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TCP

0055/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
1 de abril de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0055/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0055/2019-S2 Sucre, 1 de abril de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 22799-2018-46-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 89/18 de 23 de agosto de 2018, cursante de fs. 429 a 435 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán en representación legal de la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) contra José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berríos Albizu, Edwin Aguayo Arando, Olvis Egüez Oliva, Esteban Miranda Terán, Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, Presidente, Decana y Magistrados, respectivamente, del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 1 y 6 de septiembre de 2017; y, 18 y 26 de julio de 2018, cursantes de fs. 19 a 30 vta.; 33 a 34 vta.; 100 y vta.; y, 103 a 104 vta., el representante legal de la empresa accionante, en su condición de Gerente General, expresa los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La EMV de Oruro, revertida de manos privadas a dominio del Estado, por Decreto Supremo (DS) 29026 de 7 de febrero de 2007, se constituye en una empresa estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia, cumpliendo la misión de fundición de estaño, efectuando exportaciones de este producto en lingotes en el marco de los términos internacionales de comercio, bajo la modalidad "FOB ÁRICA" (sic), que define tres gastos para la empresa que son: El flete terrestre de Vinto - Árica; el seguro desde la planta hasta el puerto de Árica; y, los gastos en puerto que se ocasionan al recibir la carga, que se denominan gastos de realización. En tal sentido, precisa que, la EMV compró concentrados de estaño de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) - Empresa Minera Huanuni, que le extendió las facturas 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637 y 638; posteriormente, después de la conversión del concentrado en metálico, se utilizó el auxilio de empresas transportadoras que a su vez otorgaron facturas por sus servicios, cumpliéndose de esta manera la normativa existente al respecto.

Añade que, considerando que la legislación nacional regula la modalidad de devolución tributaria, acto por el que el Estado restituye en forma parcial o total impuestos efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que cumplan las condiciones instituidas en la normativa; la EMV solicitó la restitución de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), por el importe de Bs15 017 992.-(quince millones diecisiete mil novecientos noventa y dos bolivianos), por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente al periodo fiscal agosto de 2011, mediante formulario 1137; importe que según la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), es de Bs11 603 416.-(once millones seiscientos tres mil cuatrocientos dieciséis bolivianos); a cuyo efecto, emitió la Resolución Administrativa (RA) CEDEIM PREVIA 23-00559-12 de 27 de agosto de 2012, estableciendo que esta última suma es la que incumbe devolver respecto al valor agregado del referido periodo fiscal, determinando asimismo que el monto no sujeto a devolución corresponde a la suma de Bs2 145 727.-(dos millones ciento cuarenta y cinco mil setecientos veintisiete bolivianos), por cuanto la factura 641, no fue incluida en el detalle de facturas comprometidas por el contribuyente; y, sobre el crédito fiscal no sujeto a devolución se observó que las notas fiscales de respaldo no demuestran el 100% del pago de los importes facturados por sus proveedores.

Contra esta determinación se interpuso recurso de alzada, emergente del cual el Director Ejecutivo de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1051/2012 de 17 de diciembre, revocando parcialmente la RA CEDEIM PREVIA 23-00559-12, dejando sin efecto, en consecuencia, el reparo de Bs2 145 727.-, confirmando el monto de Bs11 603 416.-, declarando como importes sujetos a devolución Bs13 749 143.-(trece millones setecientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y tres bolivianos), por el periodo fiscal de agosto de 2011; determinación contra la cual, tanto la EMV como la Gerencia Distrital del SIN Oruro, interpusieron recurso jerárquico.

Resalta, en ese marco que, el Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0475/2013 de 22 de abril, resolviendo revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1051/2012, en la parte referida a las compras que no cuentan con el sustento de medios fehacientes de pago, manteniendo firme la depuración de crédito fiscal parcial por medios fehacientes de pago por el importe de Bs1 686 196,32.-(un millón seiscientos ochenta y seis mil ciento noventa y seis 32/100 bolivianos) correspondiente a las facturas 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637 y 638, persistiendo la revocación por las retenciones efectuadas por concepto de regalías mineras y pagos por contraprestación, dejando sin efecto la observación por medios fehacientes de pago por Bs459 530,68.-(cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos treinta 68/100 bolivianos), resultando el importe sujeto a devolución de Bs12 062 946,68.-(doce millones sesenta y dos mil novecientos cuarenta y seis 68/100 bolivianos), por el periodo fiscal de agosto de 2011.

No obstante a lo determinado en esta última Resolución, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, formuló demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuya Sala Plena, emitió la Sentencia 401/2016 de 19 de septiembre, declarando probada dicha demanda, revocando parcialmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0475/2013 y la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1051/2012, manteniendo firme y subsistente la RA CEDEIM PREVIA 23-00559-12, en cuanto a las facturas 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637 y 638; decisión que acusa en la demanda tutelar que incoa, por vulnerar los derechos de la empresa accionante, al no tener una debida motivación y fundamentación, omitiendo además los argumentos de la contestación de la AGIT, dentro de la demanda contencioso administrativa, las pruebas presentadas, así como los fundamentos de la intervención de la EMV, como tercera interesada, incurriendo por otro lado, en una interpretación errónea de la norma y aplicación indebida de la ley contenida en los arts. 125 del Código Tributario Boliviano (CTB); 1 y 2 de la Ley 963 de 23 de marzo de 1999, que modifica los art. 12 y 13 de la Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones -Ley 1489 de 16 de abril de 1993; 8 inc. a) y 11 de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986; 3, 10 y 24 inc. 3) del DS 25465 de 23 de julio de 1999; 8 del DS 21530 de 27 de febrero de 1987; 4.IV inc. b) del DS 29577 de 21 de mayo de 2008; y, 37 del DS 27310 de 9 de enero de 2004 (modificado por el art. 12.III del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Estima lesionados los derechos de la empresa que representa al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, además del principio de seguridad jurídica, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

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Tribunal Constitucional Plurinacional1 de abril de 20190055/2019-S2Fuente oficial