Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0050/2026-CA Sucre, 6 de febrero de 2026
Expediente: 81207-2026-163-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución AGIT-RAIC/002/2026 de 28 de enero, cursante de fs. 1 a 5, pronunciada por la Directora Ejecutiva General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), por la que resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Giovanna Pérez Chávez demandando la inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Disposición Transitoria Única parágrafos II y III del Decreto Supremo (DS) 4198 de 18 de marzo de 2020 y art. 2.I del DS 4245 de 28 de mayo de igual año, sin citar norma constitucional alguna.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 22 de enero de 2026, cursante de fs. 14 a 17, Giovanna Pérez Chávez, presentó acción de inconstitucionalidad concreta dentro de los procesos tributarios registrados bajo los expedientes "606/2025" y "0621/2025", ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa Cruz. Asimismo, solicitó que, con carácter previo a la emisión de las resoluciones correspondientes al recurso jerárquico, se proceda al análisis de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 y Disposición Transitoria Única, parágrafos II y III del DS 4198 y art. 2.I del DS 4245, bajo el argumento de que dichas disposiciones podrían afectar los derechos relativos a la aplicación objetiva de la ley y al acceso a la justicia, como componentes esenciales del derecho al debido proceso, garantizados por la Norma Suprema y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Refiere que la Administración Tributaria, tiene la facultad de ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, dentro del plazo que establece el art. 59 del Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003-; al momento de realizar la ejecución de sanciones debe respetar el principio Tempus Comissi Delicti e irretroactividad, aplicando la Ley que estaba vigente en el momento del hecho generador; por otra parte, si el hecho generador objeto de ejecución de la sanción correspondiente a la gestión 2010, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria debe emitirse y notificarse dentro del plazo de dos años, computables a partir de que la resolución sancionatoria adquiera firmeza, en concordancia con los arts. 59.III y 60.III del citado Código en su texto original, sin modificaciones. De no cumplirse con indicado plazo, se habilitara al sujeto a oponer la prescripción de la facultad de ejecución; asimismo, respecto a la suspensión del término de la prescripción, se señaló que ningún hecho o acto jurídico que no esté expresamente previsto en el art. 62 del CTB puede producir tal efecto. Por otra parte, en relación con los periodos e impuestos de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, se sostiene que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), aplicó de manera arbitraria los arts. 59.III y 60.III del referido Código, pese a que durante dicho periodo aún se encontraba vigente la Ley 291, por lo que su interpretación y aplicación vulneran el derecho a la aplicación objetiva de la ley como componente del debido proceso.
Además, señaló que las Resoluciones del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0014/2026 y 0016/2026, ambas de 15 de enero, configurarían la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato y retardo de justicia; por lo que, solicitó: "...se declare la INCONSTITUCIONALIDAD de la disposición adicional quinta de la Ley Nº 291 y disposición transitoria única parágrafos II y III del Decreto Supremo Nº 4198 y art. 2 parágrafo I del Decreto Supremo Nº 4245" (sic), sin citar norma constitucional o convencional a la cual sea presuntamente contraria.
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