Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2026-O Sucre, 23 de febrero de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 60671-2024-122-AAC Departamento: Santa Cruz
En la queja por incumplimiento y cumplimiento distorsionado de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosemary Castro Angulo contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. CONTENIDO DE LA QUEJA
I.1. Hechos que motivan la queja
Por memoriales presentados el 22 y 23 de agosto de 2024, cursante de fs. 171 a 178 y 180 a 190 vta., Martha Mery Casas Soliz, tercera interesada, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosemary Castro Angulo contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, formuló queja alegando el incumplimiento y cumplimiento distorsionado de la , en que hubieren incurrido las autoridades demandadas, al emitir el nuevo .
En ese sentido, las autoridades demandadas, bajo el fundamento de no cumplir con el presupuesto señalado en el art. 143 del Código Procesal Civil (CPC), omitieron la valoración del acta de audiencia de inspección ocular de 7 de mayo de 2007, que celebró la Juez en el proceso ordinario, sobre cancelación de anotación preventiva contra el Registro de Derechos Reales (DD.RR), pues si bien la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional estableció las reglas de validez de dicho medio de prueba, en ningún momento determinó que dicha prueba no debía ser valorada o considerada, o que deba ser excluida.
La relevancia de dicha prueba recae cuando en la misma, Nemecio Sonco Apaza manifestó que ocupaba el bien inmueble, junto a su esposa Adela Mayta de Sonco por cuenta de Martha Mery Casas Soliz, y considerando que de forma posterior los primeros nombrados suscribieron el documento privado de posesión de mejoras a favor de Rosmery Castro Angulo, el 13 de noviembre de 2007, sobre cuya base la accionante presuntamente empezó a generar su posesión, ese inicio de posesión se encontraba viciado, como acertadamente concluyó el , que fue anulado por la .
Los demandados le restaron eficacia probatoria al contrato de arrendamiento suscrito el 13 de abril de 2007 para acreditar su derecho propietario, bajo el argumento que dicho documento no fue otorgado por la demandante en su condición de propietaria, sino de cuidadora, conforme a la cláusula tercera del mismo; desconociendo con ello que la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional en ningún apartado efectuó pronunciamiento alguno sobre la presunta ineficacia de dicha prueba.
Bajo el argumento de que la prueba que fundamenta los motivos descritos en los incisos c), d) y g) se tiene como inexistente, omitieron la valoración de la documental, cursante en antecedentes del proceso de usucapión interpuesto por Nemecio Sonco Apaza y Adela Mayta de Sonco ante el "...Juzgado Segundo de Partido de la ciudad de Santa Cruz..." (sic), el cual, si bien fue anulado por Auto de Vista 48/2017 de 25 de septiembre -en cuyo mérito la Juez de la causa declaró por no presentada la demanda, por Auto de 4 de diciembre de 2017-, fue ofrecida por su persona como prueba a tiempo de ratificar y subsanar la demanda de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega de bien inmueble, el 3 de septiembre de 2020, para acreditar la interrupción de la ilegal posesión que la parte demandada alegaba ejercer sobre la propiedad; sin embargo no consideraron que la jamás estableció que dicha prueba, con evidente error de hecho en su valoración, no debía ser valorada.
Las autoridades ahora demandadas por esta queja, a tiempo de dictar el , incurrieron en un cumplimiento distorsionado de la , toda vez que este último fallo en ningún acápite o apartado del caso concreto estableció que el contrato de venta de posesión y mejoras, del 13 de noviembre de 2007, debía ser tomado en cuenta como un documento idóneo que surta todos los efectos que la legislación contractual le confiere a los contratos, al contrario, estableció con claridad que la ilegal posesión de la accionante de amparo debía ser computada desde el 13 de noviembre de 2017, fecha en que el título de Nemecio Sonco Apaza y Adela Mayta de Sonco sufrió una intervención, para transferirlo a la accionante, de manera que, sin que se hubiera establecido en la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional que, el documento de venta de posesión y mejoras de 13 de noviembre de 2007, fuese idóneo, le otorgaron pleno valor al mismo, al establecer que el punto de partida de la presunta posesión de la impetrante de tutela debía ser computado desde esta última fecha, cuando para llegar a tal conclusión existía el deber inexcusable para las autoridades demandadas, de pronunciarse sobre los argumentos postulados en el recurso de casación, para demeritar el referido documento de 13 de noviembre de 2017.
I.1.1. Petitorio
Solicitó se emita resolución declarando ha lugar la queja por incumplimiento y cumplimiento distorsionado de la , disponiendo la nulidad del , ordenando a los denunciados el cumplimiento efectivo de la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional.
I.2. Respuesta a la queja por incumplimiento
Por memorial presentado el 21 de marzo de 2025, cursante a fs. 210, Primo Martínez Fuentes y Fanny Coaquira Rodríguez, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, informaron que al ser los nuevos Magistrados de la Sala Civil del indicado Tribunal, estos no tuvieron participación alguna del acto que se denuncia de incumplido por parte del impetrante de queja, por lo que no pueden realizar informe sobre el fondo de la queja formulada, expresando su predisposición de estar a los resultados a efectos de asumir la responsabilidad institucional que corresponda.
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