Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0049/2026-CA Sucre, 6 de febrero de 2026
Expediente: 81206-2026-163-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución AGIT-RAIC/001/2026 de 28 de enero, cursante de fs. 1 a 5, pronunciada por la Directora Ejecutiva General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), que resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Giovanna Pérez Chávez, demandando la inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, Disposición Transitoria Única parágrafos II y III del Decreto Supremo (DS) 4198 de 18 de marzo de 2020 y art. 2.I del DS 4245 de 28 de mayo de 2020, por ser presuntamente contrarios a los arts. 115.II y 132 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 22 de enero de 2026, cursante de fs. 14 a 17, La accionante manifiesta que, en el expediente 606/2025, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0014/2026 vulnera el derecho a la aplicación objetiva de la ley, al sostener que la Resolución Sancionatoria 761800343916 de 28 de diciembre de 2016, notificada el 23 de mayo de 2017, adquirió calidad de Título de Ejecución Tributaria el 13 de junio de 2017, aplicando los arts. 59.III y 60.III del Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003- modificados por la Ley 291, fijando un plazo de prescripción de cinco años que concluiría el 17 de junio de 2022.
Refuta dicha interpretación señalando que, conforme a los principios de Tempus Comissi Delicti e irretroactividad, corresponde aplicar la norma vigente al momento del hecho generador y no aquella vigente al inicio del cómputo de la prescripción; por lo que, para los periodos fiscales Impuesto al Valor Agregado (IVA) -2007 y 2010-, Impuesto a las Transacciones (IT) -2008 y 2010- e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) -2007 y 2009-, debían aplicarse los arts. 59.III y 60.III del CTB sin modificación; toda vez que, la Ley 291 no se encontraba vigente, cuya aplicación retroactiva vulnera el debido proceso.
Asimismo, cuestiona que en el apartado IV.1 de la citada Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0014/2026, la ARIT Santa Cruz amplíe el plazo de prescripción hasta el 26 de agosto de 2022, incorporando setenta días de suspensión por la cuarentena del Coronavirus, con base en la Disposición Transitoria Única parágrafos II y III del DS 4198 y el art. 2 del DS 4245, pese a que dicha causal no se encuentra prevista en el art. 62 del CTB, vulnerando los principios de jerarquía normativa y reserva de ley, señalados en los arts. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 6 del CTB.
En el expediente 0621/2025, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0016/2026 establece que la Resolución Sancionatoria 18-001312-15 de 31 de julio de 2015, notificada el 21 de agosto de igual año, adquirió calidad de Título de Ejecución Tributaria el 15 de septiembre de ese año, aplicando igualmente los arts. 59.III y 60.III del CTB, modificados por la Ley 291, concluyendo la prescripción el 15 de septiembre de 2020. La accionante refuta dicha aplicación retroactiva, señalando que para los periodos fiscales IVA de enero a diciembre de 2011, correspondía aplicar los artículos del CTB sin modificación, al no estar vigente la Ley 291.
Sostiene que estas actuaciones vulneran el derecho de acceso a la justicia, ya que la Autoridad de Impugnación Tributaria tiene el deber de interpretar y aplicar objetivamente la normativa constitucional y tributaria; la aplicación retroactiva de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 y la incorporación indebida de causales de suspensión de la prescripción, mediante los Decretos Supremos 4198 y 4245, impiden una justicia pronta y sin dilaciones, favoreciendo indebidamente a la Administración Tributaria.
Finalmente, señala que los servidores públicos de la ARIT Santa Cruz incurrieron en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, prevaricato y retardación de justicia, tipificados en los arts. 153, 173 y 177 del Código Penal (CP).
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