0050/2023-S1

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 0003/2020 de 29 de julio, cursante de fs. 124 a 127 vta., denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. a)El Vocal ahora demandado, a tiempo de emitir la Resolución de 19 de junio del 2020, efectúo un análisis integral del entendimiento normativo de la Ley 1173 modificado por la Ley 1226 respecto al art. 233 del CPP y la Disposición Transitoria Décimo Segunda, contrastando con el contenido de ambas normas legales y el estado procesal de la causa que se halla en fase de recursos, tomando en cuenta que el plazo de seis meses que habría dispuesto el Juez a quo respecto a la temporalidad de las medidas cautelares, no responden a esta última circunstancia, debido a que la acción penal se encuentra en fase de apelación de la Sentencia y por esa circunstancia lógicamente no existen actos investigativos que puedan realizarse, siendo que dicho plazo tendría que ver con la etapa preparatoria, que es donde se realizan los actos de investigación; por lo que, establecer un plazo limitado para revisar la situación jurídica del mismo, inclusive contravendría los derechos del mismo, que la revisión por medio de la cesación a la detención preventiva puede efectuarse en función a lo previsto por el art. 239.1 del citado Código, en cualquier momento del proceso; aspecto considerado por la autoridad demandada, que no fueron tomados en cuenta por el Juez a quo; por lo que, dicha autoridad declaró improcedente el recurso interpuesto por el imputado y procedente el planteado por la víctima, dejado sin efecto únicamente el plazo de seis meses que estableció el Tribunal a quo;
2. b)En criterio de la Sala, esta determinación no vulnera el debido proceso puesto que debe tomarse en cuenta que el espíritu de la Ley 1173 tiene que ver con precautelar el cumplimiento de los plazos procesales en diferentes etapas del proceso; por lo cual, se determina establecer un plazo para la fase investigativa y eventualmente de la etapa preparatoria, tomándose en cuenta el carácter instrumental de las medidas cautelares en esa fase del proceso, lo que hace lógico establecer un plazo fijo para reconsiderar la situación jurídica del imputado detenido preventivamente;
3. c)En el caso presente; por una parte, debe tomarse en cuenta que la detención preventiva del imputado responde a la aplicación de presupuestos procesales vigentes en el Código de Procedimiento Penal, antes de la promulgación y vigencia de la Ley 1173 como de la Ley 1226, siendo aplicable la misma a efecto de solicitar la cesación de su detención preventiva; y por otra parte, el estado del proceso no es de la etapa preparatoria sino el de los recursos procesales que habrían sido interpuestos contra la Sentencia condenatoria por el presunto delito de asesinato, impuesta, entre otros, al ahora accionante; y ello, por el carácter instrumental y temporal de las medidas cautelares personales no constituye una condena anticipada ante la posibilidad de revisibilidad en cualquier momento;
4. d)Si bien es cierto que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1173, establece la obligatoriedad de la autoridad judicial de efectuar la conminatoria al Ministerio Público y eventualmente a la víctima, respecto a considerar la situación jurídica de los detenidos preventivamente hasta esa fecha; sin embargo, dicha norma debe ser analizada de acuerdo al contexto de cada caso en específico y en función del análisis de la normativa contenida en la Ley 1173 y la Ley 1226 y la referida a la cesación a la detención preventiva, siendo evidente que el art. 233 del CPP modificado por la Ley 1173, ya fue modificado por la Ley 1226, cuyo párrafo penúltimo respecto al art. 233 del CPP, establece que en etapa de juicio y recursos para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 de dicho artículo, y además se mantiene la disposición legal relativa a la cesación de las medidas cautelares, conforme al art. 239 del citado Código; tampoco se ha modificado el art. 250 del adjetivo penal, aspectos que en su conjunto fueron analizados por la autoridad demandada en la emisión del Auto de Vista de 19 de junio del 2020, realizando un análisis integral no solo de la normativa legal precedentemente citada sino del carácter instrumental de las medidas cautelares aplicables al caso concreto; y,
5. e)No resulta evidente que el Auto de Vista impugnado resuelva mantener de manera indefinida la detención preventiva del imputado equiparando dicha decisión al cumplimiento de la condena anticipada y vulnerando el derecho a la libre locomoción y libertad del imputado Alfonso Maximiliano Paz Ardaya, por cuanto el mismo se encuentra detenido en función de una determinación que no ha sido modificada por no cumplir los presupuestos del art. 239 del CPP, no siendo el entendimiento de la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173, aplicar directamente la libertad del imputado, sin realizar un análisis integral normativo, fáctico y procesal en relación al caso concreto; por lo que, no se advierte la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de garantía de legalidad y libertad de locomoción.

II.2. A través de Auto de Vista 111/2020 de 19 de junio, Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado-, declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Alfonso Maximiliano Paz Ardaya; y procedente el recurso de apelación interpuesto por Manuel Cardozo Pérez; por consiguiente, revoca en parte el Auto Interlocutorio de 2 de marzo de 2020 y dispone dejar sin efecto el plazo de seis meses establecidos para la revisión de la situación jurídica procesal del imputado, aprobado en lo demás la precedente resolución judicial. Dicha decisión se fundamenta de la siguiente manera:

1. 1)respecto a la apelación de Alfonso Maximiliano Paz Ardaya: 1.i) La Ley 1226, en relación al plazo de duración de la detención preventiva, refiere que la misma puede ser ampliada a petición fundada del Ministerio Público y únicamente cuando responda a la complejidad del caso, que la ampliación también puede ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al Fiscal y no respondidos por este. El texto del art. 233 modificado por la ley 1226, guarda en parte concordancia con lo establecido por la Ley 1173 que no ingresó al tránsito jurídico. Interpretado de modo aislado, tal disposición podría suponer que la autoridad fiscal posee la facultad privativa de solicitar la ampliación de la detención preventiva, puesto que la víctima puede hacerlo en tanto haya propuesto anteriormente al Ministerio Público la realización de diligencias investigativas y que estas se hallen pendientes; 1.ii) Todo enunciado dispositivo debe ser interpretado de modo integral y no de modo aislado; razón por la cual, el entendimiento anterior debe ser concordado con la Disposición Transitoria Décimo Segunda y el propio art. 233 del CPP en cuanto a la persistencia de la detención preventiva en etapa de juicio y recursos, que establece que para la procedencia de la detención preventiva se debe acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2. Finalmente debe ser contrastado con el derecho que tiene la víctima de ser oída y que se halle resguardado preferentemente en razón a la primacía de la Constitución Política del Estado estatuida en el art. 410 de la Norma Suprema; 1.iii) Analizadas en conjunto las disposiciones constitucional y legales citadas, se concluye, al igual que lo hizo el Tribunal inferior, que la posibilidad de solicitar la prórroga de la detención preventiva más allá de la etapa preparatoria también corresponde a la víctima al no ser facultad privativa de la autoridad fiscal; por lo que, no resulta cierta la vulneración del principio de taxatividad como elemento del debido proceso; 1.iv) El proceso penal si bien es único se halla subdividido en etapas. Así en la etapa preparatoria, el titular de la persecución penal pública -con participación de los sujetos procesales- procede a la colección de los elementos que pueden sustentar una eventual acusación o en su caso un sobreseimiento. En el caso examinado, al término de dicha etapa, se presentó acusación que mereció el juicio respectivo, a cuya conclusión como asienten las partes, devino Sentencia condenatoria contra Alfonso Maximiliano Paz Ardaya; por lo que, en dicho proceso ya no existen actos investigativos por realizar; por ende, resultaría impropio prorrogar la detención preventiva en base a actos que por la misma etapa del procedimiento no es posible desarrolla;, razón por la cual, se concluye que es el mismo art. 233 del CPP, modificado por la Ley 1226, que establece de modo claro y sin posibilidad de duda que en etapa de juicio y recursos para que proceda la detención preventiva solo se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el núm. 2 de dicho artículo; por lo que, no puede exigirse en el marco de una interpretación racional del marco normativo, que la prórroga de la detención preventiva en fase de juicio y recursos, además de peligros procesales, se requiera de la necesidad de producción de actos investigativos, por ser impropio de la etapa procesal en la que se halla el proceso; por lo que, tampoco se halla vulnerado el derecho a la fundamentación que exige el art. 124 del CPP, puesto que, si bien en el Auto apelado no se consigna de modo integral los razonamientos que expone el Tribunal revisor, dichas falencias, por la imposibilidad de anulación del Auto apelado, son subsanadas por la fundamentación y motivación que se expresa, más aun si no se ha vulnerado el principio de taxatividad de la Disposición Transitoria Decimo Segunda de la Ley 1173; y al no existir duda en cuanto a la interpretación del art. 233 del CPP, tampoco se vulneró el principio de favorabilidad, ni el debido proceso en su elemento de aplicación estricta de la norma ni el de presunción de inocencia;
2. 2)Respecto a la apelación de la presunta víctima: 2.a) Afianzar una detención preventiva sobre la base de peligros procesales no resulta racional si no existiese necesidad de desarrollar actos investigativos tendientes a la averiguación de la verdad; por lo que, a la finalización de dicha etapa también fenece la permisibilidad, tanto del titular de la persecución penal pública como de las partes, para recabar elementos de prueba a fin de sustentar sus pretensiones; 2.b) Con el requerimiento conclusivo, como su nombre lo indica, concluye la fase investigativa; por lo que, resulta erróneo el criterio asumido por el inferior en grado al disponer que al cabo de seis meses procede la revisión de la situación jurídica procesal del imputado, puesto que la misma puede ser revisada de forma inmediata si el mismo hace uso de la facultad establecida en el art. 239.1 del CPP o cuando por la duración de la detención preventiva se presenta las causales previstas en el art. 239.4 del citado Código o en su caso la prevista en el numeral 3 de dicha norma legal: entonces la lógica que debe imperar a momento de revisar la situación jurídica procesal del imputado, en la etapa del juicio y recursos es diferente a la atingente a la etapa preparatoria; y, 2.c) Si bien las medidas cautelares tienen carácter temporal, los márgenes de temporalidad no pueden ser alterados por el juzgador. En definitiva, al fijar un plazo de seis meses, el Tribunal a quo no hizo una correcta interpretación del marco normativo vigente, puesto que la situación jurídica del imputado puede variar con anterioridad a dicho plazo o mantenerse más allá de él, en tanto y cuanto no se presenten los nuevos elementos de convicción requeridos por el art. 239.1 del CPP; por lo que, en este punto cabe acoger favorablemente la petición que hace la presunta víctima de dejar sin efecto el plazo de seis meses dispuesto por el inferior en grado (fs. 139 a 142 vta.).

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. i)La fundamentación y motivación de las resoluciones: Distinción en la construcción de la premisa normativa y premisa fáctica; y, su exigencia para justificar toda decisión;
2. ii)La cesación de la detención preventiva;
3. iii)Sobre la fijación del plazo de la detención preventiva y su solicitud de ampliación; y,
4. iv)Análisis del caso concreto.

Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero²- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que:

1. a)La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y,
2. b)La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, el porqué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando el porqué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre5, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre6, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. 5)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-7.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la 0SC 0863/2003-R de 25 de junio8, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio9, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre10, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la 0SC 0682/2004-R de 6 de mayo11, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aún se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que:

1. a)Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y,
2. b)Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.