0058/2022-S3

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Hernán Abelardo Shaldo Mendoza contra su persona, por la presunta comisión del delito de avasallamiento, previsto y sancionado por el art. 351 bis del Código Penal (CP), caso ZSR 1902613, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 20317855, el 15 de septiembre de 2020, se efectuó la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, emitiéndose el Auto Interlocutorio 201/2020 de igual fecha, por el que se dispuso aplicar en su favor medidas sustitutivas a la detención preventiva -medidas cautelares personales conforme a la Ley de Abreviación Procesal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños o Adolescentes y Mujeres (Ley 1173 de 3 de mayo de 2019)-, entre ellas:

1. a)La obligación de presentarse en el Ministerio Público cada quince días bajo control biométrico;
2. b)La prohibición de concurrir al lugar de los hechos; es decir, al local que se encuentra precintado y a los parqueos correspondientes de la propiedad del denunciante del proceso penal;
3. c)La prohibición de comunicarse con los testigos o con la víctima dentro de la presente causa;
4. d)La presentación de dos garantes solventes;
5. e)La prohibición de salir del país; y,
6. f)Su detención domiciliaria con las respectivas salidas laborales, conforme se estableció en el contrato de trabajo.

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia:

1. 1)Se deje sin efecto el Auto de Vista 437/2020 de 1 de octubre; y,
2. 2)Se revoque en parte el Auto Interlocutorio 201/2020 de 15 de septiembre, "debiendo enervarse" el riesgo procesal de peligro de fuga inserto en el art. 234.6 del CPP, dejándose sin efecto la medida sustitutiva de detención domiciliaria, manteniendo subsistentes las demás medidas.

El accionante ratificó a través de su abogada de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que:

1. i)En el presente caso, se debe considerar que el Ministerio Público no fundamentó ningún riesgo procesal ni solicitó su detención preventiva u otra medida porque desde el primer momento se sometió al proceso penal, colaborando en todos los actos investigativos;
2. ii)La parte denunciante del proceso penal mediante memoriales de 12 de agosto y 10 de septiembre ambos de 2020, presentó la solicitud de medidas cautelares fundamentando los riesgos procesales, adjuntando prueba documental; empero, de la revisión de dichos escritos, en ninguna parte se fundamentó el riesgo procesal establecido en el art. 234.4 del CPP;
3. iii)Conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0909/2014 de 14 de junio y 0244/2018-S2 de 12 de dicho mes, si el Vocal ahora accionado quería considerar las pruebas, debió advertir que la supuesta víctima tenía que adjuntarlas;
4. iv)Asimismo, con relación a que "...existirían tres procesos penales en contra del Señor Enrique Shaldo Mendoza, 1 primero que estaría signado con el número 2001087 (...) para fundamentar el caso número uno, que es el 21187, el abogado de la supuesta víctima a referido que existe este proceso penal que se ha aperturado..." (sic), respecto al caso "455/2020" en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares se hizo conocer que existe un desistimiento y en cuanto al caso "10342/2017" se presentó una Resolución de sobreseimiento; no obstante a ello el Vocal hoy accionado no hizo una correcta valoración de la prueba;
5. v)En el recurso de apelación incidental también se cuestionó la concurrencia del art. 235.1 y 2 del CPP; puesto que respecto al art. 235.1 del citado Código, el fundamento de la Resolución primigenia -se entiende Auto Interlocutorio 201/2020- fue "...que existiría o que estaría pendiente una pericia por el ICU..." (sic) y el desprecinto de un local; no obstante, se debe considerar que en ese lugar supuestamente se cometió el delito de avasallamiento porque no quisieron entregar las llaves a la víctima; a pesar de ello, la misma tampoco quiere efectuar el desprecinto, sin existir mayor fundamentación respecto a ese punto, y sobre el 235.2 del CPP, no se estableció respecto a qué testigos o peritos podrían ejercer influencia, por lo que el fundamento del Vocal ahora accionado es subjetivo;
6. vi)El Auto de Vista 437/2020 hoy impugnado no establece el tiempo por el cual se pretende que cumpla con la medida de detención preventiva, limitándose a mencionar que se revoca el Auto Interlocutorio 201/2020, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro La Paz; además, sobre este punto no se explicó cuál era la necesidad de aplicar esa medida cuando ya se está finalizando la etapa preparatoria;
7. vii)Por lo manifestado, tomando en cuenta las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0181/2018-S3 de 22 de mayo y 0036/2020-S2 de 17 de marzo; y, los arts. 124 y 398 del CPP, el Vocal ahora accionado debió emitir un Auto de Vista fundamentado y motivado; y,
8. viii)Por otra parte, solicitó se considere la SC "...318 del 18 de marzo de 2003..." (sic) respecto al art. "250" -se entiende del CPP- y el derecho a la libertad.

Adán Willy Arias Aguilar, entonces Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en audiencia manifestó que:

1. a)Se determinó la concurrencia del art. "234" -se entiende del art. 234.4 del CPP- ante la solicitud de la víctima en audiencia de consideración de recurso de apelación incidental, por lo que considerando el art. 98 del CPP por el principio de congruencia emitió pronunciamiento, tomando en cuenta que anteriormente el imputado -accionante- no asistió a tres audiencias de consideración de aplicación de medidas cautelares e incluso se le designó un Defensor de Oficio y se determinó su rebeldía;
2. b)Posteriormente, se fijó una cuarta y quinta audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares; empero, continuó su conducta reticente de no someterse al proceso penal, cuando bien sabe cuál es el procedimiento a seguir; puesto que tiene otros procesos instaurados en su contra;
3. c)Se debe tener presente que conforme a la SCP "929/2012 de 12 de octubre" y al art. 250 del CPP, dentro del marco del debido proceso tiene la facultad de imponer de oficio una medida cautelar;
4. d)Asimismo, se deben tomar en cuenta las Sentencias Constitucionales Plurinacionales "024/2015-s2" respecto al alcance de una medida cautelar personal; y, "277/2018-s2" en cuanto al principio de proporcionalidad para determinar la medida cautelar de detención preventiva; y,
5. e)Por lo anterior solicitó se deniegue la tutela.

El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/2020 de 3 de octubre, cursante de fs. 36 a 38, concedió -en parte- la tutela solicitada, disponiendo, dejar sin efecto tanto el Auto de Vista 437/2020 de 1 de octubre de 2020, así como el mandamiento de detención preventiva; y, denegó la tutela solicitada respecto a que se revoque la Resolución primigenia -se entiende Auto interlocutorio 201/2020-; puesto que, la autoridad judicial de primera instancia no fue accionada; todo ello, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)Conforme a la jurisprudencia constitucional y al art. 302 del CPP, se tiene que una vez presentada la imputación formal por el Fiscal de Materia, al terminar la etapa preparatoria, debe ser formalizada mediante resolución justificada, conteniendo entre otros aspectos, la solicitud de medidas cautelares si procede, lo que significa que el Fiscal de Materia, debe realizar esa pretensión de manera argumentada, estableciendo con precisión la existencia de los requisitos previos en los arts. 230 y 240 del CPP, ya sea tratándose de una detención preventiva o de medidas sustitutivas, así como la indicación concreta de cuál o cuáles son las circunstancias que concurren en el caso específico conforme a los arts. 234 y 235 del indicado Código;
2. 2)Ese razonamiento es necesario y resulta exigible a tiempo de conocer la imputación formal, para que el imputado conozca los motivos de la solicitud con la finalidad de asumir defensa, debiéndose considerar en ese entendido el art. 8 "PARÁGRAFO 2.0" de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que refiere la posibilidad de preparar una estrategia de defensa para la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, de tal manera que poner a conocimiento del imputado los riesgos procesales recién en la referida audiencia constituyen un acto lesivo a sus derechos;
3. 3)La Jueza de primera instancia observó tal extremo, considerando que un riesgo procesal no puede ser activado sin que previamente se notifique al imputado con la suficiente anticipación para preparar su defensa;
4. 4)Por otra parte, del Auto de Vista 437/2020 impugnado, se advierte que el Vocal hoy accionado no fijó un plazo para la detención preventiva del accionante, debiéndose considerar que a la luz de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- se debe considerar no solo el art. 233.1 y 2 del CPP, sino también art 233.3 del citado Código, que refiere que el plazo de duración de la detención preventiva y los actos investigativos, y al solicitar una medida cautelar se fijará un plazo, el cual puede ser ampliado a petición fundada del Fiscal de Materia, y en tal virtud, en el presente caso, se tiene que ni el Ministerio Público ni la víctima activaron el art. 233.3 del referido Código; siendo ello legalmente un fundamento para disponer o no la detención preventiva; y,
5. 5)La SCP 0010/2018-S2 del 28 de febrero estableció que se debe realizar un juicio de proporcionalidad para determinar la necesidad o no de aplicar la medida cautelar de detención preventiva; por lo que, en el caso en análisis, se advierte que la privación de libertad es indebida en atención a que se activó un riesgo procesal de oficio y porque no se fundamentó el art. 233.3 del CPP para la procedencia de la detención preventiva.

Sobre la valoración de la prueba en acciones de libertad, la SCP 0771/2018-S1 de 26 de noviembre, precisó que: "Respecto a la valoración de la prueba, la acción de libertad, así como las demás acciones protectoras de derechos humanos, delimita las atribuciones y la labor realizada entre jurisdicciones, pues la constitucional no puede ingresar a valorar prueba o revalorizarla, alcanzando su competencia y facultades únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos en dicha labor, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/u omisión valorativa, en ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, refiere: '...por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor:

1. a)Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. b)No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. c)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente"' (las negrillas nos corresponden).