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TCP

0057/2019-S4

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de abril de 2019SALA CUARTA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0057/2019-S4

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2019-S4 Sucre, 2 de abril de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad

Expediente: 26439-2018-53-AL Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 8/2018 de 1 de noviembre, cursante de fs. 85 a 88 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Margot Karina Mendoza Quispe contra Asencio Franz Mendoza Cárdenas y José Romero Solíz Vocales de la Sala Penal Tercera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de octubre de 2018, cursante de fs. 38 a 45 vta., la accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, mediante Auto Interlocutorio Motivado 575/2018 de 29 de agosto de 2018, la Jueza de Instrucción Penal Quinto del departamento de Oruro, dispuso su detención preventiva; resolución que fue recurrida en apelación incidental, resuelta mediante Auto de Vista 172/2018 de 18 de octubre del indicado año, emitido por los Vocales ahora demandados, quienes incongruentemente declararon improcedente su recurso, en consecuencia, confirmaron el fallo impugnado.

Las autoridades demandadas, al dictar la resolución hoy cuestionada, pronunciaron un fallo sin la debida fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto, habiendo impugnado la concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización establecidos en los arts. 234.1 y 10, en el primero referente al "domicilio" -lo correcto es ocupación? y 235.1 y 2 del CPP; los Vocales demandados, en el Auto de Vista ahora impugnado, con relación al elemento trabajo, indicaron que en su cédula de identidad consignaba la ocupación de peinadora, no era una contradicción sino una especie de dudas, por lo que no se acreditó tal componente; respecto del peligro de fuga previsto en el numeral 10 del art. 234 del código adjetivo penal, dispusieron subsistente dicho riesgo procesal, razonando que era una peligro para la sociedad por la naturaleza del hecho investigado y respecto a la concurrencia de los riesgos de obstaculización contenidos en los numeral 1 y 2 del art. 235 del código procesal penal, fundamentando, en relación al primero que en el caso, había un celular que aún no había encontrado y que correspondía a la víctima; referente al numeral 2 del citado código, ampliando los criterios de fundamentación de la resolución impugnada, que ?a su decir claramente estaba con vacíos?, establecieron que si concurría el riesgo de obstaculización.

Respecto al art. 234.1 del CPP, en su elemento ocupación, las autoridades demandadas dieron por no acreditado dicho elemento, señalando que lamentablemente en su cédula de identidad consignaba la ocupación de peinadora, lo que constituiría no una contradicción sino una especie de dudas, que tenía que esclarecer donde desempeñaría esa función o si realmente no la desempeñaba, sin considerar que en su propia declaración y en la propia imputación formal, se estableció que su ocupación era labores de casa; por lo que, en caso de duda, correspondía que apliquen el art. 7 del CPP y estar a lo más favorable para su persona; sin embargo, los Vocales demandados, razonaron contrariamente, evidenciándose falta de fundamentación y motivación en el fallo recurrido, más aún, cuando era de su conocimiento que la carga de la prueba le correspondía al Ministerio Público y era éste quien debió demostrar que no contaba con arraigos naturales, vulnerando así el principio indubio pro reo y de favorabilidad. De igual forma, las autoridades demandadas, incurrieron en la cita inadecuada del art. 10 del Código Civil (CC), al disponer el régimen del domicilio, cuando tal normativa hace referencia al apellido del hijo.

En cuanto a la concurrencia del peligro de fuga establecido en el numeral 10 del art. 234 del código adjetivo penal, las autoridades demandadas incurrieron en la misma vulneración, por cuanto, fijaron que era un peligro efectivo para la sociedad por la naturaleza del hecho investigado, sin considerar que conforme lo constituido en la , las características personales del imputado o acusado y la gravedad del delito que se le imputa, no son justificativos suficientes para imponerse la detención preventiva; lo que demuestra la falta de motivación al determinar la concurrencia del referido presupuesto procesal, además de no haberse explicado la prueba que aportó, consistente en sus antecedentes judiciales y penales, como el Certificado de Registro de Antecedentes Penales (REJAP), que demostraban que no contaba con registro alguno por un anterior ilícito. Asimismo, los ahora demandados, con referencia a este riesgo procesal, pese a haber evidenciado en la resolución emitida por la Jueza a quo, que existía contradicción en la parte resolutiva y conclusiva, que establecía que se había desvirtuado tal riesgo procesal, ratificaron el razonamiento irracional de que si concurría bajo el argumento que dicho extremo no fue cuestionado por el recurrente, sin motivar ni fundamentar, por qué consideraban que su persona era un peligro para la sociedad, limitándose a establecer que era un hecho de relevancia social.

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