0052/2023-S3

Así, el Fiscal Departamental ahora accionado al pronunciar la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19:

1. a)Señaló que los elementos de convicción deben ser suficientes para destruir el estado de presunción de inocencia de los imputados, pese a que dentro del proceso penal de referencia no se tenía ninguna imputación; lo cual demuestra una absoluta incongruencia y falta de objetividad de la citada Resolución Fiscal Departamental;
2. b)Omitió considerar toda la prueba presentada junto con la denuncia, limitándose a señalar el Informe Legal "LS/XP/Y14" y las declaraciones informativas, demostrando con ello una falta de objetividad e incumplimiento de los principios de verdad material y legalidad;
3. c)Con una escasa valoración, se limitó a señalar que se aprobaron las modificaciones presupuestarias, sin tomar en cuenta que esa aprobación no se constituye en una autorización expresa de gasto, y menos de que se disponga recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) al margen de lo establecido en el Decreto Supremo (DS) 28421 de 21 de octubre de 2005; y,
4. d)Incurrió en incongruencia, ya que únicamente se refirió al delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, para luego exponer argumentos relativos al delito de prevaricato, sin percatarse que la denuncia no fue planteada por este último delito.

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

1. 1)Declarar nulas y sin valor legal la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018 y la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 de 22 de agosto de 2019; y,
2. 2)La prosecución de las investigaciones hasta alcanzar la verdad histórica de los hechos.

La entidad accionante a través de su representante legal, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:

1. i)Los hechos denunciados contra los funcionarios públicos hoy terceros interesados no se encontraban dentro de los proyectos de inversión de los recursos del IDH conforme al DS 28421;
2. ii)Los Fiscales de Materia hoy coaccionados al emitir la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, no se pronunciaron ni fundamentaron porqué desestimaron la prueba presentada junto con la denuncia, no habiendo siquiera revisado la misma, consistente en "...uniforme de opinión legal número LS/L070/10 de 17 de abril del 2014, (...) una carga Nº 10392.0, asimismo hay documento relacionado con la categoría programática 4000.04.00 programas DMA fase 2, (...) una resolución del consejo departamental Nº 116/05 del 30 de noviembre de 2005 y sus anexos, (...) un oficio OF.UP.DDAF Nº 091/2005 de 21 de Diciembre de 2005 y su documentación adjunta, (...) una resolución ministerial Nº 805 y 875 de 29 y 30 de diciembre de 2005 junto a sus informes técnicos y respaldo de documentación adjunta de los mismos, (...) certificación presupuestaria CP.UP.DDAF. Nº 2004 - 2005 de 22 de diciembre de 2005, (...) una comunicación CLDJR.DRIPAD Nº 0244/2005 de 20 de diciembre de 2005, (...) una comunicación interna CI.DIR.DRIPAD Nº 0252/05 de 30 de diciembre de 2005, (...) comprobantes de contabilidad Nº 13317 y nota de débito Nº 2623-05 de 29 de Diciembre de 2005, (...) comprobante de contabilidad Nº 16477 de 29 diciembre de 2005, (...) Cheque Nº 21282 del 29 de Diciembre de 2005, (...) nota de débito Nº 2623-05 de 29 de diciembre de 2005 y extracto bancario reportado, (...) manual de funciones general de unidades de la prefectura aprobado por resolución prefectural 408/2004 de 27 de septiembre de 2004..." (sic); y,
3. iii)La Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, se refirió a delitos que no fueron denunciados, como ser peculado, uso indebido de influencias, nombramientos ilegales y falsedad material.

Roger Rider Mariaca Montenegro, actual Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe presentado el 10 de octubre de 2022, cursante de fs. 454 a 461, así como en audiencia, por intermedio de Fabiola Villegas Zelaya, Fiscal de Materia, manifestó que:

1. a)La Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 se encuentra debidamente fundamentada y motivada, cumpliendo con todos los parámetros establecidos por ley, respondiendo de manera clara a todos los puntos objetados por la entidad accionante, explicando además todos los actuados realizados por los Fiscales de Materia ahora coaccionados;
2. b)La entidad accionante no señaló que incidencia podría tener el supuesto acto ilegal en la decisión de fondo asumida por la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19, debiendo tomarse en cuenta lo establecido en la SCP 0155/2019-S2 de 24 de abril, sobre la relevancia constitucional del supuesto hecho lesivo;
3. c)Los Fiscales de Materia hoy coaccionados actuaron en coherencia con los elementos que cursaban en el cuaderno de investigación;
4. d)La entidad accionante no demostró de qué manera la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 habría vulnerado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y,
5. e)En cuanto a que en el proceso penal de referencia no existiría ningún imputado, el art. 5 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que "...se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal..." (sic), no siendo evidente la incongruencia reclamada al respecto.

María Dely Atiare Salazar, Directora Departamental de Santa Cruz de la Procuraduría General del Estado a través de su abogado en audiencia, manifestó que:

1. 1)Esa entidad no tuvo conocimiento en ningún momento sobre el proceso penal seguido por la entidad accionante contra los ahora terceros interesados;
2. 2)Al inicio de cada gestión, todas las autoridades judiciales son notificadas con la resolución procuradurial que determinó en qué tipo de procesos intervendrá esa entidad, no habiéndose cumplido ello con relación al proceso penal del cual deviene esta acción de defensa;
3. 3)En caso de denegarse la tutela, se acudirá a las correspondientes vías ordinarias y en caso de ser necesario, a las vías extraordinarias, con la finalidad de reparar la omisión de su participación;
4. 4)La entidad accionante carece de legitimación activa para interponer esta acción tutelar. Tampoco estaba facultada para objetar la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, lo cual debió ser observado por el Fiscal Departamental ahora accionado; y,
5. 5)La Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19, no cumplió con las exigencias elementales requeridas por la normativa, encontrándose carente de fundamentación y motivación; ya que se limitó a indicar que la referida Resolución Fiscal de Rechazo objetada estaría conforme a derecho, cuando resulta evidente que la misma fue pronunciada sin agotar todos los medios investigativos apartándose de los principios de legalidad y objetividad que rigen la labor del Ministerio Público.

Betty Carolina Ortuste Tellería, Directora del Servicio Jurídico Departamental (SJD) y Vanessa Egüez Añez Directora de Asuntos Contenciosos (DAC), en representación legal del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, mediante memorial presentado el 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 860 a 877, así como en audiencia, manifestó que:

1. i)La entidad accionante no estableció el nexo de causalidad entre los derechos supuestamente vulnerados y los hechos denunciados, omitiendo señalar cual fue la deficiencia argumentativa y la errada labor interpretativa por parte de las autoridades ahora accionadas;
2. ii)La entidad accionante no tomó en cuenta la teoría de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, establecida en numerosos fallos constitucionales, con la finalidad de verificar si la labor interpretativa de las autoridades ahora accionadas fue insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente; pretendiendo que la jurisdicción constitucional actúe como un tribunal casacional;
3. iii)La jurisdicción constitucional se encuentra impedida de efectuar una nueva valoración de la prueba aportada, correspondiendo esa labor a la jurisdicción ordinaria; y,
4. iv)La entidad accionante se limitó a señalar los elementos probatorios presentados junto con la denuncia, omitiendo exponer las razones por las que consideró que dichos elementos fueron interpretados de manera errónea.

Marcelo Suarez Bello, Director Departamental de Administración y Finanzas y Fernando Soria Galvarro Bort, Director de la Unidad de Presupuesto, ambos de la entonces Prefectura del departamento de Santa Cruz, a través de su abogado, en audiencia manifestaron que:

1. a)De conformidad con la SCP 1244/2015-S3 de 9 de diciembre, pronunciada en un caso similar al presente, se tiene que la entidad accionante no cuenta con legitimación activa para presentar esta acción de defensa, estando limitada su participación al establecimiento de indicios de responsabilidad penal y la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público; siendo la Procuraduría General del Estado la entidad con legitimación activa en casos donde el Estado tenga participación o interés, como el presente caso;
2. b)La entidad accionante no cumplió con los presupuestos establecidos en la doctrina de las auto restricciones para que la jurisdicción constitucional ingrese a la revisión de la prueba aportada, correspondiendo declarar la improcedencia de esta acción de defensa;
3. c)La entidad accionante no identificó qué pruebas no fueron valoradas por las autoridades ahora accionadas, ni el valor que tendría cada una de ellas;
4. d)La presente acción de defensa debió plantearse únicamente contra el Fiscal Departamental ahora accionado y no así contra los Fiscales de Materia hoy coaccionados, quienes carecen de legitimación pasiva; y,
5. e)La Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, cumplió con los estándares mínimos para contar con una adecuada y suficiente motivación y fundamentación; ya que expuso una relación de los hechos, realizó una valoración descriptiva de los elementos probatorios recolectados en la etapa investigativa, presentó una valoración intelectiva de los mismos, y expuso las razones jurídicas de su determinación. En efecto, no es verdad que las autoridades ahora accionadas hubieran vulnerado el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 111 de 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 886 vta. a 889, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)De la lectura de la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19, se tiene que el Fiscal Departamental ahora accionado expuso de manera amplia y clara las razones y fundamentos jurídicos de su decisión, realizando un análisis del caso concreto, y valorando de manera integral todos los elementos que cursan en antecedentes;
2. 2)El Fiscal Departamental ahora accionando bajo el principio de objetividad, refirió que no concurrieron los elementos constitutivos del tipo penal denunciado que permitan fundar una eventual imputación formal; asimismo, señaló que en la fase investigativa no se logró obtener los suficientes elementos que generen la convicción necesaria para la emisión de otro requerimiento conclusivo; por lo que decidió ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018 objetada;
3. 3)Si bien la motivación y fundamentación expuesta por el Fiscal Departamental hoy accionado no es ampulosa; sin embargo, expresa de manera clara las razones por las que asumió la decisión de ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo pronunciada por los Fiscales de Materia ahora coaccionados; no siendo evidente la falta de fundamentación, motivación y congruencia denunciada por la entidad accionante; y,
4. 4)En virtud a la doctrina de las auto restricciones, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de valorar la prueba presentada; puesto que, la entidad accionante no aportó la suficiente carga argumentativa para efectuar la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba cuestionada.

La entidad accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y de los principios de verdad material y legalidad; puesto que:

1. i)Los Fiscales de Materia ahora coaccionados mediante Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, rechazaron la denuncia que presentó contra los funcionarios públicos ahora terceros interesados; sin ninguna fundamentación, motivación ni valoración de los elementos probatorios adjuntos; y,
2. ii)El Fiscal Departamental ahora accionado a través de la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 de 22 de agosto de 2019, con una falta de objetividad ratificó la referida Resolución Fiscal de Rechazo sin una adecuada fundamentación, motivación y congruencia; ya que:
3. a)Manifestó que los elementos de convicción deben ser suficientes para destruir el estado de presunción de inocencia de los imputados; a pesar que dentro del proceso penal de referencia no se tenía imputación alguna;
4. b)Omitió considerar toda la prueba presentada junto con la denuncia, limitándose a señalar al Informe Legal "LS/XP/Y14" y a las declaraciones informativas, demostrando una falta de objetividad e incumplimiento de los principios de verdad material y legalidad;
5. c)Con una escasa valoración, se limitó a señalar que se aprobaron las modificaciones presupuestarias, sin tomar en cuenta que esa aprobación no se constituye en una autorización expresa de gasto, y menos de que se disponga recursos del IDH;
6. d)Únicamente se refirió al delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, para luego exponer argumentos relativos al delito de prevaricato, sin percatarse que la denuncia no fue planteada por este último delito; y,
7. e)Omitió considerar que según el art. 112 de la CPE, los delitos de corrupción son imprescriptibles.

Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión..." (las negrillas son nuestras). En cuanto al deber de fundamentar y motivar las resoluciones de rechazo de denuncia, la SCP 0924/2013 de 20 de junio, concluyó que: "...el art. 40.11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), dentro de las atribuciones de los fiscales de materia establece la de: 'Resolver de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo, el sobreseimiento, acusación formal en los plazos que establece la Ley', debiéndose entender que la resolución que resuelve su objeción también debe encontrarse debidamente fundamentada, máxime cuando el art. 57 de la misma, norma establece que: 'Las y los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias, en el juicio y por escrito, en los demás casos que la Ley disponga observando las formas procesales que correspondan'; es decir, que los requerimientos de rechazo deben encontrarse razonados y con el debido sustento legal, sin que ello implique la exposición exagerada de consideraciones o citas legales sino más bien que contenga una estructura de forma y de fondo justificable, de tal manera que permita a las partes conocer las razones por las cuáles se ha tomado tal determinación; así el art. 304 del CPP, determina: 'El fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, cuando:

1. 1)Resulte que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no ha participado en él;
2. 2)No se haya podido individualizar al imputado;
3. 3)La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación; y,
4. 4)Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso. En los casos previstos en los incs. 2), 3) y 4), la resolución no podrá ser [modificada] mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso'" (las negrillas fueron agregadas).

La SC 2016/2010-R de 9 de noviembre, cuyo entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0632/2012 de 23 de julio y 0394/2018-S1 de 13 de agosto, entre otras, refirió que: "...uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber:

1. a)Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y,
2. b)por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa.