Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0059/2026-S3 Sucre, 2 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Amparo Constitucional
Expediente: 51483-2022-103-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 280/2022 de 26 de octubre, cursante de fs. 284 a 294, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Teófilo Tango Sánchez en representación de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) contra Esteban Miranda Terán, María Cristina Díaz Sosa, José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizú y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 31 de agosto y 19 de septiembre de 2022, cursantes de fs. 204 a 220 y 222 a 238, respectivamente la parte accionante, señaló que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso contencioso por resolución de contrato que interpuso la Empresa Constructora Royal S.R.L. contra la ABC, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia emitió la Sentencia 178/2020 de 22 de julio, que declaró probada en parte la demanda disponiendo:
- a)Dejar sin efecto la resolución del Contrato ABC 622/16 GLP-OBR-TGN de 7 de octubre;
- b)Anular la nota ABC/GLP/RJU/2019-0045 de 11 de abril mediante la cual se comunicó la resolución definitiva del contrato;
- c)Declarar la resolución del contrato administrativo por causales atribuibles a la ABC;
- d)Ordenar el pago de todos los volúmenes de obra realizada por la Empresa Constructora Royal S.R.L.; y,
- e)Dejar sin efecto la ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato sobre la "Construcción de Obra Doble Vía Huarina-Tiquina"; dicha sentencia incurre en falta de motivación, ya que se limita a mencionar la prueba sin individualizarla ni valorarla.
Contra la referida Sentencia se interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, emitiéndose en consecuencia el , que no se pronunció sobre los agravios expuestos en su recurso de casación referidos a que la cláusula vigésima primera establece las causas de resolución del contrato y el procedimiento que no fue valorado para determinar la decisión de declarar la resolución del contrato por causa imputable a la ABC y que las argumentaciones como eximentes de su incumplimiento contractual no se hallan definidas contractualmente como mayores volúmenes para su ejecución por ser bajo la modalidad llave en mano y no es de precios unitarios por lo cual no corresponde pedir el pago de mayores volúmenes; a que los fundamentos de la contestación a la demanda no fueron valorados, tales como que en la resolución del contrato se observaron todos los procedimientos, los plazos y formalidades establecidas en la cláusula vigésima del contrato; y que no se tomó en cuenta la naturaleza jurídica del contrato administrativo caracterizado por las llamadas cláusulas exorbitantes; asimismo no responde a su denuncia que la sentencia omitió ciertos puntos demandados por la ABC como el referido que se trataba de un contrato llave en mano y que en la Nota de resolución del contrato si se tomó en cuenta los argumentos y las pruebas presentadas por la empresa constructora. Asimismo, los demandados, omiten referirse a su denuncia que la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, omitió valor toda la prueba presentada, y que la ABC presentó más de 200 fojas y el demandante más de 1300 fojas, entre las cuales se encuentra su propuesta técnica y económica y el Contrato ABC 622/16 GLP-OBR-TGN, las cuales hacen al fondo del asunto; sin embargo, se valoró la Nota de intención de resolución del contrato, la nota de respuesta a la intención de resolución del contrato y la nota de resolución de contrato, lo cual resulta mínimo con relación al cursante en el expediente. Tanto la Sala Plena como la Sala de origen, no verificaron la implicancia y alcance de la contratación bajo la modalidad llave en mano. Deficiente valoración probatoria de las cartas de intención, respuesta y resolución del contrato, que fueron las únicas pruebas valoradas, las cuales no evidencian el cumplimiento e incumplimiento del contrato; y al establecerse que existe la posibilidad legítima y legal que una de las partes pretenda la modificación de las prerrogativas contractuales, contraria a la naturaleza de la contratación bajo la modalidad llave en mano ya las cláusulas Décima Sexta y Vigésima tercer del Contrato y que asimismo respecto a las causales f) y g) era fundamental verificar el cronograma, lo cual no aconteció. Aplicación indebida de los arts. 572 y 984 del Código Civil (CC) a un contrato administrativo. Por otra parte, no se ha citado con la demanda ni notificado con la sentencia a la Procuraduría General del Estado. Finalmente, la ABC, fue tratada como una persona particular, desconociendo su carácter de institución pública.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, debido proceso, fundamentación, motivación, congruencia, defensa e igualdad, citando al efecto los arts.115 y 229 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:
- 1)Se deje sin efecto el ; y,
- 2)Que se emita una nueva Resolución que necesariamente esté conectado con los antecedentes del proceso y respete los derechos anteriormente vulnerados.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 26 de octubre de 2022, según el acta de audiencia cursante de fs. 329 a 340, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante, a través de su abogada a momento de ratificar su acción constitucional, agregó que:
- i)Pese a que en el proceso de contratación entre ABC y la Empresa Constructora Royal S.R.L., se efectuaron varios contratos modificatorios y se estableció como fecha de entrega de la obra el 8 de marzo de 2019, la mencionada empresa no cumplió con el plazo, por lo que ABC dispuso la resolución del contrato, señalando como causales la falta de permanencia en la obra, incumplimiento al cronograma de ejecución, desconocimiento de los plazos, atraso en la ejecución a partir del 10 por ciento del monto total e inobservancia de obligaciones esenciales del contrato;
- ii)El contrato administrativo es en esencia distinto al contrato civil, por lo cual debió tramitarse con esas características; no obstante, por razones políticas concernientes al gobierno de turno el 2020, se trató de perjudicar a funcionarios de ABC que desempeñaban funciones en ese entonces;
- iii)No existió respuesta al argumento vinculado a que la modalidad de contrato firmado fue del tipo "llave en mano", como tampoco a que la empresa contratista incurrió en el motivo de resolución de contrato previsto en la cláusula 21 del contrato administrativo; y,
- iv)Al haberse calificado el proceso como de puro derecho, se dejaron de lado importantes pruebas, limitando sustancialmente el ejercicio de su derecho a la defensa, principalmente sobre la posibilidad de probar la obligación que tenía la empresa contratista de realizar trabajos de mantenimiento.
I.2.2. Informe de la parte demandada
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