Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0050/2019-S4 Sucre, 1 de abril de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 23937-2018-48-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 08 de 7 de mayo de 2018, cursante de fs. 539 a 545, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carmen Méndez Rivero de Segura contra Irma Villavicencio Suarez y Samuel Saucedo Iriarte, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 5 de marzo de 2018, cursante de fs. 63 a 77 vta.; y de subsanación, de 18 de abril del mismo año (fs. 109 a 110 vta.), la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso ordinario de "Nulidad de Escrituras, Cancelación de Partida en Derechos Reales, Usucapión Decenal y Declaratoria de Propiedad" (sic), seguido por Ana María Gutiérrez Arteaga contra su persona y su difunto esposo Jorge Antonio Segura Carrillo, entre otros demandados, presentó un incidente de nulidad de obrados por fraude procesal, que fue resuelto por el Juez de la causa a través del Auto de 18 de agosto de 2017, rechazando el mismo; Resolución contra la cual formuló recurso de apelación, el cual mereció el Auto de Vista 493-2017 de 1 de diciembre, por el cual, las autoridades ahora demandadas, confirmaron el fallo apelado.
El mencionado Auto de Vista, no consideró los fundamentos expuestos en el memorial de apelación, en relación a que:
- a)El fallo impugnado es ultra petita, al haber declarado la prescripción de oficio, por considerar la respuesta al incidente de nulidad, cuando el mismo fue presentado fuera del plazo previsto por ley; además, no precisó respecto a qué derecho o acción se aplicaba la prescripción;
- b)No correspondía aplicar la prescripción al caso, ya que la nulidad es imprescriptible, conforme se tiene señalado en el art. 552 del Código Civil (CC);
- c)No se otorgó poder a nadie para actuar en su representación en el antes referido proceso ordinario; por lo que, no corresponde afirmar que otras partes actuaron en su nombre, refiriéndose a su difunto esposo; y,
- d)La falta de apreciación y consideración de la prueba adjunta, que demostraba que tenía domicilio real conocido y número de teléfono para ser habida, que al no haber sido considerada, lo cual motivó su indefensión por desconocimiento del proceso que se tramitaba (guía telefónica).
Asimismo, tampoco se valoró las pruebas presentadas en apelación, los argumentos y jurisprudencia que fueron invocadas, sin tomar en cuenta que se formuló incidente de nulidad en el primer momento procesal luego de conocida la existencia del antes indicado proceso; puesto que no se consideró que el defensor de oficio que le asignaron fue inoperante, ya que renunció a la presentación de alegatos finales y no formuló recurso de apelación contra la Sentencia -12/2004 de 10 de febrero-.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La accionante consideró lesionados el debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, defensa y acceso a la justicia y el derecho a la propiedad privada, vinculados a los principios de finalidad del acto, trascendencia, convalidación, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia y verdad material, citando al efecto los arts. 115. II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y 8 incs. d) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se dejen sin efecto el Auto de Vista 493-17 de 1 de diciembre de 2017, pronunciado por las autoridades demandadas, ordenando se emita una nueva resolución por la que "se ordene a los juzgadores ANULEN OBRADOS hasta la admisión de la demanda (...) del expediente original..." (sic).
I.2. Audiencia y resolución del Tribunal de garantías
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