, por lo que el proceso continuaba en movimiento como fruto del informe del Oficial de Diligencias, que fue decretado ordenando la citación con la demanda, por lo cual a raíz de ello la parte demandada se apersona y además planteó perención de instancia; y,
3. c)La Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ha realizado, una adecuada valoración, por lo que se considera que no existió vulneración con relación a la motivación, tampoco respecto la interpretación, además de no haber señalado cual debió ser la interpretación a realizar por las autoridades demandadas; por lo que, al haber incumplido los presupuestos para que esta jurisdicción ingrese a revisar la actividad interpretativa de la jurisdicción ordinaria, corresponde denegar la tutela solicitada.