Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0051/2026-CA Sucre, 6 de febrero de 2026
Expediente: 62695-2024-126-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: Santa Cruz
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Dilfe Rentería Aratea y Sandy Mamani Choque, Asambleístas del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, demandando la inconstitucionalidad del art. 22.I y II y 31.IV de la Ley Departamental de Organización del Órgano Legislativo del referido Gobierno Autónomo Departamental -Ley Departamental 289 de 9 de febrero de 2023-, por ser presuntamente contrario a los arts. 14.I y II, 26, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Por memoriales presentados el 22 de marzo de 2024, y remitido a la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional el 26 del mismo mes y año, cursante de fs. 135 a 149 vta., la parte accionante manifestó que el art. 22.II de la Ley 289, va en contraposición a los derechos consagrados en la Norma Suprema debido a que establece que solamente las fuerzas de mayoría pueden acceder a cinco cargos de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental, relegando a las demás fuerzas políticas a desempeñar cargos subalternos y meramente nominales, considerando a los asambleístas indígenas únicamente de forma superficial dentro de la supuesta alternancia de la Directiva. En ese entendido, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Departamental impugnada, no sería posible que un asambleísta departamental que representa a fuerzas políticas opositoras o a las naciones y pueblos indígenas originario campesinos puedan acceder a la conformación de los altos cargos de la Directiva; no obstante, se señala de manera ambigua la posibilidad de que un asambleísta indígena llegue a ocupar la Presidencia, sin indicar el procedimiento ni la forma de hacerse efectiva esa situación, evidenciando una arbitrariedad y vulneración a los derechos humanos de los demás asambleístas que no son parte del oficialismo del poder ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, ni son representantes indígenas.
En tal sentido, se evidencia que la composición de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, prevista en el art. 22 de la Ley 289, restringe e inviabiliza el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de los asambleístas departamentales de las otras fuerzas políticas y los de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, tanto para la elección del Presidente, como para la composición de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Afirma que, la autoridad departamental que promulgó dicha Ley, está limitando la participación de esos representantes, así como delimitando el ejercicio de sus derechos políticos y restringiendo sus derechos humanos, debiendo además considerarse lo dispuesto por el art. 13 de la CPE, que establece que los derechos reconocidos en su texto son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos; esto, teniendo presente además que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, se encuentra conformada por veintiocho Asambleístas Departamentales titulares y otros suplentes en la misma cantidad, de los cuales actualmente, once asambleístas pertenecen a la Alianza Política de "CREEMOS", once asambleístas son del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), uno es de la Agrupación Ciudadana de Alianza Solidaria Popular (ASIP) y cinco asambleístas representan a los pueblos indígenas del citado departamento; por lo que, resulta inviable que todos los Asambleístas que no pertenecen a "CREEMOS"; así como los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesino, puedan ejercer su derecho de representación en la composición de los siete cargos de la Directiva; lo que constituiría una flagrante exclusión, restricción y vulneración de sus derechos políticos de representatividad en condiciones igualitarias conforme la Ley Fundamental. En tal sentido, califica la Ley 289, como discriminatoria y que favorece solamente al grupo de los Asambleístas Departamentales de las mayorías y la distribución discriminatoria, restrictiva y desproporcional de la composición de esa directiva, lo que por consiguiente, resulta incompatible con las normas constitucionales y convencionales citadas, las que a contrario sensu, garantizan el ejercicio amplio de los derechos políticos de todos los Asambleístas Departamentales electos en igualdad de condiciones.
Los art. 22.I y II; y, 27.II de la Ley 289, restringen el ejercicio de los derechos políticos de los Asambleístas Departamentales pertenecientes a otras fuerzas políticas, así como de los representantes de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOC), impidiéndoles participar efectivamente en la conformación de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Ello configura un trato discriminatorio, desigual y asimétricos, vulnerando el principio de igualdad en el ejercicio de los derechos políticos que corresponde a todos; ya que, el mismo derecho que hoy se reclama apropiado por los Asambleístas Departamentales de la fuerza mayoritaria, evidencia una arbitrariedad y una aberración en un estado constitucional de derecho, y corresponde que dicha situación sea subsanada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el objeto de preservar la vigencia de los derechos de todos los Asambleístas Departamentales, pertenecientes a las distintas fuerzas políticas, así como de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos; y, en consecuencia, garantizar la plena vigencia de la Norma Suprema y el estado de derecho.
Por último, solicita como medida cautelar, la suspensión de la aplicación de los arts. 22.II y 31.IV de la Ley 289, a fin de evitar que la misma genere perjuicios irreparables o de difícil subsanación en el futuro, que vulneren de manera flagrante la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por el Estado.
I.2. Petición
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