Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 24 de julio de 2019
SALA PLENA Magistrada Disidente: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Control previo de constitucionalidad de proyectos de estatutos o cartas orgánicas de entidades territoriales autónomas
Expediente: 24677-2018-50-CEA Departamento: Santa Cruz
En la solicitud de control previo de constitucionalidad del proyecto de la Carta Orgánica presentada por Boris Colombara Añez, Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco, provincia Velasco del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , respecto a la declaración de compatibilidad sujeta a entendimiento de los arts. 26.5 del proyecto de Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco, sobre pérdida de mandato por sentencia ejecutoriada; 29.I.1.inc. i) referido a la atribución del Concejo Municipal de autorizar viajes del Ejecutivo Municipal; 35.I.1 incs. k) y l) sobre solicitud de licencia por ausencia temporal y viajes por misión oficial y, numeral 2 inc. q) referidos a la atribución del Ejecutivo Municipal de ordenar la demolición de inmuebles; en razón a que, en control previo de constitucionalidad, no corresponde declarar la compatibilidad condicionada sujeta a interpretación. Asimismo, expresa su disidencia con la declaratoria de incompatibilidad de los arts. 44 referido a la carrera administrativa municipal; 120.9 de seguro agrícola municipal; y, 143 sobre la iniciativa legislativa ciudadana; toda vez que, a juicio de la suscrita Magistrada, correspondía su declaratoria de compatibilidad con la Norma Suprema.
Por lo que, expresa su Voto Disidente sobre los citados artículos, con los siguientes argumentos de orden jurídico constitucional.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
Para la fundamentación jurídica de las disidencias precedentemente identificadas, se abordarán las siguientes temáticas:
- a)Improcedencia de la declaratoria de compatibilidad condicionada a interpretación en control previo de constitucionalidad;
- b)La facultad regulatoria de los gobiernos autónomos municipales respecto a la carrera administrativa municipal;
- b.1)Sobre la legislación de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) municipales, respecto a su propia institucionalidad;
- b.2)Las ETA pueden regular sobre la institucionalización de su propio personal;
- b.3)Antecedentes normativos sobre la carrera administrativa municipal;
- b.4)Sobre la inaplicabilidad de la cláusula residual dispuesta por el art. 297.II de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto al servidor público;
- c)Los gobiernos autónomos municipales, pueden establecer en sus normas institucionales básicas, previsiones normativas a fin de promover el seguro agrícola municipal; y,
- d)Análisis y justificación de los artículos cuya disidencia se expresa.
II.1. Improcedencia de la declaratoria de compatibilidad condicionada a interpretación en control previo de constitucionalidad
En el marco de los arts. 196 de la CPE y 4.IV de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) -Ley 027 de 6 de julio de 2010-, se estipula que: "Cuando una norma jurídica acepte más de una interpretación, el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo el principio de conservación de la norma, adoptará la interpretación que concuerde con el texto constitucional".
En el mismo sentido, el art. 3 del Código Procesal Constitucional (CPCo) estableció los principios procesales de la justicia constitucional, disponiendo en el numeral 1, el principio de "conservación de la norma", con el siguiente tenor literal:
1. Conservación de la Norma. En los casos en que una ley admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional en todo momento optará por la interpretación que sea compatible con el texto constitucional.
De lo señalado, corresponde advertir que la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, a efectos de la aplicación del principio de "conservación de la norma", exige como presupuesto una "norma jurídica" que acepte más de una interpretación. El Código Procesal Constitucional de forma similar exige como presupuesto "una ley" que admita diferentes interpretaciones. En ambos casos, el presupuesto para la aplicación del mencionado principio, es la existencia de una norma vigente sometida a control normativo de constitucionalidad. En consecuencia, el presupuesto para condicionar la vigencia de una norma es precisamente en el marco del control de constitucionalidad posterior; es decir, no cuando se está frente a un proyecto de ley o norma institucional básica, que aún no nació a la vida jurídica, precisamente a ello obedece la posibilidad que el máximo contralor de constitucionalidad, sólo pueda expulsar del ordenamiento jurídico aquella norma que no encuentre una interpretación que la haga compatible.
Por otro lado, en el caso del control previo de constitucionalidad de los proyectos de estatutos y cartas orgánicas de las ETA, el Código Procesal Constitucional determina lo siguiente:
ARTÍCULO 116. (OBJETO). El control previo de constitucionalidad de Estatutos o Cartas Orgánicas tiene por objeto confrontar el contenido de dichos instrumentos normativos con la Constitución Política del Estado y garantizar la supremacía constitucional.
ARTÍCULO 117. (PROCEDENCIA). El control previo de constitucionalidad de los Proyectos de Estatutos o Cartas Orgánicas es obligatorio para las entidades territoriales, antes de su vigencia como norma institucional básica de cada Entidad Territorial.
De las previsiones normativas dispuestas por los arts. 116 y 117 del CPCo, es posible concluir que la naturaleza y el objeto del control previo de constitucionalidad de los proyectos de estatutos o cartas orgánicas, es confrontar el contenido de estos instrumentos normativos con la Constitución Política del Estado y garantizar la supremacía constitucional, requisito obligatorio para las ETA, antes de su vigencia como norma institucional básica de cada entidad territorial. Nótese bien, que el control constitucional es antes de la vigencia de la norma, precisamente de ello deviene el carácter de "control previo de constitucionalidad".
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