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TCP

0054/2020-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de marzo de 2020
Resumen del caso

Auto 0054/2020-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0054/2020-RCA Sucre, 2 de marzo de 2020

Expediente: 33162-2020-67-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 022/2020 de 5 de febrero, cursante a fs. 75 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Richards Vallejos Reas contra Gregorio Aro Rasguido y Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 31 de enero de 2020, cursante de fs. 29 a 73, la parte accionante refiere que, dentro la demanda contenciosa administrativa que formularon contra Jhonny Oscar Cordero Nuñez, Director Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), solicitando la anulación de la Resolución Administrativa RA-SS 1266/2016 de 7 de junio, emitida dentro el proceso de Saneamiento Simple de Oficio (SAN-SIM) del polígono 264, del predio denominado Ministerio de Defensa, ubicado en la provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba, la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental dictó la Sentencia Agroambiental S2ª 047/2019 de 19 de junio, declarando improbada la demanda, sin efectuar un análisis y evaluación fundamentada de los elementos probatorios que presentó, tampoco con la exigencia de la , respecto a la valoración de la prueba, incumpliendo los presupuestos establecidos en los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), aplicable en materia agraria por el régimen de supletoriedad establecido en el art. 78 de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996- modificado en lo concerniente al art. 192.2 de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006-, hecho que además fue reconocido por el Secretario de la Sala Segunda del citado Tribunal, quien en su informe expresó que: "...los documentos no son originales los cuales no fueron observados oportunamente por Secretaria de Sala Segunda (...) cursa Cite DGAJ ? 4014/2017 de fecha 14 de noviembre de 2017, suscrito por el Abog. Juan Pablo Luna Apaza, Director General de Asuntos Jurídicos INRA, mediante la cual remite el expediente ? 266-1 correspondiente al predio denominado ?Ministerio de Defensa y Sindicato Agrario Cotapachi', con 48 cuerpos en original, cabe hacer notar que de acuerdo al cargo de recepción registrado por la Auxiliar de Secretaria de Sala Segunda cursante a fs. 489 vta., se tiene la siguiente observación 'el cuerpo 46 falta (no existe), pero la foliación esta continuada entre el cuerpo 45 y 47..."' (sic).

En cuanto a la tramitación del proceso de saneamiento, alega que, la acumulación de su trámite al Sindicato Agrario y Ministerio de Defensa expediente 266, fue ilegal, en razón a que su predio denominado RICHARDS, está separado por el límite natural o arcifinio del Rio Rocha, ubicado en Esquilan Chico, como consta en la certificación emitida por el Corregidor, acreditando estar en posesión antes de la promulgación de la Ley 1715. El Informe Técnico SAM-SIM 105/2010 de 12 de noviembre, sugirió que su caso se acumule al expediente 266, sin un plano geo-referencial y documentación idónea que justifique que la propiedad RICHARDS, estuviese ubicado dentro el área de saneamiento del Sindicato Agrario Cotapachi o del Ministerio de Defensa o existiese sobre posición. El Informe Legal USCC 003/2010 de 12 de noviembre, ratificó que su caso sea anexado al expediente 266, haciendo referencia a la existencia de un memorial de oposición de 6 de octubre de 2010, que es el Informe Técnico US 119/2010 de la misma fecha.

La Resolución Administrativa (RA) 059/2010 de 15 de noviembre, dispuso la ampliación del relevamiento e información en campo del polígono 131, actuado con el cual no fue notificado, causándole un estado de indefensión, existiendo fraude judicial y actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación.

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