Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0052/2020-RCA Sucre, 27 de febrero de 2020
Expediente 33140-2020-67-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 3 de febrero de 2020, cursante a fs. 234 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilson Mario Jiménez Pugliese en representación legal de José Marco Gonzales Zenteno contra Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocal de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Mediante memoriales presentados el 23 y 28 de enero de 2020, cursantes de fs. 219 a 230; y, 233 y vta., el accionante mediante su representante legal manifiesta que interpuso proceso ejecutivo contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cercado del departamento de Cochabamba, demandando el cumplimiento de obligación de entrega de la ruta Tiquipaya-Itocta, más el resarcimiento de daños y perjuicios, por haber adquirido en 1993 cinco buses que pertenecieron a la liquidada Empresa Municipal de Transporte Masivo, demanda que fue declarada probada por Sentencia de 20 de mayo de 2009, con imposición de costas, ordenando que el referido Gobierno Autónomo Municipal, entregué la línea de recorrido para los cinco buses en el tramo señalado en el plazo de tres días de ejecutoriado el fallo, más el pago por daños y perjuicios. Sentencia que fue confirmada con costas en apelación.
En ejecución de sentencia, el Juez de la causa mediante Auto de 8 de abril de 2013, dispuso que el Gobierno Autónomo Municipal demandado pague determinada suma de dinero a su favor del accionante por concepto de daños y perjuicios. Habiendo sido declarado ejecutoriado dicho Auto por Resolución de 29 de abril de 2013, el mencionado Juez ordenó poner en conocimiento de la Procuraduría General del Estado todos los actuados pertinentes; así como, al ViceMinisterio de Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que proceda a la retención del monto fijado de los recursos propios y cuentas bancarias que tuviera dicho Gobierno Municipal.
Ante lo cual, la Procuraduría General del Estado formuló acción de amparo constitucional contra el Juez y el Tribunal de apelación de la causa, la cual fue concedida por el Tribunal de garantías anulando obrados hasta el Auto de 12 de agosto de 2009 que concedía el recurso de la apelación contra la mencionada Sentencia; empero, mediante , se denegó la acción tutelar, señalando que la Procuraduría General del Estado al momento de ser integrada, al proceso ejecutivo, tomó conocimiento del mismo, y desde ese instante, al advertir que el Juez de la causa no remitió la sentencia en consulta ante el superior en grado, podía haber interpuesto en su momento recurso de apelación o formular incidente de nulidad de obrados, este último a fin de solicitar dicha nulidad hasta el vicio más antiguo, pero a pesar de ello, el Procurador General de Estado formuló incidente de nulidad de obrados hasta el Auto de 12 de agosto de 2009, el cual fue rechazado.
El 5 de octubre de 2011, Edwin Castellanos Mendoza, como nuevo Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba planteó en la vía ordinaria la revisión del proceso ejecutivo, demanda que fue admitida por Edgar Balderrama Balderrama, Juez Publico Civil y Comercial Decimosegundo del Departamento de Cochabamba, demanda a la cual se adhirió la entonces Presidenta del Concejo Municipal de Cercado del citado departamento, causa en la que se declaró probada la excepción de prescripción formulada por la abogada defensora de oficio de la familia del accionante, disponiendo el referido Juez el archivo de obrados, decisión que fue confirmada en parte mediante la Resolución de 10 de diciembre de 2014 declarando probada la excepción de cosa juzgada ordenando el archivo de obrados.
Posteriormente, el nuevo Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba formuló demanda ordinaria de nulidad del documento base del proceso ejecutivo y ordinario, pero la misma fue declarada improponible mediante Auto de Vista de 22 de abril de 2016, fallo contra el cual formularon recurso de casación que fue declarado infundado, señalando que el proceso ejecutivo adquirió la calidad de cosa juzgada.
Refiere que su apoderado el 25 de enero de 2019, dentro del proceso ejecutivo de referencia se apersonó ante la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, presentando incidente de nulidad, refiriendo que el Auto de 26 de marzo de igual año, que rechazó el recurso de reposición formulado por su representante y su complementario, fueron firmados únicamente por el Vocal ahora demandado, quien tomó decisiones y emitió resoluciones unilaterales que no le corresponden, al ser parte de un Tribunal colegiado, las mismas debieron ser tomadas por mayoría absoluta. Petición que mereció por respuesta el Auto de 22 de julio del referido año, firmado únicamente por la autoridad ahora demandada y no juntamente a otro Vocal habilitado, manteniendo sus severas equivocaciones pretendiendo que de igual forma sean aceptadas, incurriendo en la nulidad de todos sus actos, provocando la lesión de sus derechos, Resolución que les fue notificada el 20 de agosto del ya mencionado año.
I.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
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