0057/2020-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2020-S1 Sucre, 12 de marzo 2020

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 29388-2019-59-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 044/2019 de 2 de mayo, cursante de fs. 48 a 50 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo Olivares Franquel contra Inés Clotilde Tola Fernández y Patricia Wilma Medrano Ávila, Presidenta y Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 11 y 18 de abril de 2019, cursantes de fs. 16 a 24; y, 27 y vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, previsto en el art. 154 del Código Penal (CP), que data de 25 de febrero de 2010 -fecha de imputación formal- con una duración de más de nueve años y dos meses, retardación atribuible al Órgano Judicial, Ministerio Público y la parte acusadora; al presente, encontrándose dicho proceso en etapa de juicio oral -producción de pruebas de descargo-, en aras de asumir su defensa solicitó la producción de la prueba de inspección ocular a realizarse en el Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del citado departamento, donde radica el proceso caratulado "caso FOCSSAP II", solicitud que si bien fue aceptada por las autoridades actualmente demandadas para llevarse a cabo el 21 de marzo de 2019 la referida audiencia; sin embargo, ésta fue suspendida por la inasistencia injustificada del Ministerio Público y la parte acusadora.

Programándose un nuevo día y hora de audiencia de prosecución de juicio oral a realizarse el 28 de igual mes y año, su defensa solicitó se elaboren los oficios respectivos para las autoridades donde debían practicarse las inspecciones oculares solicitadas; empero, ésta solicitud fue rechazada por la Presidenta del referido Tribunal, señalando que únicamente se realizará la notificación con la copia del acta de audiencia, aspecto que consideró irregular toda vez que de acuerdo a procedimiento se debe ordenar mediante decreto la notificación de cada una de las autoridades donde se pretende practicar la inspección ocular, a fin de que las mismas coadyuven en la realización del mencionado acto procesal.

No obstante tal anomalía, se instaló la audiencia programada para el 28 de marzo de 2019, oportunidad en la cual su defensa solicitó con carácter previo se resolviera las excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y excepción de prescripción de la acción, recursos legales que fueron planteados mediante memorial presentado el 13 del mismo mes y año, que al tratarse de cuestiones de previo y especial pronunciamiento, éstas debieron ser resueltas previamente a la prosecución del juicio oral instaurado en su contra.

La mencionada solicitud fue respondida por Inés Clotilde Tola Fernández, Jueza del indicado Tribunal -ahora demandada- señalando que dichas excepciones viene corriendo su trámite respectivo aspecto que consideró irregular, toda vez que sobrepasó el plazo de tres días previsto en el art. 314.II del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, debiendo haberse resuelto dichas excepciones con carácter previo a la prosecución del juicio oral.

Por otro lado, afirmó que no obstante encontrarse de acuerdo el Ministerio Público y la parte acusadora en que se realice la solicitada inspección ocular, las autoridades demandadas determinaron la suspensión de la referida audiencia de inspección ocular declarando precluída esa prueba, bajo el írrito fundamento que su persona no hubiese coadyuvado en la ejecución de esa prueba; por consiguiente, declarando por agotada la realización de la mencionada actividad probatoria; decisión que fue motivó de su solicitud de corrección de procedimiento amparado su petitorio en el art. 168 del CPP, sin embargo, fue rechazada por las autoridades ahora demandadas declarando no ha lugar a la misma, sin fundamento ni motivación alguna, contrariando la línea jurisprudencial prevista en las SSCC "0418/2000-R y 1276/2001" (sic) sin la posibilidad de plantear recurso ordinario alguno, vulnerando su derecho al debido proceso.

Señaló que, frente a este infundado rechazo, planteó una recusación -no precisa si al Tribunal o únicamente a una de las Juezas-, por causa de animadversión en su contra porque se le impidió asumir su derecho a la defensa en la esfera de libertad probatoria, toda vez que el mencionado Tribunal, se encuentra en la obligación de averiguar la verdad histórica de los hechos, aspecto que no ocurrió en el presente caso.