0052/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0052/2023-S1 Sucre, 21 de marzo de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 38367-2021-77-AAC Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 05/2021 de 3 de febrero, cursante de fs. 95 a 104, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mirvia Arrueta Montecinos e Iver Rolando Miguel Gutiérrez, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) contra Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de enero de 2021, cursantes de fs. 14 a 22, los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por memorial presentado el 2 de septiembre de 2016, Natividad Charca Copa interpuso recurso de reclamación contra la Resolución 0002497 de 21 de julio de igual año emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, argumentando que su actuar no fue doloso; por lo que solicitó una nueva revisión de su caso incorporando los adeudos que tendría a su favor en virtud a que no se le habría pagado los gastos de sepelio, el bono de cesantía y otros al que su esposo fallecido tenía derecho, dicho recurso fue concedido ante la Comisión de Reclamación mediante Auto 0003683 de 7 de noviembre de ese año. La Resolución 0002497, suspendió definitivamente la renta de viudedad de la nombrada por haber contraído un nuevo matrimonio y estableció la devolución de lo indebidamente cobrado a partir de la fecha de celebración del segundo matrimonio; sin embargo, la aludida alegó que solamente debía realizarse una nueva liquidación en razón a que no fueron cobrados algunos beneficios del causante, reconociendo tácitamente la deuda.

El 21 de noviembre de 2016, la Comisión de Reclamación por Resolución 472/16 resolvió confirmar la Resolución 0002497, en virtud a ello Natividad Charca Copa, formuló recurso de apelación ante la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pidiendo verificar y disponer una nueva resolución de liquidación tomando en cuenta los gastos por derecho de sepelio, bonos de cesantía y otros que no fueron cobrados y que estaban incluidos en el monto a devolver, dicha Sala emitió el Auto de Vista 48/2019 de 18 de octubre, confirmando parcialmente la Resolución impugnada en cuanto al cese de la renta de viudedad y revocando parcialmente con relación a los cobros indebidos, dejando sin efecto los mismos con costas. Siendo notificados con el indicado Auto de Vista, presentaron recurso contra el mismo manifestando que Natividad Charca Copa, en su recurso de apelación solo pidió verificar y disponer una nueva liquidación tomando en cuenta los derechos por gastos de sepelio, bono de cesantía y otros que al causante le correspondía y que no fueron pagados, evidenciándose así que en ninguna parte del recurso de apelación se solicitó dejar sin efecto la deuda total del pago indebidamente cobrado debido a que tácitamente reconoció la deuda; por lo que el Auto de Vista antedicho es un fallo ultra petita y carece de motivación alejándose del marco de la legalidad transgrediendo el art. 265 del Código Procesal Civil (CPC), y atentando el debido proceso previsto en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

En cuanto al segundo agravio expuesto en el recurso de casación se hizo alusión a la errónea interpretación de los arts. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS); 5 inc. d) del Decreto Supremo (DS) 27066 de 6 de junio de 2003 y 609 del Código de Seguridad Social (CSS); puesto que el Auto de Vista 48/2019 al señalar que no se demostró en la vía administrativa la mala fe en la presentación de documentos sino solo omisiones del SENASIR no correspondiendo la devolución de los montos cobrados de forma posterior a la celebración del segundo matrimonio de la apelante con base en el citado art. 477 del RCSS, quebrantó el debido proceso provocando una inseguridad jurídica en virtud a que dicha normativa no es aplicable al caso concreto, debido a que el citado artículo se refiere exclusivamente a casos en los que las personas obtuvieron una renta presentando datos falsos ya sea por error de sus empleadores o de las instituciones que otorgaron certificaciones incorrectas sin que estas tuvieran certeza de ellos o sean responsables de mala fe, en ese tipo de circunstancias no surte efecto retroactivo bajo la lógica de que el actuar no es de mala fe, vale decir que los rentistas no fueron responsables del acto fraudulento, aspecto que en el presente caso no concurre por que la beneficiaria a sabiendas de que recibía una renta de viudedad contrajo nuevas nupcias con Gregorio Vargas Soruco el 6 de marzo de 2012 y a partir de esa fecha lógicamente dejaba de ser acreedora de la mencionada renta debiendo dar aviso al SENASIR, como era su obligación de acuerdo al art. 36 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, al no hacerlo demuestra su mala fe y mala intención de cobrar una renta que ya no le correspondía y en ello se halla fundado los cobros indebidos; bajo esos argumentos el Auto de Vista impugnado carece de legalidad en franca vulneración del derecho al debido proceso dejándoles en total indefensión.

El Auto Supremo 459/2020 de 22 de julio, que resolvió el recurso de casación que interpusieron, relató que mediante Resolución Administrativa (RA) 1356/93 de 13 de abril de 1993 la Comisión Regional de Prestaciones del Fondo de Pensiones otorgó renta de derechohabiente a Eva Licia Arancibia Mariscal e hijos, haciendo alusión para emitir el fallo al matrimonio de Julio Hugo Zeballos Salvatierra y Joaquín Quisbert Quiroga, faltando al principio de congruencia debido a que los hechos y datos no corresponden al presente caso, indicando además que el SENASIR adujo que el Tribunal de Alzada transgredió lo establecido por el art. 477 del "R.C.S.S.", empero que dicha entidad, no presentó prueba objetiva que demuestre que Natividad Charca Copa, presentó documentación fraudulenta, por lo que, no correspondía determinar la devolución de los pagos en efectivo. Asimismo, con relación a que el Auto de Vista 48/2019 es un fallo ultra petita, los Magistrados ahora demandados señalaron que dicho Auto de Vista dispuso que no corresponde la devolución de lo cobrado; ya que no existen normas legales que regulen la referida devolución, el citado artículo prohíbe la devolución retroactiva de cobros de rentas siendo que la beneficiaria no cometió ninguna irregularidad, se limitaron a copiar los argumentos erróneos del indicado Auto de Vista sin motivar correctamente sabiendo que la nombrada pidió verificar y disponer una nueva liquidación tomando en cuenta los derechos por gasto de sepelio, bono de cesantía y otros a que el causante tenía derecho y que no fueron cancelados; consecuentemente, el Auto de Vista recurrido en casación no transgredió ninguna norma ajustándose a las disposiciones legales en vigencia; por lo que, declararon infundado el recurso de casación que presentaron.

El referido Auto Supremo suprimió el ejercicio de los derechos del SENASIR, poniéndoles en un estado de desigualdad jurídica e indefensión; puesto que la norma sustantiva debe ser aplicada conforme a derecho y no al arbitrio de los Magistrados ahora accionados, el fundamento de dicho Auto Supremo versa en criterio e interpretación ya que la motivación, fundamentación y congruencia aplicada es incorrecta fuera de la práctica jurídica en materia de seguridad social; en ese sentido, el Auto Supremo 459/2020⁴ no realizó una correcta fundamentación y motivación que sea congruente tanto en su parte considerativa como la resolutiva, ya que, en los antecedentes ha narrado e introducido la identificación de las partes de manera incorrecta, peor aún motivo su Resolución con el Decreto Supremo (DS) 23215 haciendo alusión al art. 43 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- que no tiene nada que ver en el presente caso, evidenciándose una incongruencia tanto externa como interna; además porque dentro del mismo no existe una cabal fundamentación ni valoracion con referencia al agravio ultra petita, puesto que no explicaron de manera lógica, por qué los Vocales al emitir el Auto de Vista 48/2019, otorgaron a la apelante más de lo que pidió, limitándose a copiar los argumentos errados del Auto de Vista, sabiendo que la apelante solo expreso como agravio en su petitorio que se verifique y disponga una nueva liquidación, y en ninguna parte de su recurso pide dejar sin efecto la deuda total del pago indebidamente cobrado, porque en el recurso de reclamación reconoció de manera tacita dicha deuda, pero el Auto Supremo dejo pasar esa irregularidad, que violenta el debido proceso.

El Auto Supremo 459/2020⁴, carece de una debida fundamentación y motivación, porque toda su decisión se sustenta en el art. 477 del RCSS, que no es aplicable al caso concreto, puesto que Natividad Charca Copa al momento de solicitar la renta de viudedad su estado civil era de viuda de Luciano Cano Jurado; sin embargo, la misma a sabiendas que era beneficiaria de esa renta contrajo nuevas nupcias con Gregorio Vargas Soruco, el 6 de marzo de 2012, inobservando lo previsto por el art. 36 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición. El citado Auto Supremo tampoco fundamentó con relación a lo dispuesto por el art. 609 de CSS, limitándose a señalar que no existe una norma legal que genere la obligación de devolver lo cobrado.

Se efectuó una errónea interpretación del art. 477 del RCSS, puesto que dicha norma es aplicable exclusivamente a casos donde las personas obtuvieron una renta presentando datos falsos ya sea por error de sus empleadores o de las instituciones que le otorgaron certificaciones incorrectas sin que tuvieran certeza de ellos y estos no sean responsables de mala fe, en cuyo caso no surtirá efecto retroactivo, esa pequeña diferencia no fue bien comprendida por los Magistrados ahora demandados, porque Natividad Charca Copa empezó a cobrar la renta de viudedad el 12 de marzo de 1998 hasta la suspensión de la misma, el 21 de julio de 2016; sin embargo ésta, contrajo nuevas nupcias el 8 de marzo de 2012; por lo que, el SENASIR únicamente solicitó la devolución de la renta de viudedad desde la fecha del nuevo matrimonio hasta la fecha de suspensión de la misma, quedando claro que el SENASIR no puede cobrar de manera retroactiva los pagos anteriores mientras no se demuestre la fraudulencia, caso en el cual, sí es aplicable el art. 477 del RCSS; en ese sentido, con el Auto Supremo cuestionado, se está dando lugar a que los beneficiarios puedan cobrar rentas indebidas siempre y cuando el SENASIR no se dé cuenta y el día que se denuncie ese extremo no tenga la facultad de cobrar esos montos cobrados indebidamente.

El citado Auto Supremo omite y cuarta el objetivo de recuperar lo indebidamente cobrado atentando a la seguridad jurídica y no consideró que la recuperación de esos montos son importantes por tratarse de contribuciones que en contrapartida generan prestaciones en dinero a favor de los asegurados del sistema de reparto pagados con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), lo que provoca un perjuicio económico al Estado y al SENASIR.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante señala como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la "seguridad jurídica", citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la CPE.

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el "15 de enero" de 2021 -siendo lo correcto 3 de febrero-, según consta en acta cursante de fs. 89 a 94 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante a través de su abogado ratificaron in extenso la acción de amparo constitucional interpuesta.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no se presentaron a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno a pesar de su notificación cursante de fs. 57 y 73.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

I.2.4. Resolución

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Por Decreto Constitucional de 24 de diciembre de 2021, cursante a fs. 113, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 15 de marzo de 2023 (fs. 160); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional. II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documentación que cursa en obrados, se evidencia:

II.1. Consta Resolución 0002497 de 21 de julio de 2016, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto SENASIR -entidad ahora accionante-, por la cual resuelve suspender definitivamente la renta única de viudedad otorgada en favor de Natividad Charca Copa -ahora tercera interesada-; al haber contraído nuevas nupcias; y, dispone que por la Unidad Jurídica se proceda a la recuperación de lo indebidamente cobrado por la referida, siendo que a partir de su nuevo matrimonio continuo cobrando la renta asignada (fs. 70 a 72 vta. [anexo]). Dicha Resolución fue objeto del recurso de reclamación presentado por la prenombrada a través de memorial presentado el 2 de septiembre de 2016 (fs. 74 y vta. [anexo]).

II.2. Por Resolución 472/16 de 21 de noviembre de 2016, la Comisión de Reclamación del SENASIR, resolviendo el recurso de reclamación interpuesto por la ahora tercera interesada, determino confirmar la Resolución 0002497; Resolución que fue apelada por la ahora tercera interesada, el 4 de septiembre de 2017 (fs. 49 a 54 vta.; y, 57 a 58 [anexo]).

II.3. A través de Auto de Vista 48/2019 de 18 de octubre, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, resolvió confirmar de forma parcial la Resolución 472/16, referido al cese de la renta de viudedad, revocando parcialmente la misma en cuanto se refiere a los supuestos cobros indebidos, en consecuencia, dejó sin efecto el cobro indebido establecido en la Resolución 0002497, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto. Sin costas (fs. 28 a 31 [anexo]).

"Por todo lo manifestado, se concluye que no corresponde la devolución de lo cobrado, por el solo hecho que no existe una norma legal que genere dicha obligación, más al contrario como se mencionó precedentemente, el art. 477 RCSS, hace la prohibición de la devolución retroactiva de los respectivos cobros de rentas, ya que no se demostró que la señora Natividad Charca Copa no realizó ninguna irregularidad, ni haya actuado de mala fe para realizar los respectivos cobros de la renta, asimismo, se demostró que la autorización de la renta de orfandad fue otorgada fue originada por medio de documentación e información legal y lícita al momento de darle la renta de viudedad, no correspondiendo ninguna devolución, menos aún en efecto retroactivo, toda vez que fue licita su alcance." (sic [fs. 152 a 155 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

"...el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia" (el resaltado nos corresponde).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela2, refirió que:

"77. La Corte ha señalado que la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso" (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

"(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad...".

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho Humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando3.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto4; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

Al respecto, la SCP 0049/2020-S1 de 13 de julio, en el marco de la progresividad para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la invocación de tutela respecto a la errónea interpretación de la legalidad ordinaria, fundamentó la aplicación de la línea jurisprudencial más favorable al justiciable, partiendo de la base prevista por el art. 196.I de la CPE6, en la parte en la que se establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene como uno de sus fines precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, indicando que existe un mandato constitucional para maximizar el acceso a la justicia constitucional y para ello se debe aplicar la interpretación que favorezca la procedencia de las acciones de tutela, cumpliendo así la disposición de los arts. 13 y 256 de la CPE, los cuales a la vez exigen que ante varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir la más favorable al derecho o garantía constitucional. En ese orden, explicó que -entre otros- se cuenta con los métodos de interpretación histórico, gramatical y teleológico.

Sobre esa base, y retomando el art. 196.I de la CPE, explicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión está la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas7, es decir, resguarda la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, en esa lógica es congruente afirmar que es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción ordinaria, interpretar el resto del ordenamiento jurídico o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, sin perder de vista que la interpretación ejercida por la jurisdicción ordinaria debe darse en el marco de la Constitución Política del Estado, ya que dicha interpretación es susceptible de una revisión constitucional, a través de las diferentes acciones de tutela, según los derechos denunciados de vulnerados.

No obstante teniendo ello claro, la SCP 0049/2020-S1 aludida, recogió el devenir de la jurisprudencia constitucional en torno a ese tema y a las condiciones previstas para ingresar a su revisión; en ese marco, identificó el entendimiento contenido en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre8, cuyo razonamiento fue ratificado por la 0SC 1917/2004-R de 13 de diciembre9, concluyendo que la interpretación de la legislación infra constitucional corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete revisar dicha interpretación, a efectos de verificar si se vulneró algún derecho fundamental, entendiendo de ello que se aplicó un entendimiento amplio para realizar dicha verificación de la interpretación de la legalidad ordinaria, es decir, sin la exigencia del cumplimiento de requisito alguno por parte de los justiciables al fin buscado por ellos; sin embargo, luego se identificó que a partir de la SC 0718/2005-R de 28 de junio10, cambió la línea jurisprudencial a una restrictiva, ya que exigió una carga argumentativa imponiendo el deber de exponer de manera clara y precisa los principios o criterios interpretativos no cumplidos o desconocidos por los jueces o tribunales ordinarios en la interpretación realizada y consiguiente aplicación de la norma interpretada, concluyendo que no era suficiente la simple relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas para que la jurisdicción constitucional pueda realizar la labor de verificación requerida por el afectado; así, en esa misma línea y estableciendo mayores requisitos aun la SC 0085/2006-R de 25 de enero11 -identificando dos requisitos al efecto- remarcó que la posibilidad del análisis de la interpretación que los jueces y tribunales ordinarios realizaron solo se circunscribe a aquellos casos en los que se impugna dicha labor en el recurso constitucional, siempre y cuando expliquen la razón por la que se considera insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, así como también exigió que se explique sobre la identificación de las reglas omitidas al momento de arribar a dicha interpretación, precisando los derechos constitucionales afectados en ese marco de interpretación considerado deficiente por el afectado, y a que debía establecerse el nexo de causalidad entre la cuestionada interpretación y dichos derechos, concluyendo dicho razonamiento constitucional que solo así la denuncia planteada tendría relevancia constitucional.

Asimismo, la mencionada SCP 0049/2020-S1 continuó analizando el citado entendimiento restrictivo y advirtió que el mismo se convirtió en línea jurisprudencial, ya que fue ratificada por la jurisprudencia constitucional posterior, de lo que se entiende que hubo una consolidación restrictiva del alcance y la posibilidad de la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria.

A partir de allí, las SSCC 1038/2011-R de 22 de junio, 1718/2011-R de 7 de noviembre, entre otras, mismas que fueron confirmadas por la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, reiterada en la SCP 0878/2014 de 12 de mayo, 0340/2016-S2 de 8 de abril, asumieron que quien pretenda que este Tribunal realice la interpretación de la legalidad ordinaria debía cumplir los siguientes tres requisitos:

En contraste a dicho razonamiento restrictivo, este Tribunal pasó a dictar la SCP 0410/2013 de 27 de marzo12, que retomó la primera línea considerada en este análisis, consistente en la asumida en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, con la inquietud de no dejar de lado el deber primordial de garantizar el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, entendiendo de ello que lo que motivó esa reconducción de línea fue que los requisitos promovidos por la jurisprudencia constitucional restrictiva interrumpía dicha garantía, enfocándose en lo formal por sobre lo sustancial. A ese efecto, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo explicó que, si bien esa carga argumentativa exigida a través del cumplimiento de los requisitos identificados supra guiaban el análisis de la interpretación cuestionada, empero arribó al razonamiento de que los citados requisitos no podían ser considerados insoslayables, provocando así un quiebre en dicha línea restrictiva, ya que pudo advertir la esencia de la finalidad de la jurisdicción constitucional a la hora de recibir el mandato de garantizar los derechos fundamentales, entendiendo que ese mandato solo era posible si no se condicionaba la revisión de la labor interpretativa denunciada de vulneradora de derechos al cumplimiento de dichos requisitos, pues de ese modo se estarían convirtiendo en una forma de dejar pasar un acto inconstitucional solo por aspectos formales, cuando el relato de los hechos realizado por el impetrante de tutela puede ser suficiente para poder evaluar la labor interpretativa cuestionada por éste; al respecto, la indicada SCP 0049/2020-S1 advirtió que dicho razonamiento fue asumido uniformemente por posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales13.

De la revisión de la evolución de la línea jurisprudencial se advirtió claramente cómo se fue aplicando un razonamiento restrictivo y luego uno amplio en cuanto a la interpretación de la legalidad se refiere y en ese contexto, esta Magistrada relatora, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.214 de la aludida SCP 0049/2020-S1, en cuanto a la aplicación del estándar más alto, ante la existencia de dos líneas jurisprudenciales contradictorias entre sí, consideró que al haberse incorporado un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituye al Estado Plurinacional de Bolivia en un Estado garantista, lo cual emerge también del ya citado art. 196 de la CPE, que prevé la misión de precautelar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, es un mandato constitucional el ajustar los razonamientos aplicados en la resolución de los casos presentados, al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE).

En ese mérito, ante la existencia de entendimientos contradictorios entre sí, se constituye en un deber el aplicar aquellos que sean más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela, vía acciones de defensa; por ello, dada la exigencia de carga argumentativa, por un lado, traducida en requisitos para activar la vía constitucional cuando se den vulneraciones en la actividad interpretativa de la legalidad ordinaria y por otro lado, advertida otro razonamiento que no se somete a dicha exigencia, esta Magistrada relatora acoge el criterio más favorable y garantista, es decir, el asumido por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que se constituye en el estándar más alto de acuerdo a lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.115 de la tantas veces mencionada SCP 0049/2020-S1, que explicó la fuerza vinculante de aquel precedente constitucional que contenga el estándar jurisprudencial más alto.

Consiguientemente, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, fundamentó el cambio de razonamiento basado en todas las consideraciones realizadas precedentemente, en los siguientes términos:

Bajo esa comprensión, lo precedentemente descrito, se constituye en un cambio de razonamiento para la suscrita Magistrada, que a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se adhiere a la reflexión constitucional desarrollada en la mencionada SCP 0410/2013, por considerar que, esta desarrolla entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional cuando se denuncia vulneraciones de derechos y garantías fundamentales en la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los jueces o Tribunales ordinarios; es así que la referida jurisprudencia constitucional, en el afán de hacer más accesible la justicia constitucional en relación a estas denuncias, suprimió los requisitos de carga argumentativa exigidos por otras líneas antes vigentes para la interpretación de la legalidad ordinaria. .

En ese marco, reiterando el contenido esencial del razonamiento precedentemente citado, se tiene a bien concluir que la ausencia de carga argumentativa a la hora de denunciarse una errónea interpretación de la legalidad ordinaria -la cual incluye la administrativa-, no importa un óbice para ingresar al fondo de dicha denuncia, es decir, que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingresará a revisar la interpretación aludida en base a la denuncia constitucional, realizada a través de las acciones de tutela, y resultado de dicho análisis revisará la interpretación considerada vulneradora de derechos por el impetrante de tutela y como resultado de esa revisión se concederá o denegará la tutela solicitada.

III.4. Análisis del caso concreto

Resolviendo el recurso de apelación la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunció el Auto de Vista 48/2019 de 18 de octubre, determinando confirmar de forma parcial la Resolución 472/16, referido al cese de la renta de viudedad, revocando parcialmente la misma en cuanto se refiere a los supuestos cobros indebidos, en consecuencia, dejó sin efecto el cobro indebido establecido en la Resolución 0002497, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto. Ante tal determinación el SENASIR interpuso recurso de casación contra dicho Auto de Vista, que fue resuelto por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandada-, a través del Auto Supremo 459/2020 de 22 de julio, declarando infundado el recurso de casación planteado por el SENASIR (Conclusiones II.3, II.4 y II.5).

Establecidos los antecedentes procesales, e identificadas las problemáticas a resolver, se tiene que, la parte peticionante de tutela a través de esta acción de defensa identifica como el acto lesivo a sus derechos, las determinaciones asumidas por los Magistrados demandados en el Auto Supremo 459/2020⁴; señalando por un lado, que dicho fallo habría vulnerado el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, puesto que sustentaron toda su decisión interpretando erróneamente el art. 477 del RCSS, que no es aplicable al caso concreto, ya que el SENASIR no pretende recuperar cobros indebidos de rentas de forma retroactiva por fraude, si no que únicamente solicitó la devolución de las rentas cobradas por la tercera interesada, luego de contraer nuevo matrimonio inobservando lo previsto por el art. 36 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición; además de incurrir en incongruencia externa e interna al identificar y de manera incorrecta a las partes, así como en incongruencia omisiva al no pronunciarse de manera fundamentada sobre el reclamo de la actuación ultra petita del tribunal de alzada; en ese contexto, a fin de resolver adecuadamente las problemáticas identificadas, corresponde previamente hacer referencia y contrastar el memorial de contestación al recurso de apelación y lo resuelto por los Vocales ahora demandados.

En relación a la problemática descrita en el inc. a) A través de este punto, la parte impetrante de tutela denuncia que los Magistrados demandados al emitir el Auto Supremo 459/2020⁴, incurrieron en incongruencia interna y externa, puesto que en la relación de antecedentes narraron e introdujeron la identificación de las partes de manera incorrecta, motivando a su vez la Resolución con el DS 23215 y el art. 43 de la Ley 1178 que no tienen relación con el caso concreto; asimismo omitieron responder con la debida fundamentación y valoracion respecto al agravio de ultra petita incurrida en la decisión impugnada al dejar sin efecto la deuda total del pago indebidamente cobrado, sin que hubiera sido solicitado; por lo que, a efectos de proceder a la verificación constitucional de esta denuncia, corresponde previamente hacer referencia y contrastar el recurso de casación interpuesto por el SENASIR y lo resuelto por los Magistrados ahora demandados.

En tal sentido, conforme a los antecedentes precedentemente referidos y descrito en la Conclusión II.4 de este fallo constitucional, se tiene que, la entidad demandante por memorial presentado el 28 de noviembre de 2019, interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 48/2019; expresando los siguientes puntos: