Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0051/2026-RCA Sucre, 6 de febrero de 2026
Expediente: 81280-2026-163-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 141/2025 de 4 de diciembre, cursante a fs. 39 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Rafael Torrez Valdivia contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde; y, Carlos José Medrano Rodríguez, Director de la Autoridad Catastral Municipal a.i. ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 24 de noviembre de 2025, cursante de fs. 26 a 34, el accionante manifestó que en su calidad de copropietario del bien inmueble con registro catastral 4-21-13 mediante Folio Real 2.01.0.99.0250143 y el Formulario Único de Registro Catastral 11908 que ubica el bien inmueble en la calle linares 906, a través de Nota presentada el 15 de noviembre de 2024 ante el Director ahora codemandado; solicitó la entrega de certificaciones catastrales otorgadas por el municipio a los fundos colindantes con su propiedad, argumentando que los datos de su predio no coincidían con los certificados catastrales de sus vecinos. Solicitud que fue respondida a través de Informe ACM-URSC 0927/2024, que señalaba que la información de los límites catastrales de sus vecinos era confidencial; por lo que contra dicho Informe interpuso recurso de revocatoria, el 26 de marzo de 2025, que fue resuelto a través de Resolución Administrativa (RA) 08/2025 de 24 de abril que determinó no dar curso a su solicitud señalando: "...hasta que el administrado ahora recurrente no adecue su solicitud conforme a lo modulado en las Sentencias Constitucionales..." (sic), es decir, alude a sentencias constitucionales sin identificarlas ni relacionarla con el fundamento que avalarían su interpretación del derecho de la privacidad de los registros catastrales; ante la referida Resolución Administrativa planteó recurso jerárquico, emitiéndose en consecuencia la Resolución Ejecutiva 503/2025 de 7 de julio, por la cual el Alcalde ahora demandado resolvió confirmar la negativa, aunque sin sostener el mismo argumento de confidencialidad, empleando argumentos impertinentes e insustanciales incumpliendo lo determinado por el art. 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2441 de 23 de 23 de abril de 2002- que exige la debida motivación de los actos; añade que, si bien dicha Resolución Ejecutiva hace referencia a la citada Ley y al derecho de petición; incurre en una "mescolanza" de conceptos sin justificar por qué la administración omite su cumplimiento en el presente caso. Asimismo, si bien citó la Ley 482 de 9 de enero de 2014 -Ley de Gobiernos Autónomos Municipales-, indicando que el municipio se somete a ella, no aportó sustento ni argumento válido a la Resolución, que indique de manera expresa cuál de esas pruebas prohíbe el acceso a los registros catastrales de los predios colindantes, pues las certificaciones catastrales de sus vecinos deberían coincidir con su predio.
I.2. Derecho supuestamente vulnerado
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la propiedad; citando al efecto el art. 56.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
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