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TCP

0057/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de abril de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0057/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2019-S1 Sucre, 3 de abril de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 24351-2018-49-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 16/018 de 12 de junio de 2018, cursante de fs. 512 a 520 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Segundina Serrudo Enrríquez contra Sonia Elena Barrón Cortez y Juan Carlos Céspedes Sandoval, Vocales de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 y 30 de mayo de 2018, cursantes de fs. 480 a 490 vta.; y, de 493 a 496 vta., la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Inició proceso de divorcio contra Eduardo Azurduy Vásquez que fue tramitado en primera instancia en el Juzgado Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de Chuquisaca, concluyendo con la emisión de la Sentencia 105/2017 de 5 de julio, declarando probada la demanda de divorcio por la causal prevista en el art. 205 del Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 del 19 de noviembre de 2014-, fallo contra el cual interpuso recurso de apelación mereciendo el Auto de Vista SFNA 176/2017 de 16 de noviembre dictado por los Vocales de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Refiere que, el Auto de Vista SFNA 176/2017, emitido por las autoridades ahora demandadas vulneró su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, "seguridad jurídica" y valoración probatoria, por apartarse de los marcos de razonabilidad y equidad, además de la tutela judicial efectiva; toda vez que, incurrió en cuatro ilegalidades.

Primera ilegalidad, De conformidad al art. 324 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, los medios probatorios tienen como finalidad acreditar los hechos afirmados por las partes, producir certeza en la autoridad jurisdiccional para discernir sobre aspectos contradictorios y fundamentar sus decisiones. De acuerdo con el art. 328 del citado Código la carga de la prueba corresponde a la parte conforme a sus propias alegaciones; por imperio del art. 332 de la norma legal prenombrada, las pruebas se valorarán tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y serán consideradas integralmente, de acuerdo a una apreciación objetiva e imparcial según criterio de pertinencia, la autoridad judicial tendrá la obligación de señalar concretamente las pruebas en que funda su decisión y tiene la obligación de valorar en sentencia tanto las pruebas decisivas y esenciales; por disposición expresa del art. 361 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, la sentencia debe contener la parte motivadora con la correspondiente valoración probatoria y análisis de las normas aplicables, pues el Juez a quo no dio cumplimiento a la señalada precedentemente; ante ello, se interpuso el recurso de apelación; empero, los Vocales ahora demandados no tomaron en cuenta lo descrito precedentemente y procedieron a confirmar en su totalidad la Sentencia 105/2017.

Segunda ilegalidad, el Tribunal de alzada no consideró que el recurso de apelación interpuesto por el demandado Eduardo Azurduy Vásquez, fue presentado fuera del término de los cinco días hábiles computables a partir del siguiente día "hábil" a la notificación con la sentencia, conforme dispone el art. 443 del Código de las Familias y del Proceso Familiar; por consiguiente, este debió ser inadmisible; sin embargo, el Tribunal ad quem falló sobre el fondo del mismo.

Tercera ilegalidad, toda resolución judicial, entre otros preceptos y disposiciones legales, deben ser pronunciadas en estricto apego a lo dispuesto en los arts. 108 y 180 la Constitución Política del Estado (CPE), 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), 219 y 220 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, en el caso concreto las autoridades ahora demandadas no dieron cumplimiento con los mandatos constitucionales y legales citados, conculcándose los mismos.

Cuarta ilegalidad, los Vocales hoy demandados incurrieron en un evidente error de hecho y de derecho en la valoración de todos los medios de prueba ofrecidos y producidos en el proceso extraordinario de divorcio, evidenciándose una clara vulneración al art. 332 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, a los principios, derechos y garantías constitucionales, a la verdad material, al debido proceso, a la legalidad, a la seguridad jurídica e igualdad efectiva de las partes en juicio.

La incongruencia -interna- de la Resolución judicial final de segunda instancia, radica en que las autoridades judiciales demandadas, reconocen expresamente que el Juez a quo no podía valorar medios probatorios que no fueron admitidos en juicio, entonces como lógica consecuencia, si el nombrado demandado no probó sus pretensiones, "...no podía disponer lo contrario..." (sic).

Concluye refiriendo que, el Auto de Vista SFNA 176/2017, no cumple con un orden correlativo respondiendo a cada uno de los agravios que expresó en su recurso de apelación, es así que parte de su reclamo tercero y cuarto no fueron motivados ni fundamentados, como prueba de ello se tiene a lo textualmente señalado en dicho Auto de segunda instancia.

Por otro lado sostiene que, el Auto de 4 de diciembre de 2017, emitido por los Vocales demandados, vulnera sus derechos y garantías constitucionales al debido proceso en su vertiente de "seguridad jurídica" y de la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, las autoridades ahora demandadas interpretaron erróneamente el art. 363.II de Código de las Familias y del Proceso Familiar, al señalar que la solicitud de enmienda y complementación del Auto de Vista cuestionado fue interpuesta de manera extemporánea; empero, dicha normativa legal no dispone "...que el plazo es improrrogable y tampoco dispone que el computo del plazo tiene que hacérselo de momento a momento" (sic); en ese sentido, el art. 319 de la citada ley, es taxativo y concluyente al disponer que los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente hábil de la notificación, entendiéndose que todos los plazos procesales deben empezar a computarse a partir del día siguiente hábil al de la notificación respectiva; asimismo, refiere que se quebrantó el art. 321 del citado Código, pues de acuerdo a lo dispuesto por la mencionada norma, los plazos vencerán en la ultima hora hábil del día de su vencimiento.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

La accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, "...MALA VALORACIÓN PROBATORIA POR APARTARSE DE LOS MARCOS DE RAZONABILIDAD Y EQUIDAD SINO TAMBIÉN DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA..." (sic); citando al efecto los arts. 128 y 129 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo:

  1. a)Se deje sin efecto el Auto de Vista SNFA 176/2017 de 16 de noviembre y el Auto de 4 de diciembre de 2017; y,
  2. b)Los Vocales demandados pronuncien nuevo Auto de Vista aplicando la ley de manera correcta, debidamente fundamentado, con sustento legal y asidero jurídico y realizando una correcta valoración probatoria de acuerdo a la Sentencia Constitucional a dictarse.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

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