Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0055/2026-O Sucre, 23 de febrero de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 29948-2019-60-AAC Departamento: Santa Cruz
En conocimiento de las quejas por sobrecumplimiento de la y el Auto Constitucional Plurinacional (ACP) 0010/2023-O de 21 de marzo, emitidos dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosario Justiniano de Dabdoub contra María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, ex Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la queja por sobrecumplimiento
Por memorial de 24 de junio de 2024, cursantes de fs. 2328 a 2338; Rufo Nivardo Vásquez Mercado, ex Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, formuló queja por sobrecumplimiento del y la , manifestando que:
Mediante memorial de 28 de noviembre de 2023, cursante de fs. 2203 a 2208, Rosario Justiniano de Dabdoub -accionante-, denunció que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 048/2023 de 3 de noviembre, incumplía lo dispuesto por el y la , puesto que, repite las mismas vulneraciones que fueron la causa de la anulación la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 82/2017 de 17 de agosto de 2017, sin tomar en cuenta el fallo constitucional primigenio.
La entonces accionante sustentó su queja en que los informes técnicos sobre la ubicación de los predios "El Porvenir", "El Progreso", "Los Troncos" y "El Pajal", fueron utilizados para concluir la sobreposición de dichos predios, particularmente del primero, con las áreas "BOLIBRAS I" y "BOLIBRAS II", argumento que resulta limitado e insuficiente para resolver la demanda contenciosa administrativa, porque la , estableció que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 082/2017 lesionó su derecho al debido proceso al no analizar ni pronunciarse acerca de la superficie restante a las "1 142.3456 ha", sobre la cual la accionante reclamó haber cumplido la Función Económica Social (FES); sin embargo, la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 048/2023, no cumplió con la obligación emergente del aludido fallo constitucional, de verificar el cumplimiento de la FES en todo el terreno ocupado y reclamado, que comprende los predios "El Porvenir", "El Progreso", "Los Troncos" y "El Pajal".
Agregó que la verificación de la FES es un proceso que tiene más componentes que la sola revisión de antecedentes, como lo hizo la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 048/2023, que de manera insuficiente afirmó que el predio "Los Troncos" se encuentra con afectación de nulidad absoluta por incumplimiento de los arts. 22 de la CPE -pág. 30- y 5 del DS 3463; normas que no son aplicables, en virtud de la jurisprudencia constitucional que señala la aplicación preferente del art. 397 de la Norma Suprema, respecto a que la fuente de adquisición y conservación de la propiedad agraria es el trabajo, similar ausencia de análisis sobre el cumplimiento de la FES, conforme al artículo antes mencionado, se tiene sobre el predio "El Progreso" en cuyo análisis se limitó a afirmar que existió imposibilidad de identificar el predio, y de manera confusa, que no se demostró un antecedente de propiedad, pero se nombra a la familia de la entonces accionante como propietarios, estando en evidencia la verdad material la tradición familiar sobre el terreno. Al margen de la arbitrariedad señalada sobre la existencia o no de tradición o formalidades, como imposibilidad de identificar el predio por ausencia de planos; realzando que es evidente la ausencia de análisis de su posesión conforme al art. 397 de la CPE.
Y que, conforme explicó, la justicia constitucional ordenó al Tribunal Agroambiental, revisar el cumplimiento o no de la FES por parte de su persona, en los terrenos que la accionante viene trabajando, y que su familia posee y trabajó en dichos predios desde hace más de 100 años, labor que guarda correspondencia en la aplicación del art. 397 de la CPE, bajo la premisa que los principios de posesión y trabajo legitiman la propiedad agraria, conforme señaló la , respecto a la aplicación del aludido artículo constitucional, y resaltó que la concesión de tutela por parte de la justicia constitucional, obliga a una modificación de la conducta lesiva a los derechos, por lo que, se encuentra prohibida la repetición del acto declarado inconstitucional o lesivo de los derechos fundamentales, citando al efecto la Sentencia C-560/19 de la Corte Constitucional de Colombia.
Dichos argumentos fueron analizados y resueltos por la Juez de garantías, mediante Resolución 408/24 de 14 de febrero de 2024, que declaró HA LUGAR la queja por incumplimiento formulada por la accionante, y dejó sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 48/2023 de 3 de noviembre, debiendo las autoridades demandadas, emitir un nuevo fallo judicial, conforme a los fundamentos de la y el .
Al respecto, sostiene que lo resuelto por la Juez de garantías, constituye un sobrecumplimiento de la , puesto que dicho fallo constitucional no ordena que las autoridades demandadas verifiquen el cumplimiento de la FES en toda la propiedad, analizando su posesión anterior, así como analizar y aplicar los arts. 95, 397, 398 y 399 de la CPE, puesto que, el , señaló: "...dispuso dejar sin efecto la Resolución agroambiental señalada y que las Magistradas demandadas emitan un nuevo pronunciamiento, extrañando ausencia de fundamentación y motivación, refiriendo los siguientes extremos:
- a)Que si bien las Magistradas demandadas, identificaron la prueba que sustenta su determinación, debieron tener en cuenta que al margen de sólo citar lo dispuesto en el Informe Técnico Complementario DDSC-COI-INF 2090/2013 de 1 de octubre, no precisaron cual la situación jurídica de la superficie restante a la sobrepuesta a las áreas de "BOLIBRAS I y II"; y,
- b)Tomando en cuenta que en el trámite de saneamiento se sugirió el reconocimiento de sólo 5 000 ha y que el reclamo de la accionante en la demanda contencioso administrativa planteada, refiere el cumplimiento de la FES en la totalidad del predio "El Porvenir"; las autoridades demandadas, debieron explicar el por qué correspondía aplicar el límite constitucional establecido para la propiedad agraria en el caso..." (el resaltado pertenece al activante de queja), concluyendo que es evidente que no se ordenó lo que ahora la Juez de garantías pretende erróneamente se cumpla; en relación a un aspecto que no fue resuelto ni dispuesto en , por lo que, existe una orden que pretende hacer sobre cumplir lo ordenado en el aludido fallo constitucional, que en atención al art. 203 de la CPE, no puede modificarse lo analizado ni resuelto por ninguna otra resolución aun haya sido emitida por el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional, más aun, cuando las denuncias por incumplimiento tienen la finalidad de la materialización del fallo constitucional con calidad de cosa juzgada y no así nuevas decisiones que pretenden modificar lo inicialmente resuelto.
I.2. Petitorio
Solicitó que su objeción sea elevada a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, para que sea resuelta conforme a derecho, y sea en el efecto suspensivo.
I.3. Respuesta a la queja
Por escrito de 24 de febrero de 2025, Rosario Justiniano de Dabdoub, respondió a la queja interpuesta, bajo los siguientes argumentos:
- a)Los activantes de la queja por sobrecumplimiento debieron haber impugnado la Resolución 408/24 de 14 de febrero de 2024, al no haberlo hecho, esta goza de calidad de cosa juzgada, no pudiendo dársele el trámite de sobrecumplimiento;
- b)La autoridad que dicta una decisión referida al cumplimiento o incumplimiento de un fallo constitucional, no es la llamada a cumplir a decisión, sino a ordenar su materialización, por lo que, no puede ser denunciada de incumplimiento o sobrecumplimiento; y,
- c)La Resolución 408/24 se constituye en una decisión ejemplar de protección al debido proceso y la eficacia de los fallos constitucionales, puesto que identifica un acto de repetición de lo anulado en la acción de amparo constitucional, ya que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 048/2023 repite en sus pág. 30 y 31, lo mismo que señaló su similar 82/2017 que fue anulada, lo que sin duda constituye un incumplimiento de la . I.4. Resolución de la Jueza de garantías a la queja por sobrecumplimiento
La Jueza Pública de Familia Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 344/25 de 25 de febrero de 2025, cursante de fs. 2957 a 2960 vta., resolvió "RECHAZAR" -lo correcto era declarar no ha lugar- la queja por sobrecumplimiento formulada por Rufo Nivardo Vasquez Mercado, ex Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, y declaró la "presentación extemporánea" de la impugnación de Eulogio Nuñez Aramayo, Director a.i. del INRA, en contra de la Resolución 408/24 de 14 de febrero de 2024, en base a los siguientes argumentos:
- i)El INRA fue legalmente notificado a fs. 2298, mediante cédula el 18 de junio de 2024, considerada valida dicha diligencia en virtud de la providencia a fs. 2369; por lo que, al haber presentado su escrito de impugnación el 4 de julio del mismo año, este se encuentra fuera de plazo; y,
- ii)Respecto a la impugnación de los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, y las adhesiones de los terceros interesados, refirió que toda queja por sobrecumplimiento tiene como base la resoluciones dictadas por los jueces o tribunales de garantías, en ese sentido, al haber dictado la Resolución 344/25 de 25 de febrero de 2025, en observancia de los fundamentos de la y el , no tiene competencia para modificar dichos entendimientos.
I.5. Impugnaciones
Víctor Hugo Claure Hinojoza y Rocio Vásquez Noza, Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, por escrito de 18 de septiembre de 2025, de fs. 3112 a 3122, impugnaron la Resolución 344/25 de 25 de febrero de 2025, manifestando que:
- a)La Resolución impugnada, incurrió en falta de fundamentación y motivación, debido a que, la Juez de garantías se limitó a efectuar una relación de antecedentes, citando reclusiones constitucionales y autos previos, sin desarrollar una fundamentación propia que justifique la decisión adoptada; es decir, carece de las razones y motivos por lo que declaro no ha lugar la impugnación -queja por sobrecumplimiento-, pues correspondía en base a los argumentos expresados por el Tribunal Agroambiental, examine los extremos mencionados en la Resolución 408/24 de 14 de febrero de 2024, y por ende la deje sin efecto, en observancia del decreto de 27 de septiembre de 2024, emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional; sin embargo, no expresó razonamiento alguno al respecto, ni explicó porque motivos declaró no ha lugar su impugnación.
Agregaron que, de la revisión de la Resolución 408/24 de 14 de febrero de 2024, se evidencia que la Juez de garantías se limitó a citar y aludir a los antecedentes, resaltando la existencia de una primera denuncia por incumplimiento a la , resuelta por el -lo que no es correcto, en virtud al , que declaró no ha lugar a la primera queja interpuesta-, para finalmente en los últimos tres párrafos indicar: "...manda a las autoridades demandadas a que verifique el cumplimiento de la FES en todas la propiedad, analizando su posesión anterior, es decir analizar y aplicar los arts. 395, 397, 398 y 399 de la Constitución..." (sic), y que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 048/2023, indicó: "...respecto de las otras 20.000 no analiza el valor de la posesión y con ello de la aplicación de los arts. 395, 397, 398 y 399 de la Constitución (...) en la demanda contenciosa, como exigió la y el ..."; lo que devela que la decisión asumida carece de una adecuada fundamentación y motivación, puesto que tenía que haberse explicado cabalmente las razones y motivos, por los que se determinó declarar ha lugar la denuncia, presentada, incumpliendo de esta manera, con los parámetros y exigencias del derecho al debido proceso.
Lo precisado adquiere relevancia constitucional, debido a que la Juez de garantías en la parte resolutiva de la decisión impugnada, dispuso que se emita un nuevo fallo agroambiental, bajo la advertencia de establecer responsabilidades, conforme al adjetivo constitucional; sin embargo, al desconocerse los razonamientos y motivos por los cuales se tomó la decisión, se tornó en una determinación arbitraria de acuerdo a la .
En ese margen, la Juez de garantías no analizó ni cotejo los argumentos expresados en la denuncia por incumplimiento, con los fundamentos de la y el , ni con los razonamientos contenidos en la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 048/2023, con el objetivo de verificar si evidentemente existió alguna omisión por la cual se hubiese incumplido el citado fallo constitucional, lo que produce el desconocimiento de los motivos y razones por las cuales se declaró HA LUGAR la denuncia por incumplimiento, ocasionando la incertidumbre en el Tribunal Agroambiental de cómo debe dar cumplimiento a la , resaltando con anterioridad mediante , expresamente se determinó que respecto a la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 16/2021 de 7 de mayo, las entonces autoridades demandadas emitieron un fallo fundamentado de conformidad al aludido fallo constitucional, conforme fue ampliamente desarrollado y fundamentado en el escrito de 2 de febrero de 2024, que no fue tomado en cuenta por la Juez de garantías.
- b)La Juez de garantías, omitió arbitrariamente analizar y pronunciarse sobre el Informe de 2 de febrero de 2024, debido a que, respecto al particular indicó que el documento fue presentado en forma física fuera de plazo, puesto que pese a que se manifestó que fue enviado vía currier, llego el 19 cuando debió ser ofrecido el 5 del mimo mes y año; lo que denota una aplicación meramente formal, sin considerar que en materia constitucional, deben resolverse los casos, en el marco del principio de verdad material y sin afectar el derecho a la defensa; producto de ello, de manera arbitraria no analizó ni consideró los argumentos expuesto en el aludido informe, pese a que los tuvo de manera digital en su despacho por haber sido enviados vía buzón judicial.
- c)Respecto a la denuncia por incumplimiento planteada por Rosario Justiniano Dabdoub, señaló que esta se fundó en:
- c.1)Que no se cumplió con la , porque de manera insuficiente se afirmaría que el predio Los Trocos se encuentra con afectación de nulidad absoluta "...por incumplimiento del art. 22 de la CPE (pag. 30) y art. 5 del DS 3463 reglamentario a la ley de Reforma Agraria; normas absolutamente inaplicables; puesto que la jurisprudencia constitucional ha determinado que se aplica con preferencia el art. 397 de la CPE, respecto a que el trabajo es la fuente de adquisición y conservación de la propiedad agraria.
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