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TCP

0050/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
6 de febrero de 2026
Resumen del caso

Auto 0050/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0050/2026-RCA Sucre, 6 de febrero de 2026

Expediente: 81260-2026-163-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 01/2026 de 16 de enero, cursante de fs. 191 a 194, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Liz Juana Henry Alvarado contra Fanny Coaquira Rodríguez y Primo Martínez Fuentes, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memoriales presentados el 8 y 15 de enero de 2026, cursantes de fs. 96 a 131 y 185 a 189 vta., la accionante manifestó que, conjuntamente con otras personas, promovió un proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinario contra Dolores Maldonado Tordoya y otros, en el cual los Magistrados hoy accionados emitieron el , incurriendo en arbitrariedad y exceso de poder, a pesar de que el mismo fue emitido en cumplimiento de la , que concedido tutela solicitada por falta de motivación, para corregir una falta de motivación previa en un anterior .

El Auto Supremo impugnado debía circunscribirse a los tres puntos:

  1. a)La capacidad posesoria de menores de edad;
  2. b)La virtualidad interruptiva de procesos judiciales previos; y
  3. c)La valoración del registro en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.); sin embargo, ese fallo se apartó de los límites fijados por la , incurriendo en una nueva arbitrariedad al reinventar figuras jurídicas para favorecer a la parte contraria, desconociendo la fuerza vinculante de la jurisdicción constitucional y vulnerando su derecho a la propiedad y al debido proceso, introduciendo categorías doctrinales no solicitadas ni ordenadas, como la intervención del título y la confesión espontánea, actuando de forma ultra y extra petita; lo cual implica que, los Magistrados ahora accionados excedieron sus facultades al pronunciarse sobre aspectos que no les fueron encomendados, vulnerando el principio de congruencia procesal y el límite de su competencia impuesto por la tutela constitucional previa.

Además, los Magistrados hoy demandados no explicaron razonablemente por qué la posesión de más de diez años no consolido derechos, ni fundamentaron como los procesos alegados interrumpieron el plazo conforme prevé el art. 1503 del Código Civil (CC), existiendo motivación aparente y arbitraria al no justificar racionalmente decisiones clave sobre la posesión y la interrupción de plazos; así como, la deficiente valoración probatoria al ignorar el registro de propiedad. Lo manifestado constituye una nueva arbitrariedad, al desconocer la fuerza vinculante de la jurisdicción constitucional y vulnerar los derechos al debido proceso y a la propiedad; motivo por el cual, requiere la anulación del ; también, refiere haber adjuntado la documentación exigida, consistente en la Resolución de 30 de diciembre de 2025, mediante la cual se tuvo por no presentada la acción, así como la respectiva diligencia de notificación.

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