0055/2021-O

En cuanto a lo anteriormente señalado, alegó que la Resolución Jerárquica MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-AR 001, no se pronunció de manera fundamentada y motivada sobre la legalidad o ilegalidad del Memorando RR.HH.D.D.E.CH. 31/2018 de desvinculación laboral, ni de las cuestiones expuestas en su memorial de recurso jerárquico, mucho menos adoptó una determinación en sujeción a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; puesto que:

1. a)Ignoró el mandato contenido en el art. 233 de la Constitución Política del Estado (CPE), debido a que la Superintendencia de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió expresamente la Resolución SSC-018/2003 de 24 de febrero, declarando su condición de funcionaria de carrera institucionalizada en el cargo de Secretaria II de la Unidad de Administración de Recursos del SEDUCA Chuquisaca, bajo el ítem 179; aspectos que no fueron considerados por la autoridad accionada al momento de analizar el referido Memorando, lo que vulneró su derecho fundamental al debido proceso sustantivo. De esa manera, su desvinculación se efectuó en prescindencia absoluta de los mecanismos legales e institucionales establecidos por el ordenamiento jurídico, porque únicamente el Estatuto del Funcionario Público y la Norma Suprema establecen los casos en los que procede su destitución como funcionaria de carrera; mecanismo reglado que no fue observado por las autoridades accionadas ni por las actuales, en consecuencia, su despido se constituye un acto arbitrario y vulneratorio del debido proceso y la estabilidad laboral;
2. b)No consideró su derecho a la estabilidad laboral como funcionaria de carrera al no fundamentar ni motivar respecto a ese derecho adquirido, que tenía que analizarse en el marco de la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad conforme determina el "art. 11 inc. b)" del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de octubre de 1999-;
3. c)Desconoció la doctrina constitucional sobre el derecho adquirido y la línea jurisprudencial establecida en la "...SC 1421/2004-R, No 0069/2006 y SCP 1717/2012..." (sic) que indica que dicho derecho entra al patrimonio de una persona natural o jurídica y se hace parte de él, por lo que no puede ser vulnerado sino respetado por quien lo creó y reconoció legítimamente, mediante la prohibición de que las leyes posteriores pretendan regularlo nuevamente; ello, en el marco del principio de seguridad jurídica;
4. d)La Ley de la Educación "Avelino Siñani-Elizardo Pérez" suprimió los SEDUCA, en los que fue institucionalizada, y creó las nuevas Direcciones Departamentales de Educación (DDE) efectuando una reestructuración. Bajo ese contexto, fue emitido el Memorando 000058 de 1 de noviembre de 2013, designando a su persona al cargo de "Técnico de Recepción y Entrega de Boletas", sin que se pusiera a su conocimiento que el cambio del cargo que la misma institución le obligó a asumir, implicaría la pérdida de su condición de funcionaria de carrera; aspecto que no fue considerado al analizar el Memorando RR.HH.D.D.E.CH. 31/2018, que desconoció su derecho adquirido de funcionaria de carrera, que no pudo perder por el simple hecho de no reclamarlo, como erróneamente indica la Resolución Jerárquica MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-AR 001;
5. e)No tomó en cuenta el art. 41 inc. e) del EFP que prohíbe la destitución arbitraria de un funcionario de carrera; puesto que la desvinculación procederá únicamente previo proceso de evaluación que concluya con un informe de destitución, según lo establecido en los arts. 28 y 29 de la indicada norma, y 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG), o cuando se impone una sanción de destitución a través de una resolución ejecutoriada, lo cual no ocurrió en el presente caso, evidenciándose el desconocimiento del orden jurídico imperante en el procedimiento de destitución a funcionarios de carrera, lo cual torna al Memorando RR.HH.D.D.E.CH. 31/2018, en una medida de hecho arbitraria y contraria al Estado Constitucional de Derecho; f) Incumplió el precedente constitucional en vigor aplicable al caso concreto, cuya razón de la decisión genera efecto vinculante para la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, al contener el estándar jurisprudencial más alto respecto a la protección a la estabilidad laboral y al debido proceso de los funcionarios de carrera, como es la SCP 0086/2018-S3 de 28 de marzo, que contiene una problemática similar a la presente. En ese orden, no se cumplió el precedente jurisprudencial referido a la comunicación de forma expresa sobre la pérdida de la calidad de servidor público de carrera por cambio o movimiento de cargo, porque en el caso en análisis, al recibir el memorando de cambio de funciones no se hizo conocer a su persona que ello implicaría la pérdida de su condición de funcionaria de carrera, por lo que su desvinculación resulta arbitraria, sin que sea válida la afirmación del Director Departamental de Educación de Chuquisaca, respecto a que la invitó a retornar al cargo de Secretaria, el cual no aceptó; argumento que sirvió para alegar un supuesto acto consentido, cuando se trataba de una simple conjetura que fue desvirtuada por el propio contenido del memorando de cambio de funciones. Otro precedente constitucional obviado, es aquel que refiere que la desvinculación laboral del funcionario de carrera solo procede previo proceso de evaluación que concluya con un informe de destitución o de conformidad con los arts. 28 y 29 del EFP, y 29 de la LACG; puesto que en la causa nunca se realizó una evaluación donde su persona reprobara, y como consecuencia de ello, se la destituyera, ni se siguió un proceso disciplinario contra su persona. Tampoco se tomó en cuenta el criterio constitucionalizado en cuanto a que la calidad de servidor público de carrera se constituye en un derecho que no puede renunciarse ni siquiera por convenciones o normas posteriores que limiten los derechos adquiridos por el trabajador, debido a que una vez declarada la condición de servidor público de carrera a través de una resolución administrativa, el derecho laboral se consolida y se convierte en una conquista laboral. En consecuencia, la Resolución Jerárquica MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-AR 001 no solo incumplió la SCP 0709/2019-S3 sino la jurisprudencia constitucional vinculante como fuente directa del Derecho; y, g) No consideró su condición de mujer, madre, cabeza de familia, cuyo despido arbitrario ocasionó graves consecuencias socioeconómicas para su familia, agravadas por la emergencia sanitaria a causa de pandemia del Coronavirus (COVID-19), por lo que deben observarse los arts. 2 inc. c) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, "8.1 y 2" y 115.II de la CPE, al momento de emitirse una nueva resolución jerárquica.

I.1.1. Petitorio Solicita que:

1. 1)Se declare "probada" la queja por incumplimiento de la SCP 0709/2019-S3; y,
2. 2)Se disponga la emisión de una nueva resolución jerárquica en sujeción a la Constitución Política del Estado, al bloque constitucional y la jurisprudencia nacional e interamericana, garantizando el debido proceso vinculado a la estabilidad laboral por su condición de funcionaria de carrera, sea con enfoque de género e interseccionalizado, en la que se la restituya a su fuente laboral, cancelándose sus salarios devengados, derechos y demás beneficios dejados de percibir a causa de su ilegal destitución. I.2. Informe de las autoridades cuestionadas de incumplimiento

Fabiola Pareja Gutiérrez, Yecid Adalid Mollinedo Mejía y Roger Lidio Chuquimia Mamani, representantes legales de Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante memorial presentado el 7 de octubre de 2021, cursante de fs. 599 a 601, manifestaron que:

1. i)De acuerdo a la Comisión Instruida 61/2021 expedida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, ese Ministerio cumplió con la SCP 0709/2019-S3, emitiéndose la Resolución Jerárquica MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-AR 001 y el decreto de radicatoria MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-RC 001, ambos de 4 de enero de ese año, que fueron notificados a la activante de queja y al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca; determinación que se enmarcó en el Reglamento de Impugnación al Régimen Laboral de las Servidoras y Servidores Públicos -Resolución Ministerial (RM) 014/10 de 18 de enero de 2010-; y,
2. ii)La activante de queja motivó la emisión del exhorto suplicatorio 86/2021 de 14 de septiembre, por el cual pretende, fuera de todo marco legal, el pronunciamiento de una nueva resolución con enfoque de género en contexto de la pandemia, cuando ello no formó parte de sus alegatos y peticiones en la acción de amparo constitucional, siendo que ya fue notificada el 6 de enero de 2021 con la citada Resolución Jerárquica y el referido decreto de radicatoria, sin que la activante de queja solicite complementación alguna; por esos motivos, no corresponde que los nuevos argumentos formulados por la nombrada sean considerados, ya que aquello no significa la negación, desconocimiento o vulneración del enfoque de género y el contexto de la pandemia. Razones por las que solicitaron el rechazo "in límine" del memorial de "2" -lo correcto es 1- de septiembre de 2021, debiendo la accionante acudir a las instancias pertinentes.