Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0049/2026-RCA Sucre, 10 de febrero de 2026
Expediente: 81248-2026-163-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 12/2026 de 12 de enero, cursante de fs. 272 a 273 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elsa Nancy Durán Reynoso contra Edgar Morales Mamani, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 9 de enero de 2026, cursante de fs. 267 a 271, la accionante manifiesta que, trabajaba en la Organización No Gubernamental (ONG) Aldeas Infantiles SOS, desempeñando el cargo de "Mamá S.O.S.", como madre sustituta; sin embargo, fue despedida de manera arbitraria e intempestiva mediante Memorándum 158/2024 de 16 de diciembre, bajo el argumento de la existencia de una imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, hecho que la entidad empleadora consideró como causal suficiente para su desvinculación laboral; ante este hecho, denunció su desvinculación injustificada y solicitó su reincorporación ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que emitió la Resolución de Restitución de Derechos Laborales -Caso MTEPS-DNC-REDLAB-460-2025 de 4 de abril-; no obstante, este fallo fue revocado mediante la Resolución Ministerial (RM) 767/25 de 14 de julio de 2025, rechazándose su solicitud de restitución de derechos laborales.
La Resolución Ministerial impugnada vulnera sus derechos fundamentales al considerar que la sola existencia de una imputación formal habilitaba su despido, sin identificar de manera concreta ninguna de las causales previstas en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Reglamento, incurriendo en falta de motivación y fundamentación; asimismo, la imputación formal no desvirtúa la presunción de inocencia; más aún, cuando fue sobreseída, mediante Resolución Conclusiva de Sobreseimiento de 28 de agosto de 2025, emitida por el Ministerio Público, evidenciándose la afectación a los principios de continuidad y estabilidad laboral; de igual manera, no se consideró su condición de madre sustituta ni el vínculo afectivo generado con los niños y adolescentes a su cargo, protegido por el derecho a la familia reconocido por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.).
Por lo expuesto, el despido dispuesto y ratificado mediante la RM 767/25 resulta injusto e ilegal, vulnerando sus derechos fundamentales; motivo por el cual, corresponde otorgar la tutela constitucional solicitada.
I.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, al debido proceso y los principios de legalidad y de presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 46, 109, 115 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.3. Petitorio
Solicita se admita y conceda la tutela y se deje sin efecto legal la RM 767/25 y se ordene a la autoridad demandada emita un nuevo acto administrativo, restableciendo sus derechos fundamentales, disponiendo su reincorporación laboral más el pago de salarios devengados y al pago de beneficios sociales a la fecha de su reincorporación.
I.4. Resolución de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, por Resolución 12/2026 de 12 de enero, cursante de fs. 272 a 273 vta., declaró la improcedencia de la acción tutelar, bajo el fundamento de que la jurisprudencia constitucional estableció que la acción de amparo resulta improcedente cuando no se agotaron los medios de defensa idóneos o cuando éstos fueron utilizados de manera incorrecta o inconclusa; en el presente caso, el acto presuntamente lesivo es la RM 767/25, que revocó la Resolución de Restitución de Derechos Laborales Caso: MTEPS-DNC-REDLAB-460-2025 de 4 de abril, rechazando la solicitud de restitución de derechos laborales interpuesta por la accionante; sin embargo, conforme al art. 15 de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-, dicha resolución puede ser impugnada en la vía judicial laboral, la cual constituye la vía idónea para la resolución de este tipo de controversias; por lo que, al no haberse agotado la vía ordinaria prevista por ley, se concluye que no se cumplió con el principio de subsidiariedad, resultando improcedente la admisión de la presente Acción de Amparo Constitucional.
Mostrando 15 de 72 parrafos.