Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0055/2026-S1 Sucre, 2 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 50194-2022-101-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 4 de 2 de septiembre de 2022, cursante de 289 a 294 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana Isabel Agreda en representación legal de la Compañía de Cemento Camba Sociedad Anónima (COCECA S.A.) contra Miguel Ángel Paiba Antelo y "toda" otra persona que se encuentre en detentación parcial o total del predio de su mandante.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante a través de su representante legal, por memorial presentado el 3 de septiembre de 2021, cursante de fs. 48 a 54 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Conforme al Acta Notariada Extraprotocolar 063/2021 de 1 de junio, demuestra que en esa fecha, el ahora accionado acompañado de un tumulto de personas armadas de machetes, palas, azadones, martillos y palos, afirmaron que los nombrados no tenían techo y su "mandante" tenía muchos terrenos y no los necesitaba, amedrentaron a los funcionarios e ingresaron violentamente al predio rústico -ahora urbano-, ubicado en la zona Sud oeste "D", barrio Equipetrol de Arroyo Concepción, municipio Puerto Quijarro, provincia Germán Bush del departamento de Santa Cruz, con una superficie de 39 0000,00 m2, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RRR) bajo matrícula Computarizada 7.14.1.01.0001548, detentando parcialmente un área aproximada de 5 000 m2, procediendo al deslinde de los límites naturales y originales del referido predio, realizando nueva mensura, división y partición en su favor sobre el área avasallada, construyendo casas precarias e incluso una pilastra para tendido eléctrico comunal, restringiendo hasta la fecha -se entiende de interposición de esta acción de amparo constitucional- el pleno ejercicio de su derecho real de propiedad, imposibilitando el ingreso, alterando los límites con el amojonamiento de postes y alambres con púas; asimismo, no se limitaron únicamente a restringirle el pleno y efectivo derecho de propiedad y su patrimonialidad; ya que, también pretendieron afectar la vida e integridad de los funcionarios de la Compañía COCESA S.A. de acuerdo al Acta Notarial Extraprotocolar 091/2021 de 10 de julio, que corresponde a la inspección notarial donde los ahora accionados prendieron fuego en los límites del predio, consumiendo el fuego la vivienda construida por inmediaciones del asentamiento, donde se encontraba durmiendo el guardia de seguridad, quien para controlar el fuego tuvo que abrir un camino improvisado por un fundo vecino cedido momentáneamente; ya que, el acceso principal se encuentra restringido, existiendo indicios objetivos de responsabilidad penal, que oportunamente se denunciarán ante el Ministerio Público.
Las medidas de hecho, provocaron una restricción al derecho a dedicarse a cualquier actividad económica lícita; ya que, cuenta con Licencia de Funcionamiento 006269, correspondiente al Padrón Municipal G80CDCCSACSA-0M; además de la manufactura de cemento, también realizan la explotación de yacimientos mediante el uso de minas; es decir, la utilización de material inflamable en partícula suspendida, almacenando y manipulando material explosivo mediante protocolos que precautelan la vida e integridad de los funcionarios y de los demás fundos colindantes, de acuerdo a la Ley de Medio Ambiente y el Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero -Decreto Supremo (DS) 26736 de 30 de julio de 2022-, que en su art. 56 determina que, cualquier actividad industrial que involucre manipulación de material altamente explosivo, debe desarrollarse en un radio de 100 metros, distante al centro urbano o a cualquier actividad privada. Extremos que fueron cumplidos al requerir la Licencia de Adecuación Ambiental y por las Actas Extraprotocolares de 1 de junio y 10 de julio de 2021, las cuales demuestran que además de impedirles el acceso, cortar violentamente y alterar linderos, pretenden afectar la vida de sus funcionarios y su patrimonialidad con el incendio provocado desde los asentamientos. Además, con dicha medida se restringe el derecho a dedicarse a la industria o a cualquier actividad lícita y actividad empresarial; ya que, ante el avasallamiento se encuentra impedida la Compañía accionante de manipular y menos estallar cualquier material que puede tener alcance explosivo o inflamable, así como cualquier actividad de manufactura similar constituida como su actividad social, restringiendo dicho ejercicio; puesto que, al hacerlo pondrían en riesgo las vidas o la integridad de los ahora accionados o los miembros de sus familias y la autoridad administrativa podría revocar la licencia para la actividad manufacturera e inclusive imponer una multa, al evidenciar centros urbanos en actividad fuera del límite permitido no declarados, disponiendo la suspensión definitiva de la actividad empresarial que ejerce eso por causas ajenas a su responsabilidad. Entonces, si bien podría acudir a la vía administrativa, esta no sería efectiva; ya que, no cuenta con facultades para disponer el desalojo a los predios avasallados y de conseguir una resolución favorable; también sería extemporánea en razón al tiempo que demoraría en agotar todas las instancias del proceso administrativo, siendo la presente acción de amparo constitucional idónea para reparar la restricción ocasionada.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada en sus elementos a usar, gozar, disfrutar y disponer de los bienes patrimoniales; a la "jurisdicción" en sus elementos a un proceso público, a la prohibición de justicia directa y a la usurpación de funciones; a la inviolabilidad del domicilio, a dedicarse a cualquier actividad económica lícita en sus elementos a ejercer la industria como actividad privada y a la actividad empresarial; citando al efecto los arts. 25.I, 47.I, 56 y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 21.I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 17.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:
- a)El cese de la violencia, presión y las demás medidas de hecho sobre su compañía COCECA S.A. y sus dependientes, así como el acopio y extracción de minerales, áridos entre otros;
- b)Que en el término máximo y perentorio de veinticuatro horas, los avasalladores que se encuentren invadiendo el predio, detentándolo de manera ilegal o por medidas de hecho, abandonen el terreno de su propiedad, retiren los postes, alambres y demás edificaciones que restringen el ejercicio de sus derechos constitucionales, bajo advertencia de librar mandamiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública y la remisión de obrados al Ministerio Público, en caso de incumplimiento;
- c)Prohibir a los accionados, familiares y demás personas involucradas en esa causa a resolver el posible conflicto de derechos mediante la justicia directa; debiendo en su caso disponer a que se acuda a las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas competentes; y,
- d)El pago de costas, costos y honorarios profesionales.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia virtual el 2 de septiembre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 280 a 288 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante a través de su representante legal en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliándolo manifestó que:
- 1)Al respecto del ahora tercero interesado fue admitido en la presente causa, conforme la "sentencia 028/2019-RS4" --, no sería necesaria; ya que, debe limitar su participación en la medida del razonamiento y que la vulneración de esos derechos positivamente ayuden a respetar el hilo constitucional formalmente establecido, en el estado social y democrático de derecho; puesto que, ésta acción de defensa es entre el accionante y el hoy accionado; y,
- 2)Hace constar que en el afán de desvirtuar cualquier tipo de violencia, el ahora accionado presentó una factura de luz de 17 de junio de 2021, a nombre de Maritza Milene Chuve de Montenegro, quien no es parte procesal de la presente acción tutelar, al igual que la Licencia Municipal de Funcionamiento 6257.
I.2.2. Informe de la persona particular accionada
Miguel Ángel Paiba Antelo, mediante memorial presentado el 13 de septiembre de 2021, cursante de fs. 238 a 239, manifestó que:
- i)Lo expuesto en el memorial de la acción de amparo constitucional es una mentira, existiendo inexactitudes y supuestos hechos recientes, cuando su persona se encontraba asentado en esos terrenos hace más de un año y que no son de la Compañía accionante.; ya que, su reja se encuentra como a 30 metros, de donde se encuentra y nadie la perturbó;
- ii)Cuenta con conexión de energía eléctrica, desde hace más de siete meses, así como licencia de funcionamiento emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz, emitida el 25 de febrero de igual año, encontrándose como reparador de llantas, asentado pacíficamente desde hace más de un año, en los terrenos baldíos que no tienen reja, ni alambrado, que no ingresó amedrentando a nadie; tampoco, a funcionarios, solo ejerció su derecho al trabajo sin que nadie le hubiese notificado; y,
- iii)Cuestiona el hecho de que la acción de amparo constitucional fuera presentada en "Roboré", cuando tanto su persona como la Compañía accionante se encuentran en el municipio de Puerto Quijarro del citado departamento, motivo por el cual el juzgado más cercano sería el referido municipio.
En audiencia pública manifestó que en ningún momento estuvo en el grupo de avasalladores y en cuanto a la quema de la casa no estaba allí; ya que, se efectuó en "otra zona y fecha" y que su persona se encontraba en otro lugar; además, de encontrarse las veinticuatro horas del día y a 40 metros del enmallado; ya que, trabaja en el lugar, que casi nunca sale del lugar; puesto que, tiene permiso para trabajar, su familia, nació en "Puerto Suarez" y no cuenta con antecedentes.
I.2.3. Intervención del tercero interesado
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