Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2026-O Sucre, 23 de febrero de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 36762-2020-74-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 74 de 14 de julio de 2023, cursante de fs. 1072 a 1079 vta., que resolvió la queja por incumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Ernesto Camacho Barbery contra Elva Terceros Cuellar, Ángela Sánchez Panozo y María Teresa Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la queja por incumplimiento
Por memorial presentado el 19 de abril de 2023, cursante de fs. 950 a 958 vta. José Ernesto Camacho Barbery -ahora activante de queja-; sostuvo su pretensión en cuatro ejes, sobre los cuales alegó que:
- a)Con relación a la omisión de señalamiento de fecha específica para el desarrollo del Relevamiento de Información en Campo, que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 74/2022 de 6 de diciembre, luego de citar algunos antecedentes suscitados dentro del trámite de saneamiento, acude nuevamente a los principios de convalidación y preclusión, además de no identificar trascendencia jurídica, debido a que, el referido fallo judicial señaló "...no se puede pretender desnaturalizar cualquier pretensión de nulidad por la presunta falta de precisión en la citación, cuyo efecto sólo se constituye en un formalismo, toda vez que, el beneficiario inicial y el ahora impetrante han participado activamente, convalidando y reconociendo las actuaciones realizadas en el procedimiento de saneamiento en las etapas de campo, por consiguiente, no puede pretender mediante este proceso anular un acto que ha sido consentido y convalidado; aspecto que acredita que no se ha vulnerado el derecho a la defensa o el debido proceso, más aún cuando la cuestionada Carta de Citación ha cumplido su finalidad...".; insistiendo nuevamente en la participación del titular de ese entonces en la denominada pericia de campo, así como la denominada exposición pública de resultados, citando el principio de verdad material, concluyendo que: "...si bien no se tenía precisado el día de realización de las pericias de campo (...) se constatan dos hechos importantes: 1. Que efectivamente se citó al beneficiario del predio El Callejón con cinco días de anticipación a la ejecución de las pericias de campo...; lo que desvirtúa y tiene como no cierto, ni evidente lo señalado por la justicia constitucional...2. ...se evidencia que, Rodolfo Amadeo Holzmann Nano, beneficiario del predio El Callejón, de manera personal y también a través de sus representantes participaron activamente en las pericias de campo, dando su plena conformidad y sin formular observación alguna..., con respecto a éste punto específico (precisión del día de las pericias en la Carta de Citación), inclusive hasta la emisión de la Resolución Final de Saneamiento de 21 de marzo de 2018, es decir, por más de 16 años de ejecución del procedimiento de saneamiento..." (sic), agregando que: "...a criterio de esta máxima instancia de la jurisdicción agroambiental, el cual es contraria a los argumentos establecidos en la el 05 de octubre, en el caso de autos considera que no se operaría los principios rectores que rigen las nulidades procesales como el de trascendencia y convalidación, puesto que, el demandante en relación al primero, no demostró por algún medio de prueba el perjuicio cierto y real que se hubiera ocasionado al anterior propietario Rodolfo Amadeo Holzman Nano , por la falta de consignación de la fecha precisa de las Pericias de Campo, lo que conlleva a establecer la no transgresión de las garantías del debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, aspecto que, la el 05 de octubre de 2021, no mereció ningún análisis y menos fue verificado por la justicia constitucional el perjuicio que se le hubiera ocasionado a Rodolfo Amadeo Holzman Nano, durante la ejecución del proceso de saneamiento; y con relación al segundo, como se mencionó precedentemente, al participar Rodolfo Amadeo Holzman en el levantamiento de datos..., pese a que, la Carta de Citación no consigna la fecha precisa de las Pericias de Campo y no efectuar respecto al mismo reclamo alguno hasta antes de la culminación del proceso de saneamiento, las mismas evidencian que se consintió el acto administrativo ahora acusado de lesivo por el sub adquirente José Ernesto Camacho Barberý -demandante-. En ese marco, el razonamiento precedentemente anotado, tiene su sustento en la propia jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional..." (sic); resaltando que con dicha argumentación las autoridades demandadas, incumplieron lo dispuesto en el fallo constitucional, que sobre al respecto señaló: "...plazo que se considera mínimo a los fines de que quienes deban participar en el saneamiento con la finalidad de obtener la titulación de la propiedad agraria, puedan preparar los documentos necesarios y en su caso, generar las condiciones para exhibir el ganado a su cargo y efectuar otras actividades destinadas a acreditar su posesión y el cumplimiento de la función social o económico social dependiendo del tipo de propiedad de la que se trate; por lo que, la consigna de dicha fecha para la realización de pericias de campo no puede ser considerado un mero formalismo; puesto que, la referida disposición legal, en el fondo garantiza la eficacia del debido proceso en su íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, con pleno respeto a los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; y, los derechos fundamentales como el derecho a la defensa y a la igualdad..." (el resaltado es del activante de queja); concluyendo que la Sentencia Constitucional Plurinacional, cuyo cumplimiento se reclama, estableció la trascendencia de la omisión de señalamiento de fecha específica para el desarrollo del Relevamiento de Información en Campo, puesto que el plazo establecido a partid de ello, implica el termino otorgado para poder reunir toda la información respecto a la evaluación del cumplimiento de la Función Económica Social (FES), situación a la que no puede aplicarse el principio de convalidación y preclusión, por la participación del entonces propietario, de conformidad al art. 239.II, 238.iii y 242 del "reglamento vigente" -se entiende para la verificación de la FES-, refirieron la importancia del señalamiento de fecha para la presencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en un predio para la verificación, calculo y valoración de la FES, que en predios titulados incluyen áreas de proyección de crecimiento y servidumbres ecológicas legales; siendo este el punto trascendente de la observación realizada, porque la cantidad de bovino es fundamental para el cumplimiento de la carga animal y por ende de la FES; por lo que, resulta incomprensible que las autoridades agroambientales, no hayan considerado que el señalamiento del día en el que se hará presente el INRA, resulta absolutamente necesario en las propiedades ganaderas, que además tiene un sistema de producción mixto.
En consecuencia, al no haber establecido que el entonces propietario participó en la pericia de campo realizada por el INRA para la verificación de la FES, no lo hizo en las mejores condiciones al desconocer la fecha exacta en la que se harían presentes los personeros de la entidad mencionada, no advirtieron que no tuvo tiempo para organizar, preparar tareas y sobre todo reunir todo el ganado en una superficie de más de 700 ha; razonamiento expresado en la y que no fue observado por las autoridades del Tribunal Agroambiental, consecuentemente los prenombrados al haber establecido que: "...el razonamiento contenido en la , contiene argumentos que no se constituyen en el estándar jurisprudencial en vigor o más alto y ante ello, este Tribunal debe recurrir a las técnicas del distanciamiento frente al entendimiento desarrollado, posibilidad que como administradores de justicia faculta a la inaplicación del precedente y aplicar otro precedente distinto (así como la , , y , entre otras), por lo que, si dicho precedente respeta mejor los derechos y la doctrina allí siempre contenida, pueda considerarse vigente o en su caso, recurrir a sub reglas constitucionales aplicables, o en su defecto, contrastar el caso directamente con el texto constitucional o con las normas que resulten aplicables al caso concreto; en respeto a la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y el debido proceso deben prevalecer el de rango mayor...", nuevamente evaden el cumplimiento a la ; puesto que, en los Fundamentos de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 74/2022, se alude a la , que no se trata de manera agraria, sino de un incidente en materia civil, por lo que la problemática jurídica abordada en el precedente invocado, no resulta aplicable a la causa, lo que refleja desconocimiento de los principios de integralidad y Servicio a la Sociedad dispuestos en el art. 76 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-.
Agregó que la postura de las autoridades demandadas, se sostiene en que los propietarios vecinos, fueron convocados para la inspección programada los días 8 y 9 de agosto de 2002; sin embargo, no refieren porque en el caso del propietario de ese entonces (Rodolfo Amadeo Holzan Nano), no recibió el mismo tratamiento, debido a que, a él en su carta de citación no se consigna expresamente los días que el INRA se haría presente en su propiedad para realizar las denominadas pericias de campo; omisión relevante, porque se tiene acreditado en el proceso contencioso administrativo, que el ganado en el predio "El Callejón" era criollo y la ganadería aplicada era semi extensiva.
El desconocimiento del día exacto en el cual se iba a realizar la pericia de campo, dejó en incertidumbre al entonces propietario, y refleja la inobservancia a la norma de saneamiento, sin saber para cuándo tenía que reunir a todo el hato ganadero de la propiedad, efectivamente se tenía conocimiento de que el INRA iría a realizar el trabajo de campo, porque estaba en la zona, empero se desconocía que día, a diferencia de los otros vecinos que si sabían, pero extrañamente el propietario de "El Callejón" no, de esa forma la cantidad de ganado identificado en el predio el 8 de agosto de 2002, no fue el correcto, sino aquel que se pudo juntar rápidamente en el día, lo cual tuvo sus consecuencias en la superficie que el INRA pretendía recortar, desconociendo la carga animal real a momento de las pericias de campo; hecho que si ha sido observado en ocasión de la exposición pública de resultados del polígono 555 SAN TCO Takavo Mora, según consta en la carpeta de saneamiento; motivo por el cual no se entiende el razonamiento formal y simplista expresado nuevamente por las autoridades denunciadas que contrasta con el entendimiento contenido en la .
Entonces como se tiene referido, se confundió dos situaciones relativas a la comunicación procesal que la justicia constitucional discernió a tiempo de dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional 73/2019 de 28 de junio, debido a que la citación a participar en pericias de campo sin indicar la fecha del día o días que el INRA se hará presente en una propiedad agraria, no constituye un mero formalismo, puesto que en dicho actuado se ejecutan tareas de encuesta y mensura catastral, en consecuencia, la aludida comunicación oportuna garantiza la eficacia del debido proceso, debido a que si ello hubiese ocurrido en su caso, se hubiere permitido organizar a los trabajadores, reordenar actividades, vaquear y juntar todo el ganado de la propiedad, aspecto que reviste de trascendencia al agravio denunciado y que es nuevamente omitido por las autoridades demandadas, reflejando que sobre este tema se mantiene el error en la fundamentación.
- b)En cuanto a que su propiedad adquirida en compra no es una posesión simple; por lo que, debió considerarse para efectos del cálculo de la FES, la existencia efectiva de servidumbres ecológicas legales, conforme el art. 238 del Decreto Supremo (DS) 25763, vigente en el periodo de realización del saneamiento; Con relación a este agravio la , realizó dos precisiones: a) En relación a la delimitación de derecho propietario de los beneficiarios indicados en la Resolución Final de Saneamiento, la instancia demandada señala que en el marco del Informe en Conclusiones emitido en el proceso de saneamiento; se entiende que, en el caso de Javier Gutiérrez Jiménez, esta responde a la superficie plasmada en el documento contractual efectuado con el anterior propietario René Pedraza Tuero; es decir, 242.1312 ha; empero, respecto al ahora activante de la queja, quien también posee un documento de transferencia con una determinada superficie adquirida, sea dicho de paso distinta a las 257.8688 ha, que la carpeta predial menciona en el informe aludido y además, asumida en la Resolución observada; "...no explica cuál la razón para sustentar dicha correspondencia; si bien, la Resolución Final de Saneamiento consigna una sola superficie en copropiedad de 500.0000 ha; el extremo indicado genera una duda razonable respecto a la forma en la que se llegó a establecer el cumplimiento de la FES en el predio "El Callejón", una vez asumida la consideración de ambos sujetos en la ETJ; puesto que, si bien, hasta antes de dicho acto administrativo, se había apersonado un beneficiario distinto quien en su momento participó de la mensura y valoración del predio; fue la misma entidad administrativa la que estableció la tradición del derecho de propiedad sentado a partir del Título Ejecutorial 609971 de 11 de junio de 1973, obligándose así a una mayor precisión técnica para determinar con certeza que en éste antecedente agrario efectivamente se cumple la FES en el marco de la naturaleza y el tipo de propiedad; por lo que, resulta insuficiente señalar que el reconocimiento de la condición de subadquirente solo modifica el tipo de Resolución Final de Saneamiento a emitir..."; y, b) En cuanto a las servidumbres ecológicas extrañadas por el accionante, "...referir de manera genérica que se tratarían de dominio público, sin especificar como es que se llega a dicha conclusión no puede ser traducida como una respuesta debidamente fundamentada, cuando en mensura se ha demostrado que el predio saneado delimita con zonas de protección (fs. 708)...", al respecto las autoridades demandadas, en el nuevo fallo emitido ahora sujeto de la presente queja por incumplimiento, en lugar de dar cumplimiento a lo ordenado, respecto a las omisiones para el cálculo de la FES e imposición de la Función Social (FS), con las superficies asignadas en lo pro indiviso a Javier Gutiérrez Jiménez y su persona, así como la falta de valoración y cálculo de la FES, considerando el tipo de propiedad de "El Callejón", mediana propiedad ganadera según título ejecutorial, e incluso datos obtenidos en campo en el punto Fundamento Jurídico II.2 del fallo denunciado, señalan: "...ahora bien, la carga animal así como las mejoras antes mencionadas fueron valorados en el Formulario de Evaluación Técnica de la Función Económica Social -Cálculo de FES- (fs. 299 de la carpeta de saneamiento), obteniendo como resultado final la superficie de 426.7612 ha, la cual es el resultado de un debido cálculo de la FES (...) por lo que, no se advierte que, la entidad administrativa haya efectuado un indebido cálculo de la FES, como acusa la parte demandante..." (sic); al respecto los informes del INRA que indican la superficie con cumplimiento de la FES es 426.7612 ha, que constituye la suma de la carga animal, infraestructura y pasto sembrado, y que en aplicación del art. 200 del "reglamento" de ese entonces, se otorgó 500 ha, postura que mantienen inalterables las autoridades denunciadas, convalidando los actos arbitrarios del INRA, e incumpliendo su deber de ejercer el control de legalidad del citado proceso, puesto que de conformidad al art. -no lo cita-, del "reglamento" la superficie aprovechada constatada en campo fue de 4267612 ha, a la cual en cumplimiento del art. 242.I inc. a) del citado "reglamento", debió aplicarse la proyección de crecimiento del que es una área equivalente al 50% de la superficie actualmente cumple la FES, es decir 213,3806 ha, que sumadas a las aprovechadas, dan una superficie de 640,11418 ha, a la cual debería sumar la Servidumbre Ecológica Legal en aplicación del art. 238.I del aludido "reglamento".
En consideración a lo expuesto, resulta entendible que las autoridades denunciadas, no den una explicación conforme a derecho y sobre todo al debido proceso en relación a este punto, su postura convalida los evidentes actos arbitrarios en los que incurrió el INRA, continúan lesionando su derecho y garantía al debido proceso en su elemento de fundamentación, de manera que no han cumplido con lo ordenado por la justicia constitucional, puesto que no explican, porqué se le asigna una superficie de 242.1312 ha a Javier Gutiérrez Jiménez, considerando la cuestionada forma en la que estableció incumplimiento de la FES en "El Callejón".
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