Texto del fallo
Sintesis del caso
Se activa el control competencial de constitucionalidad, para resolver el conflicto de competencias jurisdiccionales, suscitado entre las autoridades del Consejo Originario del Ayllu Añilaya de la provincia Larecaja; y, el Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata ambos del departamento de La Paz que viene tramitando el proceso penal por robo agravado y daño calificado; por la sustracción de un dinamo disparador de agua y tablero de control de la hidroeléctrica “Pico Central” de la comunidad Añilaya.
Sintesis de la ratio decidendi
Se declara competente a la jurisdicción indígena originaria campesina, para conocer y resolver los hechos calificados por la jurisdicción penal ordinaria como delitos de robo agravado y daño calificado, por la sustracción de un dinamo de la comunidad; toda vez que concurren los ámbitos de vigencia material, territorial y personal.
Extracto de la ratio decidendi
F.J.III.3 “…en el caso en análisis se tiene que, la presunta sustracción de los bienes accesorios de la hidroeléctrica de la comunidad Añilaya y la determinación de sus consecuencias, pueden ser resueltos por sus propias autoridades, siguiendo sus normas y procedimientos propios; para cuyo efecto, inclusive puede requerir a las autoridades de la jurisdicción ordinaria y al Ministerio Público la realización de determinados actuados, y estos brindar de manera efectiva y sin demora, la cooperación solicitada, orientada a materializar la aplicación del sistema jurídico propio de las NPIOC; sin que, el hecho de haber prevenido en el conocimiento del conflicto por parte de la jurisdicción ordinaria pueda dar lugar a que la misma tenga que seguir conociendo el asunto. En tal mérito, habiéndose establecido que en la problemática analizada concurren los tres ámbitos de vigencia definidos por el art. 191.II de la Norma Suprema, -personal, territorial y material-, que hacen viable el ejercicio de la JIOC; corresponde dirimir el presente conflicto de competencias jurisdiccionales a favor de la JIOC, la cual tiene competencia para averiguar los hechos respecto a la sustracción de un dínamo disparador de agua y tablero de control de la hidroeléctrica Pico Central de la comunidad Añilaya presuntamente acaecido el 3 de diciembre de 2016, identificar a sus responsables y establecer sus consecuencias, procurando siempre la restauración de la armonía en dicha Comunidad; en cuyo proceder, deben observar el pleno respeto de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado.”
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0059/2019 Sucre, 20 de noviembre de 2019
SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Conflicto de competencias jurisdiccionales
Expediente: 23982-2018-48-CCJ Departamento: La Paz
El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre las Autoridades del Consejo Originario del Ayllu Añilaya de la provincia Larecaja, representados por Felipa Concha, Irpiri Mallku; Isidro Mamani Quispe, Mallku Jaljiri; y Julio Carbajal Cama, Mallku Qulque Katuri; y, el Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata, todos del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido del conflicto de competencias
Por memorial presentado el 23 de mayo de 2018, cursante de fs. 143 a 149 vta., las autoridades del Consejo del ayllu originario Añilaya de la provincia Larecaja del departamento de La Paz, manifestaron que, dentro del proceso penal instaurado a denuncia de Lucio Concha Apaza, Rubén Edgar Salcedo, Primitivo Chambi Coaquira, Enrique Salcedo Condori y Feliciano Lipa Calisaya contra Hernando Concha Machaca y Mario Concha Machaca, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y daño calificado, el 18 de enero del mismo año, pidieron al Juzgado Publico Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata, decline del conocimiento del referido proceso y les remita el mismo para ser resuelto en la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC); por cuanto, los hechos referidos a la sustracción del dínamo disparador de agua y tablero de control de la hidroeléctrica donados a la comunidad de Añilaya -ahora en desuso por falta de mantenimiento y debido a la instalación de la electrificación rural-, se produjeron el 3 de diciembre de 2016, en la referida Comunidad, resultando ser esta la afectada con la pérdida de un bien colectivo, que involucra como presuntos autores a dos miembros de la misma; por lo cual, en la reunión realizada el 19 del mes y año indicado, se resolvió poner en resguardo los bienes restantes e iniciar la investigación por la vía de la JIOC, para identificar a los autores y determinar su responsabilidad. Sin embargo, dicha solicitud de declinatoria, fue rechazada mediante Resolución 17/2018 de 19 de abril -emitida por la Jueza Pública Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Guanay, en suplencia legal del Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata del aludido departamento-, quien consideró a las autoridades Indígena Originaria Campesinas (IOC) como terceras personas dentro del proceso y, apartándose de la línea jurisprudencial establecida en la , vulneró lo expresamente dispuesto por el art. 190 de la Constitución Política del Estado (CPE) respecto al derecho que tienen las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino (NPIOC) de aplicar su propio sistema de justicia en la resolución de los conflictos que les afecten e involucren a sus integrantes -como ocurre en el caso, tanto los denunciantes y denunciados son miembros de la misma Comunidad-; por lo que, la forma de organización o la existencia de dos estructuras al interior de las comunidades no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de su propia jurisdicción, conforme lo expresó la . En dicho contexto, el hecho de que la justicia ordinaria continúe conociendo el proceso, constituye una invasión hacia la JIOC.
I.2. Resolución de la Jurisdicción Ordinaria
La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Guanay -en suplencia legal del Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata- del departamento de La Paz, mediante Resolución 17/2018 de 19 de abril, cursante de fs. 1 a 5, rechazó la solicitud de declinatoria de jurisdicción y competencia, disponiendo la prosecución de la investigación penal y el control jurisdiccional de la misma por las autoridades de la justicia ordinaria; de acuerdo a los siguientes fundamentos:
- a)La comunidad Ayllu Añilaya demostró su situación con certificación del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ); la cual, mediante Resolución 08/2016 de 19 de diciembre, resolvió iniciar proceso de investigación por la sustracción del generador y sus accesorios del proyecto Pico Central Hidroeléctrica, teniendo como posibles sospechosos a Lucio Concha Apaza, Marcelino Quispe Concha y otros, en los que no figuran los ahora imputados Hernando Concha Machaca y Mario Concha Machaca;
- b)Habiéndose emitido citaciones para los involucrados en los hechos referidos, no se adjuntó las mismas y tampoco demostraron cual el estado de la supuesta investigación;
- c)No se demostró en el ámbito material, cual la competencia de la comunidad Añilaya y que tipo de sanción se impondría en caso que corresponda su aplicabilidad; por lo que, tratándose de delitos de acción pública, los hechos ocurridos en dicha Comunidad deben ser investigados por el Ministerio Público y controlados por el Juez de Instrucción Penal; y,
- d)La determinación asumida por la prenombrada Comunidad, para investigar y sancionar, -al manifestar que jamás existió robo agravado y daño calificado-, solo tiene por finalidad proteger a los ahora imputados.
I.3. Admisión y notificaciones
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante , cursante de fs. 150 a 154, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Consejo de Autoridades Originarias del Ayllu Añilaya, provincia Larecaja del departamento de La Paz, representados por Felipa Concha, Irpiri Mallku; Isidro Mamani Quispe, Mallku Jaljiri; y, Julio Carbajal Cama, Mallku Qulque Katuri, con el Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata del mismo departamento. Como efecto de dicha admisión se dispuso la notificación de las autoridades involucradas en el conflicto y la suspensión del proceso tanto en la jurisdicción ordinaria como en la JIOC hasta la emisión de la respectiva Sentencia Constitucional Plurinacional.
I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Mediante decreto de 16 de noviembre de 2018 (fs. 246), se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución, a objeto de recabar documentación complementaria y posteriormente por una similar determinación de 4 de diciembre del mismo año, se ordenó la elaboración de un Informe Técnico. Habiendo sido remitida la referida documentación, se reanudó el mismo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 14 de octubre de 2019 (fs. 1119 a 1120).
Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-050/2019 de 22 de octubre, a consecuencia de los conflictos sociales acaecidos en el territorio nacional, la Sala Plena de este Tribunal dispuso la suspensión de plazos procesales de las causas que se encuentran en trámite y pendientes de resolución desde la fecha indicada; habiéndose reanudado los mismos, por su similar TCP-SP-052/2019 de 13 de noviembre, a partir del 14 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término establecido por el art. 103.II del Código de Procedimiento Constitucional.
II. CONCLUSIONES
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursan certificaciones emitidas por el CONAMAQ-B y el Consejo de Autoridades Originarias del Suyu Larecaja, respecto a la existencia del Ayllu Originario Añilaya en el municipio de Quiabaya de la provincia Larecaja del departamento de La Paz y su consiguiente afiliación a las organizaciones referidas (fs. 122 y 123).
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