0055/2021-S1

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. a)Su libertad; y,
2. b)La aplicación de medidas cautelares de carácter personal descritas en el art. 231 Bis del CPP.

El solicitante de tutela a través de su abogado, en audiencia se ratificó en el contenido íntegro de los términos expuestos en su memorial de acción de libertad, y ampliando los mismos, señalo lo que a continuación se detalla:

1. 1)En la audiencia de aplicación de medidas cautelares la jueza cautelar indicó de manera puntual que era obligación del imputado presentar pruebas para acreditar que tiene domicilio y familia, además de demostrar que tiene una ocupación, extremo que se reclamó de manera particular en la audiencia de apelación incidental, porque a partir de la modificación de la Ley 1173, la SC 276/2018-S2 de manera puntual establece que, la carga de la prueba le correspondía al Ministerio Público o a la víctima o querellante, para acreditar de manera fundamentada los riesgos procesales de fuga y obstaculización, pero ahora el Código de Procedimiento Penal fue modificado por la Ley 1226 y 1173, en la última parte de los arts. 234 y 235, que establece que el peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 del "presente" artículo, de igual manera el peligro de obstaculización tampoco se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstancias que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y de la razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la investigación de la verdad;
2. 2)El Ministerio Público no aportó ningún elemento de convicción que hagan suponer duda razonable al juzgador respecto a que el imputado no tenga un domicilio, un trabajo y una familia debidamente acreditadas en la localidad de Challapata, no se aportó ningún elemento de convicción ni un informe del SEGIP, donde se pudiera encontrar contradicción del domicilio que hubiera presentado el imputado en sede fiscal;
3. 3)Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, ratificó en parte el Auto Interlocutorio 54/2020 de 18 de junio, ratificando el criterio de que era su obligación presentar, en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, documentos que demuestren que tenía domicilio, una ocupación y una familia debidamente acreditados en la localidad de Challapata, empero al momento de presentar la declaración informativa en sede fiscal, manifestó que tiene domicilio, que sería soltero y de ocupación estudiante, lo que está plasmado en la imputación formal y era obligación del Ministerio Público o de la víctima o querellante, demostrar que el domicilio que señaló no existía o que no vive en el mismo, y eso se reclamó en la audiencia de apelación, asimismo la Sala Penal Primera, ratificó el Auto Interlocutorio 54/2020, indicando que sería un peligro para la sociedad y en especial para la víctima, por el delito que se cometió, por lo que se reclamó por la aplicación del principio de presunción de inocencia, que no se respetó en su caso; y
4. 4)El Vocal de la Sala Penal Primera, ciertamente modificó lo establecido en el art. 235.2 del CPP, y concluyó que su persona no influirá en los testigos, pero si en la víctima, cuando el art. 235 dice que no se pude dejar latente el riesgo procesal en meras suposiciones y en este caso se está tratando de una mera suposición, lo que dio lugar a que planteen la acción de libertad contra el Auto de Vista 85/2020-SP1.

José Miguel Vásquez Castelo, Vocal Presidente de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe escrito cursante a fs. 53 y vta., señaló que:

1. i)El impetrante de tutela refiere que se lesionó su derecho al debido proceso; sin embargo, no explica que elemento de esa garantía constitucional se habría vulnerado, lo que hace inviable la tutela;
2. ii)Como autoridad judicial de alzada procedió a analizar todos los aspectos cuestionados por el recurrente, y en la parte de fundamentación del recurso de alzada del Auto de Vista, se razonó y confirmó la resolución cuestionada, con el argumento principal de que la jueza a quo había obrado de acuerdo a los datos del proceso, porque la medida cautelar de ultima ratio, como es la detención preventiva, ha sido dispuesta por la concurrencia del riesgo procesal de fuga contenido en el art. 234.7 del CPP modificado por la Ley 1173 y por la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización contenido en el art. 235.2 del mismo Código, modificado por la Ley referida;
3. iii)Los riesgos procesales fueron fundados sobre elementos objetivos, que el Ministerio Público ha acreditado en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, aplicando además la perspectiva de género, lo cual está permitido de acuerdo a la amplia jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como por la última parte del art. 414 del CPP, aplicando esta disposición legal por el principio de analogía; y,
4. iv)La resolución ahora objeto de análisis no ha lesionado ningún derecho, aclarando además que el componente domicilio no fue un elemento esencial para disponer la detención preventiva, sino que la autoridad judicial del proceso realizó un análisis integral de los riesgos procesales acreditados por el Ministerio Público, lo que fue advertido y complementado en su fundamentación por la autoridad demandada.

David Jaime Vargas Hurtado, Fiscal de Materia de la localidad de Challapata, en audiencia señaló que:

1. a)El informe preliminar y los indicios en fase preliminar han sido suficientes para sustentar una imputación y para imputar, solo se requieren indicios necesarios de la posible participación y ya en etapa preparatoria se han acumulado incluso más elementos, y se han encontrado prendas de vestir, orejeras del imputado, a quien le ubican en el lugar, entonces la "concurrencia del numeral 1 del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, se acreditó en aquella audiencia; respecto al numeral 2 del artículo 233, respecto al peligro de fuga y obstaculización, en aquella audiencia" (sic), respecto al numeral 7 del art. 234 del CPP se ha presentado un informe psicológico, en el que la víctima ha relatado todo lo que ha sucedido en aquella fecha;
2. b)El Auto de Vista 85/2020-SP1, ahora impugnado, hizo una valoración integral de todos los elementos y de los argumentos vertidos en la audiencia de apelación incidental, ponderando el derecho que le asiste a la víctima conforme al art. 60 de la CPE; y,
3. c)La SCP 0007/2019-S4 de 27 de febrero, señala que cuando se trata de delitos vinculados a violencia sexual, siempre debe ponderarse los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como en el presente caso, por lo que solicita se deniegue la tutela.

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justica de Oruro, mediante Resolución Constitucional 002/2020 de 17 de julio, cursante de fs. 60 a 62 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos:

1. 1)La indebida privación de libertad se da cuando una persona es privada de su derecho de locomoción por una autoridad sin competencia, cuando se le priva de ese derecho sin orden legal o mandamiento que motive dicha privación; y en el presente caso el imputado fue privado de su libertad por medio de una resolución judicial, emanada de una autoridad competente que se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones legales, por tal motivo, no existe posibilidad de que el Vocal accionado subsuma su actitud al haber emitido el Auto de Vista en cuestión, en una indebida privación de libertad;
2. 2)El indebido procesamiento, es lo contrario al debido proceso, es una garantía subjetiva constitucional que, en sí misma enmarca varios derechos y garantías; es decir, contiene elementos constitutivos del debido proceso, y en la acción de libertad presentada no se aclara cuál de estos elementos hubiera sido vulnerado por la autoridad demandada;
3. 3)De lo previamente señalado se concluye que sobre la indebida privación de libertad denunciada por el solicitante de tutela, no corresponde tutela alguna, y sobre el indebido procesamiento, efectivamente se puede tutelar el mismo, en su elemento de fundamentación, sin embargo en el caso analizado no se puede tutelar ya que la autoridad demandada ha fundamentado, y este tribunal no es de tercera instancia ordinaria, que pueda conocer y valorar las pruebas que dieron lugar a que en este caso se establezcan los riesgos procesales de fuga u obstaculización;
4. 4)La Autoridad demandada, fundamentó su decisión amparado en el art. 234.1 del CPP en su elemento de domicilio "el Vocal mal o bien ha expresado sus razones para tener por latente este riesgo procesal" (sic), en consecuencia no hay vulneración al derecho a la debida fundamentación;
5. 5)Sobre el art. 234.4 del CPP, si bien no fue cuestionado por el demandante de tutela, se tiene que la autoridad demandada actuó de manera equilibrada e imparcial;
6. 6)En referencia al art. 234.7 del CPP, la autoridad demandada, expresó sus razonamientos para mantener subsistente ese riesgo procesal, debido al informe psicológico que concluyó que la víctima tiene temor desde que se produjo el hecho denunciado, lo que significa que el, justificó su decisión de mantener latente este riesgo procesal, lo que implica que tiene una debida fundamentación; y,
7. 7)Sobre el art. 235.2 del CPP, el Vocal demandado, sostuvo que las declaraciones testificales confirman que la víctima puede ser influenciada por el imputado por lo que persistiría este riesgo procesal, lo que implica que la autoridad demandada al haber fundamentado sus razones de manera textual en el Auto de Vista, no existiría falta de fundamentación, máxime que el Fiscal en su alocución ha establecido que en este caso existe una víctima menor de edad y el art. 60 de la CPE otorga un trato preferente a todas las víctimas menores adolescentes.