Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2026-S1 Sucre, 2 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 50651-2022-102-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 93/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 172 a 176, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Luis Claros Torrico y Ximena Quispe Mamani contra Odar Arsenio Herrera Medrano, Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Los accionantes por memorial presentado el 14 de septiembre de 2022, cursante de fs. 37 a 42 vta., manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de sus personas contra Gerardo David Costas León -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato con agravante en caso de víctimas múltiples, previstos y sancionados por los arts. 335, 337 y 346 bis del Código Penal (CP) con relación al art. 20 del citado Código, a partir de la imputación formal de 15 de febrero de 2022, se "percuta" la etapa preparatoria del referido proceso, cuyo control jurisdiccional se encontraba a cargo del Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, debiendo ejercerse dicho control desde el inicio hasta su culminación; sin embargo, encontrándose el indicado proceso en etapa preliminar el 16 de agosto de igual año, el Fiscal de Materia -hoy tercero interesado- comunicó al citado Juez la ampliación de investigación de los delitos de estafa y estelionato contra José Alejandro Costas Wanting -ahora tercero interesado-, en grado de complicidad, la misma fue aceptada a través del decreto de 19 del referido mes y año, emitido por el nombrado Juez; contra dicho decreto Gerardo David Costas León, hoy tercero interesado formuló recurso de reposición, el mismo fue resuelto a través del Auto Interlocutorio 553/2022 de 23 del señalado mes, mediante el cual, se rechazó dicho recurso de reposición; en consecuencia, se tiene demostrado que "a la fecha" -se entiende de la interposición de la presente acción tutelar- sus personas continúan dentro de una etapa preliminar de investigación; puesto que, no se emitió ningún requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público con relación a la señalada comunicación de ampliación de investigación. Asimismo, cursa en el cuaderno de control jurisdiccional el decreto de conminatoria de 16 de agosto de 2022; con referencia a Gerardo David Costas León, ahora tercero interesado en su calidad de investigado, quien el 16 de febrero de ese año, ya hubiese sido imputado formalmente por el delito de estafa y estelionato conforme a los arts. 335 y 337 del CP, con relación al art. 346 bis del citado Código en grado de autor. Dejando constancia que con el señalado decreto recién fue notificado al Fiscal Departamental de Oruro el 22 de agosto de igual año; es decir, con posterioridad a la comunicación de ampliación de inicio de investigación penal; por lo que, el Ministerio Público tuvo la imperiosa necesidad de emitir el requerimiento conclusivo de acusación formal contra el imputado -Gerardo David Costas León, hoy tercero interesado-, por los citados delitos, surgiendo el decreto de 30 de ese mes y año; por el cual, el Juez de la causa, ordenó que se remita el proceso ante el Juzgado de Sentencia Penal de la Capital del referido departamento; empero, sin observar que existía una comunicación de ampliación de investigación penal contra José Alejandro Costas Wanting, ahora tercero interesado.
Si bien el Juez de primera instancia, remitió el proceso penal ante el Juez hoy accionado; empero, el indicado Juez sin efectuar una revisión de los antecedentes del proceso penal, de manera anticipada inobservando la garantía del derecho al debido proceso establecido por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) emite anticipadamente el decreto de radicatoria de 2 de septiembre de 2022; por el cual, sigue las reglas del procedimiento penal; empero, sin percatarse de la existencia de la comunicación de ampliación de investigación penal que existe dentro del citado proceso, evidentemente vulneró la garantía del debido proceso establecido en el mencionado artículo, al igual que el derecho a la seguridad judicial establecido por el art. 178 de la Norma Suprema. En su calidad de víctimas dentro dicho proceso, plantearon recurso de reposición contra el indicado decreto de radicatoria, el señalado recurso de reposición fue resuelto a través del decreto de 8 de ese mes y año y es precisamente el mismo que vulneró flagrantemente la garantía del debido proceso establecido por el art. 115.II de la CPE; asimismo, no se encuentra fundamentado, menos motivado; ya que, solo se limitó a la transcripción de determinados artículos del Código de Procedimiento Penal, sin mayor explicación de dicho razonamiento jurídico legal, cuando el deber del Juez ahora accionado dentro del marco de su competencia legal es revisar si el cuaderno de control jurisdiccional, no presentó ningún incidente o actuado pendiente, como es el caso de la comunicación de ampliación de investigación penal, que está pendiente de resolución conclusiva por parte del Ministerio Público, porque en el fondo, la comunicación de ampliación de investigación penal aún no tiene ningún pronunciamiento concluyente con relación al José Alejandro Costas Wanting, hoy tercero interesado; y, ante ese extremo el nombrado Juez, debió revocar el decreto de radicatoria de 2 del referido mes y año, y ordenar la devolución de los actuados al Juez de primera instancia, a efectos de que el mismo pueda sanear el procedimiento penal.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia pronta y oportuna, a la tutela judicial efectiva, a una resolución fundamentada y motivada; y, al principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.I y II y 178 de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que:
- a)Se anule el decreto de radicatoria de "02" -siendo lo correcto 8- de septiembre de 2022 emitido por el Juez ahora accionado;
- b)Se compulse y revise el cuaderno de control jurisdiccional y al evidenciar objetivamente una ampliación de investigación penal que se encuentra pendiente y en trámite de etapa preliminar de investigación, devuelva las actuaciones al Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, a efectos de continuar dentro del marco de control jurisdiccional; y,
- c)Sea con costas por la omisión y negligencia en la que incurrió el Juez hoy accionado.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Mostrando 16 de 80 parrafos.