0060/2019

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0060/2019 Sucre, 20 de noviembre de 2019

SALA PLENA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de inconstitucionalidad abstracta

Expediente: 22638-2018-46-AIA Departamento: La Paz

En la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Lindaura Lourdes Millares Ríos, Diputada Titular por el departamento de Chuquisaca, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad del art. 37.II, IV, VI, VIII y IX de la Ley 915 de 22 de marzo de 2017 (Ley modificatoria, entre otras, a la Ley del Notariado Plurinacional, Ley 483 de 25 de enero de 2014); por ser presuntamente contrarios a los arts. 1, 8.II, 9.1 y 4, 12.I y III, 13.I, 14.II, 21.4, 108.1, 2 y 3, 119.I, 140.I y II, 175.I, 178, 180, 232 y 410.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 2, 7, 20.1, 21.1, 2 y 3; y, 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 2.1, 2 y 3 inc. a); 22.1, 2 y 3; y, 25 incs. a) y c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 5.1 y 2, 6.1 y 2, 8.1 inc. a), 23 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); 16.1 y 2, 24 y 29 incs. a), b), c) y d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 3, 4 y 5 del Protocolo Adicional a la CADH en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador".

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Por memorial presentado el 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 6 a 31, la accionante, en su condición de Diputada Titular por el departamento de Chuquisaca, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demanda la inconstitucionalidad del art. 37.II, IV, VI, VIII y IX de la Ley 915 de 22 de marzo de 2017, parágrafos que modifican e incorporan en la Ley del Notariado Plurinacional, la conformación del Consejo del Notariado Plurinacional; la forma de designación de la directora o director de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU), y de las directoras y directores departamentales; y, que el Consejo aludido, sesionará sin la presencia de las o los dos representantes de la Asociación Nacional del Notariado, entre tanto no se efectúe el proceso de selección y nombramiento de las y los nuevos notarios de fe pública; con los siguientes argumentos:

I.1.1. Relación sintética de la acción

La Ley 915, fue aprobada sin considerar el carácter fundamental de la Constitución Política del Estado, contrariando la base axiológica contenida en la Norma Suprema, al no adecuarse a los valores, principios, fines, derechos y garantías constitucionales, incorporó cláusulas que quebrantarían la organización del Estado, atentarían contra el sistema normativo, la prohibición de monopolio de poder (separación de poderes y funciones), negando asimismo, el derecho a la asociación al excluirlo de facto. Pretendiendo en el fondo, consolidar la injerencia del Órgano Ejecutivo en la función notarial, invadiendo y copando el Consejo del Notariado Plurinacional -cuyas funciones son la fiscalización y el control del Notariado Plurinacional-, con entidades dependientes del Órgano precitado del Estado, incluyendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que no tendría que ver con las funciones específicas de la labor notarial. Por otra parte, la Ley 915, preveía la designación discrecional de las principales autoridades del Notariado boliviano, "...por un órgano eminentemente político..." (sic), desnaturalizando la carrera notarial en desconocimiento del mérito, la capacidad y la vocación como reglas generales para ser parte del Notariado.

Resalta, en ese orden que, la Ley 915, modifica la Ley del Notariado Plurinacional, Ley 483 de 25 de enero de 2014, alterando artículos trascendentales que garantizaban que los cargos de directores nacional y departamentales, de seis y cuatro años de funciones, respectivamente, fueran ocupados de una terna de profesionales elegidos por concurso de méritos, aunque aquello debía ser por examen de competencia en virtud al principio de igualdad; obviando así los méritos y el examen de competencia referidos, que sí serían exigibles a los demás notarios, dejando, en consecuencia, en duda la idoneidad personal y profesional de las máximas autoridades del Notariado Nacional, permitiendo ampliar el ámbito de influencia política y discrecionalidad sobre dichas autoridades y sobre sus actuaciones; conllevando lo señalado, un riesgo a la independencia del Notariado boliviano y la transparencia del proceso de selección de notarias y notarios en el país, en pleno desarrollo. Así, sería innegable, según resalta, la injerencia directa del Ejecutivo en la DIRNOPLU, conformado ahora por tres Ministerios del Órgano Ejecutivo, y la prescindencia de la idoneidad personal y profesional en la designación de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de esa Dirección, en contravención a los principios constitucionales del servicio público, como la igualdad, ética, competencia y eficacia.

En ese marco, agrega que, los notarios de Bolivia son profesionales abogados especializados en Derecho Notarial, quienes por delegación del Estado, ejercen sus actividades de forma privada, asesorando, interpretando y dando forma legal a la voluntad de las personas, la redacción de instrumentos públicos y trámites jurídicos en la vía voluntaria; habiendo constituido hace más de treinta y tres años la Asociación del Notariado Boliviano, reconocida a nivel nacional e internacional. Así, en virtud a las funciones que desempeñan los notarios habrían estado siempre relacionados al entonces Poder Judicial, sin ejercer jurisdicción conforme establecía la Ley de Organización Judicial abrogada, 1455 de 18 de febrero de 1993, existiendo cierta dependencia que, no significó nunca que la Asociación precitada hubiera formado parte del Órgano Judicial; no obstante, la Ley 915, desnaturalizaría el propósito de asegurar la independencia institucional, supeditando la labor notarial al Ejecutivo, bajo la tuición de la DIRNOPLU, al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, presidiendo además ese Ministerio, el Consejo del Notariado Plurinacional, como instancia de fiscalización y control.

Añade que, la intención de control y subordinación del Notariado, al Ejecutivo, no armonizaría con la voluntad del Constituyente, siendo el fin del nuevo modelo de Estado autonómico, desconcentrar el poder, otorgando independencia a las entidades procurando su fortalecimiento institucional; no siendo coherente por ende, subordinar el Notariado al Órgano Ejecutivo, mediante sus Ministerios; eliminando además la convocatoria y concurso de méritos como condición y supuesto previo a la selección de una terna para asumir la Dirección de la DIRNOPLU, previendo el art. 37.IV de la Ley 915, únicamente el envío de una terna de postulantes a directora o director de dicha Dirección, al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, atentando contra la igualdad, ética, competencia, eficacia y transparencia de acceso a la función pública, "...quedando las ternas y designación en manos de los Ministros y el Presidente (Todo dentro del Poder Ejecutivo)" (sic), resultando evidente que, la hegemonía del Ejecutivo sobre el Consejo del Notariado Plurinacional y DIRNOPLU, provocarían que lógicamente tal Órgano, subyugue a todos los notarios de Bolivia. Aspectos que demostrarían que el legislador, habría actuado en claro desconocimiento de los valores, principios y derechos constitucionales, generando una reforma normativa contraria al texto constitucional, por cuanto la selección de notarios y notarias no sería incluyente ni transparente, al suprimirse incluso la participación en su elección, de la Asociación del Notariado Boliviano, conteniendo la Ley 915, la Disposición Transitoria Octava a la Ley del Notariado Plurinacional (LNP), desconociendo institucional y orgánicamente ha dicho cuerpo colegiado, determinando que mientras no se realice el proceso de selección y nombramiento de las y los nuevos notarios de fe pública y se conforme la nueva Asociación Nacional del Notariado, el Consejo del Notariado Plurinacional sesionará sin la presencia de las o los dos representantes de la misma, vulnerando el derecho de asociación y la institucionalidad del Notariado, desconociéndose a una organización civil, reitera, que aglutinaría a los notarios de Bolivia, poniendo en duda la legitimidad y el debido proceso en la selección de los nuevos notarios de carrera; manipulándose la función legislativa buscando "...malsanos objetivos hegemónicos..." (sic) contrarios a la Norma Suprema, desnaturalizando y subordinando, insiste, la importante función del Notariado boliviano a la voluntad del Órgano Ejecutivo; por lo que, las modificaciones realizadas por la Ley 915, serían "anticonstitucionales", al atentar contra directrices supremas que establecen la organización y estructura del Estado y el sistema democrático de gobierno, obviando que la Constitución Política del Estado, prohíbe el monopolio y concentración de funciones, garantizando la autonomía y descentralización generando la desconcentración del poder.

Conforme a todo lo expuesto, indica en forma posterior a desarrollar doctrina y jurisprudencia constitucional de los principios de legalidad, jerarquía normativa y supremacía constitucional, reserva legal, seguridad jurídica, prohibición de monopolio de poder, separación de poderes y de los derechos a la igualdad y de asociación; que los preceptos impugnados de inconstitucionalidad lesionarían en inicio el principio de legalidad, contenido en los arts. 1, 108.1, 2 y 3, 232 y 410.I de la CPE. Por otra parte, referente al principio de supremacía constitucional y jerarquía normativa, instituido en los arts. 108.1, 2 y 3 y 410.I y II constitucional, expresa que la Ley 915, transgrede los mismos, debido a su falta de adecuación al marco constitucional, contradiciendo los valores, principios, fines y modelo de Estado autonómico y descentralizado. En forma seguida, señala que la Ley 915, desconocería la base constitucional contenida en los arts. 12, 140 y 410.I y II de la CPE, al definir el monopolio del Órgano Ejecutivo, disponiendo la intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que no tiene ninguna afinidad con el Notariado; lesionando igualmente el derecho a la igualdad, contenido en los arts. 8.II, 14.II, 119.I, 180.I y 232 de la Ley Fundamental, al dejar sin efecto las convocatorias públicas previas a la designación de los directores nacional y departamentales del Notariado, conculcando el principio de reserva legal en su dimensión sustantiva, al no contar con sustento constitucional y contrariar la base constitucional en cuanto a la provisión del poder y el respeto a la igualdad precitada. Ulteriormente, invoca transgresión al principio de seguridad jurídica, alegando que la Ley 915, atenta contra la organización y estructura del Poder Público, la separación orgánica de funciones y el ejercicio racional de potestades, trastocando asimismo, en la lesión de "...derechos, garantías, fines, principios y valores..." (sic), pretendiendo la concentración del poder en un solo Órgano del Estado; es decir, en el Ejecutivo, "transformando" al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en una "...especie de interventor sobre el notariado plurinacional (además de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y el de Relaciones Exteriores, como parte de DIRNOPLU)" (sic), convirtiendo a los directores nacional y departamental en simples brazos operativos del Órgano Ejecutivo, generando incertidumbre además al desconocer a la Asociación del Notariado Boliviano, con más de treinta y tres años de vigencia, en clara vulneración, según invoca, del derecho a asociarse y ser debidamente representados.

En el último punto descrito supra, añade que, el modo de designación de la cabeza del Consejo del Notariado Plurinacional, DIRNOPLU y de las direcciones departamentales previstos en la Ley 915, "...Al suprimir el concurso de méritos y examen de competencia al que deben someterse los nuevos Notarios de carrera..." (sic), elimina la igualdad, transparencia y publicidad, concentrando, reitera, las decisiones únicamente en el Órgano Ejecutivo; privando a los postulantes de estar debidamente representados en el Consejo del Notariado Plurinacional, mediante su organización matriz; es decir, a través de la Asociación del Notariado Boliviano, "...y al no ser parte de las comisiones calificadoras ni intervenir en el proceso, son víctimas de una exclusión sistemática e injusta de todo el proceso de renovación de autoridades y notarios bolivianos..." (sic). Así, resalta que, el Ejecutivo, lograría "acaparar" todos los espacios de decisión en el Consejo del Notariado Plurinacional, facilitando el Órgano Legislativo su hegemonía excluyendo y lesionando los derechos de asociación y representación de los notarios, por cuanto, no pueden participar en el proceso de selección ni como veedores, habiendo incorporado la Ley 915, la Disposición Transitoria Octava, determinando que el Consejo aludido, sesionará sin la presencia de los representantes de la Asociación Nacional del Notariado. Agrega que, en cuanto al principio de igualdad, previsto en los arts. 8.II, 14.II, 119.I, 180.I y 232 de la CPE; la Ley 915, elimina las convocatorias públicas para las autoridades del Notariado, imponiendo privilegios y tratos preferentes en relación a los demás notarios de fe pública que sí deben presentarse a convocatorias públicas, vulnerando la igualdad material, al establecer que funciones de mayor responsabilidad exijan menos requisitos y gocen de privilegios al disponer que los directores nacional y departamentales sean directamente designados, lesionando asimismo, la igualdad de oportunidades, por cuanto, dichas autoridades son designadas de forma directa por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, de ternas propuestas por los Ministros que integran el Consejo del Notariado Plurinacional, siendo evidente que, los demás notarios y profesionales de abogados que no gocen de la confianza del Ejecutivo, no pueden postularse y demostrar su capacidad y méritos para esos cargos; en transgresión de los principios de imparcialidad, igualdad entre partes, transparencia, competencia, ética y legitimidad.

Efectuadas dichas exposiciones, precisa que, la motivación sobre la inconstitucionalidad del art. 37 de la Ley 915, se centraría en cuatro grupos de vulneraciones principales, siendo éstos conforme indica; la independencia institucional y descentralización orgánica del Notariado boliviano contra la hegemonía y subordinación total al Órgano Ejecutivo; igualdad, transparencia, competencia, complementariedad entre los notarios bolivianos contra discriminación y privilegios; derecho de asociación y representación del Notariado boliviano, control social contra exclusión, discriminación, falta de transparencia y arbitrariedad; no identifica al cuarto. A cuyo efecto, reitera en síntesis todos los argumentos desarrollados de manera genérica hasta el presente.

En conclusión, sintetiza que, los argumentos que centran su acción de inconstitucionalidad abstracta, así como el análisis motivado de contradicción, especificando cada uno de los artículos, se ceñiría a lo siguiente:

a)Respecto al art. 37.II de la Ley 915, que incorpora el inc. c) en el art. 5.I de la LNP, incluyendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, como parte del Consejo del Notariado Plurinacional; alude que, la Ley del Notariado Plurinacional, fue creada con la finalidad de hacer del Notariado nacional una institución independiente y descentralizada bajo el control del Estado, justificándose con ello, anteriormente, la intervención de tres Ministerios en el Consejo aludido, dos parcialmente relacionados al Notariado; contradiciendo la Ley 915, dicho entendimiento, restableciendo la intervención de tres Ministerios, ante la desaparición del de Transparencia, incluyendo al de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sin que exista relación alguna de éste con el Notariado; con intención hegemónica contraria a la independencia institucional y descentralización funcional del Notariado; lo que, lesionaría el art. 175.I de la CPE, que regula las atribuciones de los Ministerios de Estado, que deben enmarcar sus funciones en su sector y ámbito de competencia, no encontrándose facultados para conformar delegaciones especiales que supervisen, fiscalicen y tengan tuición además en las comisiones calificadoras en los procesos de selección de notarios y notarias, siendo por demás evidente que, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no tendría atribuciones respecto al Notariado, no constando base constitucional alguna para que sea parte del Consejo del Notariado Plurinacional, quebrantándose el subsistema de asignación de funciones contemplado en la Norma Suprema, en relación al principio de reserva legal, desnaturalizando el principio constitucional de división del ejercicio del Poder Público; oponiéndose además a la estructura orgánica del Estado que se rige por el principio de especialidad, que opera también en el nivel intra orgánico, por cuanto, en ninguna parte de la Constitución Política del Estado, se otorgarían facultades a los Ministerios para asumir control sobre la función del Notariado, compeliendo que su gestión se limite a la administración pública y no a la injerencia en instituciones que por la naturaleza de sus funciones, precisan ser absolutamente independientes; encontrándose en riesgo la independencia e idoneidad de los nuevos notarios de cuyas funciones depende la seguridad jurídica de los bolivianos, ante el sometimiento al Órgano Ejecutivo, al que se ciñe la Ley 915. Razones por las que, alega que, la disposición anotada (art. 37.II de la Ley precitada), sería incompatible con los arts. 8.II, 9.1 y 4, 12.I y III, 13, 140, 175.I y 410.I y II de la CPE, al establecer la concentración de poder, afianzando la injerencia del Ejecutivo sobre el Notariado boliviano, otorgándole atribuciones, reitera, que no se encuentran sustentadas en la Ley Fundamental;
b)En cuanto al art. 37.IV, VI y VIII de la Ley 915, indica que dichas previsiones normativas, desconocerían la independencia y separación de Órganos del Estado, concentrando el poder en el Órgano Ejecutivo, regulando normas desiguales en la selección de autoridades de la DIRNOPLU, en contraposición de la convocatoria pública, exámenes de competencia y concurso de méritos exigidos a los notarios de carrera, lo que vulneraría los valores a la igualdad, inclusión, transparencia, equilibro, qhapaj ñan (camino o vida noble), así como los derechos a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación. En ese marco, expresa que, la Ley del Notariado Plurinacional, establecía que tanto el director o directora de la DIRNOPLU, y los directores departamentales serían elegidos previa convocatoria pública y concurso de méritos; un filtro meritocrático que garantizaba tener una terna de profesionales idóneos y legitimados por los principios de publicidad, transparencia, competencia y eficacia, contenidos en el art. 232 de la CPE, mejorando y cualificando la nómina de postulantes "...entre los cuales elegir a los Directores que se encarguen de la carrera notarial, materia disciplinaria, y administrativa..." (sic); suprimiendo aquello sin motivación alguna, la Ley 915, otorgando más poder de decisión al Ejecutivo. Situación similar prevista para los directores departamentales, otorgando al director de la DIRNOPLU, la potestad de escoger y designar "...a quien mejor le parezca para asumir funciones a la cabeza de las Direcciones Departamentales..." (sic), denotándose la injerencia del Ejecutivo para designar a todos los directores nombrados, siendo que, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, designa al nacional y el nacional, a los departamentales; lo que incidiría en la concentración de funciones y la injerencia interorgánica, demostrándose que todas las autoridades notariales y los notarios bolivianos, estarán subordinados, según anotó, al Ejecutivo. Por otra parte, repite y resalta que, se prevén normas desiguales en la selección de autoridades de la DIRNOPLU, en relación a lo exigido a los notarios de carrera; toda vez que, conforme reitera, respecto a éstos últimos si se emite convocatoria pública para el concurso de méritos y examen de competencia respectivos; conllevando desigualdad de oportunidades, en el acceso a cargos de dirección, quedando las direcciones "...en ámbitos de influencia política. En otras palabras, serán directores, únicamente quienes gocen de la confianza del Poder Ejecutivo y que además sean muy allegadas al Consejo del Notariado Plurinacional (Ministros de Estado)" (sic). Cuestiones que también afectarían a la transparencia del proceso de selección de notarios y notarias de fe pública para la carrera notarial "en vigencia y desarrollo". En cuyo mérito, el art. 37.IV, VI y VIII de la Ley 915, sería incompatible con los arts. 1, 8.II, 9.1 y 4, 12.I y III, 14.II, 119.I, 180.I, 232 y 410.I y II de la CPE; y,
c)En relación al art. 37.IX de la Ley 915, que incorpora la Disposición Transitoria Octava a la LNP, determinando que en tanto no se efectúe el proceso de selección y nombramiento de las y los nuevos notarios de fe pública, mediante resolución administrativa y se conforme la Asociación Nacional del Notariado, el Consejo del Notariado Plurinacional sesionará sin la presencia de los dos representantes de la misma; invoca la vulneración del derecho de asociación, desconociendo que la Asociación del Notariado Boliviano, aglutinó por más de treinta y tres años a los profesionales abogados que asumieron las funciones de notarios de fe pública, con la finalidad siempre de coordinar actividades propias de los profesionales de esta especialidad; siendo la organización encargada de trabajar y velar por la creación, aprobación y puesta en vigencia de la Ley del Notariado Plurinacional. No obstante lo anotado, resalta que, la norma mencionada crea una Asociación paralela a la actual, denominada Asociación Nacional de Notarios, con la pretensión de desconocer y prácticamente eliminar a la Asociación del Notariado Boliviano, al no permitir "...precisamente por gestiones del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la adecuación de los estatutos, reglamentos, y el nombre a dicha norma, para convertirse en la Asociación Nacional de Notarios" (sic). Añade que, esta Asociación, debe estar conformada según el art. 37.IX de la Ley 915, por los nuevos notarios de carrera, y al no haberse conformado aun ésta, se determinó que el Consejo del Notariado Plurinacional, sesione sin los dos representantes de la organización de notarios, demostrando una vez más la intromisión del Órgano Ejecutivo en la DIRNOPLU, suprimiendo de facto el derecho a la asociación regulado en el art. 21.4 constitucional; centralizando el proceso de selección de los nuevos notarios de fe pública, concediendo, según finaliza y repite, el monopolio total al Ejecutivo sobre el Consejo del Notariado Plurinacional, DIRNOPLU, direcciones departamentales y los notarios de fe pública de todo el país.

I.1.2. Admisión y citación

Por (fs. 33 a 38), la Comisión de Admisión de este Tribunal, admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta descrita supra, ordenando ponerla en conocimiento de Álvaro Marcelo García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como representante del Órgano que generó las normas impugnadas -a fin que formule los alegatos pertinentes-; lo que se cumplió el 5 de abril de 2018 (fs. 77).

I.1.3. Alegaciones del personero del órgano que generó la norma impugnada

Por memorial recibido en este Tribunal, el 26 de abril de 2018 (fs. 84 a 95), el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro Marcelo García Linera, como representante del Órgano que generó las normas impugnadas de inconstitucionales, expresó:

1)No obstante que, el Tribunal Constitucional Plurinacional admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada, compelía que inicialmente revise el cumplimiento de los requisitos formales instituidos en el art. 24.I.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), cuestión que no habría sido observada; por cuanto, del análisis de los planteamientos de la acción, se evidenciaría que la accionante impugnó la Ley 915, en lo relativo a las modificaciones e incorporaciones a la Ley del Notariado Plurinacional, detallando en ese orden, los mandatos constitucionales y convencionales supuestamente transgredidos, desarrollando los argumentos de la presunta vulneración de los principios de legalidad, jerarquía normativa y supremacía constitucional, limitándose a señalar el concepto e importancia de los principios y su valor constitucional; concluyendo que la Ley 915, lesionaría dichos preceptos;
2)Conforme a lo anotado en el punto anterior, resulta claro que, Lindaura Lourdes Millares Ríos no habría explicado de qué forma las modificaciones e incorporaciones a la Ley del Notariado Plurinacional, efectuadas por la Ley 915, quebrantan los principios antes referidos; indicando una supuesta supresión del principio de reserva legal, concluyendo que existe una concentración de poder en el Ejecutivo, así como un presunto desconocimiento de los principios y derechos a la igualdad, sin identificar la disposición constitucional que contiene la reserva legal en relación a la función notarial y su organización administrativa, menos explicando qué funciones atribuidas a otros Órganos del Estado, son las que se habrían concentrado en el Ejecutivo; siendo evidente que no explicó en qué consistiría la supuesta concentración de poder o trato desigual. Cuestiones que demostrarían que se inobservó, reitera, un requisito fundamental para la admisión de la acción de inconstitucionalidad formulada (precitado art. 24.I.4 del CPCo), no siendo suficiente argumentar la conculcación de preceptos constitucionales en relación a cualquier normativa, resultando ineludible describir la relación y la forma en la que una disposición infra constitucional quebranta el orden constitucional;
3)El órgano de constitucionalidad resolvió una anterior acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta en 2014, contra disposiciones de la Ley del Notariado Plurinacional; oportunidad en la que, el entonces accionante alegó que las normas contenidas en los arts. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14.I, III y IV, 18 incs. g), j) y l), 34.I en la frase "La Dirección del Notariado Plurinacional y las Direcciones Departamentales", 84.III y IV en las frases "con autorización de la Dirección Departamental" y "previa autorización de la Dirección Departamental", respectivamente, 85 en la frase "previa autorización de la Dirección Departamental", 99, 100, 101, 110, 111, 112, las Disposiciones Transitorias Segunda, Quinta, Sexta y Séptima; y, las Disposiciones Finales Primera y Segunda de la LNP, atentaban contra el principio de separación de los Órganos de poder y no injerencia del Órgano Ejecutivo en el "Legislativo", vulnerando presuntamente, según se invocó en dicha oportunidad, los arts. 12.I y III, 120.I, 178.I y 193.I de la CPE; acción resuelta por la , que declaró la constitucionalidad de las normas cuya incompatibilidad fue acusada; no habiendo advertido el Tribunal Constitucional Plurinacional que las disposiciones de la Ley del Notariado Plurinacional, relativas a la organización administrativa bajo tuición del Órgano Ejecutivo, sean contrarias al art. 12 de la Ley Fundamental, determinando por ende, la inexistencia de la concentración de funciones en un Órgano de poder;
4)En el caso presente puesto a consideración del órgano de constitucionalidad, Lindaura Lourdes Millares Ríos impugna las modificaciones efectuadas a los arts. 5, 6, 7, 8 y 10, además de la incorporación de la Disposición Transitoria Octava, en la Ley del Notariado Plurinacional, en lo referente a la organización del Notariado Plurinacional, integrada por el Consejo del Notariado Plurinacional, DIRNOPLU y las direcciones departamentales, por ser presuntamente contrarias a los arts. 12 y 178 de la CPE, argumentando al efecto una supuesta concentración de funciones en el Órgano Ejecutivo; siendo evidente la existencia de identidad en las normas impugnadas de incompatibles, las disposiciones constitucionales presumiblemente infringidas y el cargo de inconstitucionalidad; concurriendo, en consecuencia, cosa juzgada constitucional en cuanto a las normas legales nuevamente cuestionadas; aspecto que debería ser tomado en cuenta a momento de emitir el fallo constitucional plurinacional correspondiente;
5)En relación a que el art. 37.II de la Ley 915, incluiría en el Consejo aludido, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que no tendría relación alguna con la actividad notarial, contradiciendo, por ende, según alegó la accionante, la prohibición de concentración de poder; expresa que, la , que declaró la constitucionalidad de las normas descritas supra de la Ley del Notariado Plurinacional, determinó que el Órgano Ejecutivo, se encuentra facultado a efectos de organizar y fiscalizar el Notariado Plurinacional en cuanto al tema organizacional, administrativo y disciplinario; labor que cumple mediante el Consejo, la DIRNOPLU y las direcciones departamentales; lo que no contradeciría las disposiciones constitucionales;
6)Conforme a lo expuesto en el punto anterior, resaltó que el art. 172.3 y 4 constitucional, prevén como atribución del Presidente o Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, el proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado, además de dirigir la administración pública y coordinar la acción de los Ministros de Estado; por otra parte, el art. 175.I.1 y 2 de la CPE, instituyen entre las atribuciones de los Ministros, el proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales del Gobierno, así como proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector; por lo que, el Órgano Ejecutivo, tiene claramente facultades para establecer políticas de Estado y de gobierno vinculadas a los distintos sectores de interés de la sociedad; en el caso, de la actividad notarial que otorga fe de los actos jurídicos entre personas naturales y jurídicas;
7)Conforme a los arts. 5 y 6 de la LNP, el Consejo del Notariado Plurinacional, es la instancia de fiscalización y control del Notariado Plurinacional, atañéndole atribuciones relacionadas a la supervisión de las políticas públicas vinculadas a la organización del Notariado, difusión de la Ley, remisión de terna de postulantes a directora o director de la DIRNOPLU, entre otras; atribuciones ceñidas a un control y vigilancia de la parte organizacional de las instituciones administrativas del Notariado Plurinacional, no así a intervenir en la función notarial que ejercen los notarios de fe pública, quienes en previsión del art. 11 de la LNP, dan forma legal a la voluntad de las y los interesados, en el marco de lo instituido en el Código de Comercio y en la propia Ley del Notariado Plurinacional, sin que en aquellas funciones exista revisión por parte de las autoridades administrativas del Notariado;
8)La incorporación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social al Consejo del Notariado Plurinacional, permite generar políticas públicas en torno al servicio notarial, constituyendo relevante su participación a efectos de la generación de mecanismos de fiscalización en cuanto al ingreso a la carrera notarial y a los procesos de evaluación y desarrollo laboral de las y los notarios de fe pública; sin que su agregación al Consejo precitado se contraponga a los principios y preceptos constitucionales contenidos en los arts. 12, 140.I y II y 410.I de la CPE, referentes a la concentración o acumulación del Poder Público y la supremacía constitucional;
9)Según invoca la accionante, el art. 37.IV, VI y VIII de la Ley 915, eliminaría la convocatoria pública y el concurso de méritos previo a la designación del director nacional y departamentales del Notariado, en lesión de los principios de jerarquía normativa, supremacía constitucional y de los valores de igualdad, inclusión, transparencia, equilibrio e igualdad de oportunidades, previstos en los arts. 8.II, 14.II, 108.1, 2 y 3, 119.I, 180.I, 232 y 410 de la CPE; sin embargo, no consideraría que, en virtud a los arts. 233 constitucional, 5 del Estatuto Funcionario Público (EFP) y 12 del Decreto Supremo (DS) 25749 de 20 de abril de 2000, Reglamento de Desarrollo Parcial del EFP, se reconoce la existencia de los servidores públicos designados y de libre nombramiento, cuya clasificación igualmente se halla contenida en la , en la que, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que los cargos de designación responden a criterios de legitimidad al ser designados por una autoridad electa, en el caso, por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que considerando el nivel ejecutivo estratégico, son designados para la ejecución de los fines y funciones del Estado;
10)En virtud a lo anotado en el punto precedente, y de acuerdo al art. 8.I de la LNP, el director del Notariado Plurinacional, reúne las características de un servidor público designado, como MAE de la entidad, efectuándose su designación por resolución suprema emitida por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. De otra parte, el art. 10.I de la misma Ley, prevé que la directora o director departamental es la máxima autoridad del Notariado departamental, siendo designada o designado por la directora o director del Notariado Plurinacional; constituyendo dicho servidor público un nexo entre los notarios de fe pública y la Dirección Nacional del Notariado, tendentes a obtener un Notariado departamental óptimo, seguro, confiable y que coordine aspectos organizacionales con esa entidad; siendo las atribuciones de la dirección departamental del Notariado Plurinacional, básicamente de carácter administrativo, de control, disciplinario y de seguimiento a toda la actividad notarial que se efectúa en cada departamento; por lo que, en mérito a las características anotadas, los directores departamentales son servidores públicos de libre nombramiento, nombrados directamente por la MAE de la DIRNOPLU, de conformidad al art. 233 de la CPE;
11)No obstante que el director o directora del Notariado Plurinacional, es un servidor público en la categoría de designado para asumir tal cargo; él o la postulante debe reunir requisitos que demuestren su calidad profesional, conocimiento del área y trayectoria en distintas áreas afines al ejercicio notarial, conforme a los arts. 8.I de la Ley 915, 10 del DS 2189 de 19 de noviembre de 2014 -Reglamento de la LNP-, y 3 del Reglamento para la Presentación de Terna para la Directora o Director del Notariado Plurinacional y Designación de las Directoras y Directores Departamentales del Notariado Plurinacional, aprobado por Resolución 004/2017 de 15 de mayo, del Consejo del Notariado Plurinacional; siendo ineludible seguirse un procedimiento de selección previo en función a los requisitos instituidos en la Ley Fundamental, Ley del Notariado Plurinacional y el Decreto Supremo que la regula y reglamentación específica, gozando su designación de legalidad y legitimidad;
12)La accionante alega igualmente que, el art. 37.II de la Ley 915, pretende la concentración de poder en el Órgano Ejecutivo, en supuesta contravención a los arts. 8.II, 9.1 y 4, 12.I y II, 13.I, 21.4, 140 y 410 de la CPE; sin considerar que, la función notarial desarrollada por los notarios de fe pública es efectuada, reitera, en el marco de lo previsto en el Código Civil, Código de Comercio y de la propia Ley del Notariado Plurinacional, de manera distinta y separada de la labor administrativa y organizacional ejercida por la dirección nacional o las direcciones departamentales, no pudiendo su labor ser influenciada por las determinaciones de carácter administrativo o disciplinario ejercidas por las instancias departamentales y nacionales; instituyendo la Ley del Notariado Plurinacional, las funciones de las instituciones del Notariado relativas a la organización del trabajo, la selección, designación, capacitación y evaluación de los notarios; no siendo objeto de revisión por parte de las autoridades administrativas del Notariado, el contenido formal de los documentos elaborados por los notarios. En ese marco, enfatiza que la función notarial no fue atribuida a ningún Órgano del Estado; por lo que, la tuición del Órgano Ejecutivo no implica concentración o ejercicio de facultades de otros Órganos del Estado, sino las previstas en la Ley precitada, no contraviniendo, por ende, el art. 37 de la LNP, el art. 140 de la CPE;
13)En cuanto a la supuesta concentración de funciones, la Ley del Notariado Plurinacional, ya habría sido cuestionada bajo el mismo cargo de inconstitucionalidad, a cuyo efecto, la antes nombrada , declaró la constitucionalidad de las normas en ese entonces impugnadas; concurriendo, en consecuencia, repite, la cosa juzgada constitucional en el marco de lo previsto en los arts. 78 y 84 del CPCo; así, una sentencia que declara la constitucionalidad de un precepto contenido en una Ley, motiva la improcedencia de una nueva demanda de inconstitucionalidad respecto a la misma norma, cuando se trate de igual objeto o causa y se argumenten similares preceptos constitucionales cuestionados; lo que se evidenciaría en el presente asunto, existiendo coincidencia en el objeto de impugnación, en las disposiciones constitucionales supuestamente infringidas y en los cargos argumentativos de la presunta inconstitucionalidad; compeliendo por ende, su improcedencia en lo referente a dicha alegación;
14)La accionante también invoca la inconstitucionalidad del art. 37.IX de la Ley 915, que determina que el Consejo del Notariado Plurinacional, sesionaría sin los representantes de la organización de los notarios, lo cual a su entender lesionaría el derecho de asociación. Al respecto, precisa que, la Ley del Notariado Plurinacional, rediseñó las instituciones que tienen bajo su supervisión a los notarios de fe pública, encontrándose por consiguiente, el actual personal del servicio notarial en un periodo transitorio en el ejercicio del cargo, por cuanto debía haberse iniciado un proceso de institucionalización de cargos conforme a la nueva Ley;
15)El proceso de institucionalización del sistema del Notariado, inició con la designación de autoridades ejecutivas en el marco de los arts. 232, 234, 236 y 239 de la CPE, aplicándose todos los principios y requisitos de la Administración Pública, de acuerdo a los arts. 8, 9 y 10 de la LNP; concluida la primera etapa de designación referida, prosigue el proceso de selección y nombramiento de las y los notarios de fe pública, a objeto que se incorporen a la carrera notarial, en cumplimiento a los principios definidos en el art. 232 de la Ley Fundamental; proceso regulado por la Ley del Notariado Plurinacional, modificada por la Ley 915, orientado a la mejora de la atención, registro y ordenación de los servicios notariales, así como a la efectivización de la carrera notarial en base a criterios de meritocracia, probidad e idoneidad. Conforme a ello, la disposición impugnada, que determinó que en tanto no se designen y se organicen las y los notarios titulares, el Consejo del Notariado Plurinacional sesionará sin la presencia de la Asociación, se encuentra dirigida a resguardar la estructuración adecuada del sistema del Notariado Plurinacional con la selección y designación de notarias y notarios de fe pública que formarán parte de la carrera notarial y de la institucionalización concluido el proceso de selección; momento en el que la Ley garantiza claramente el derecho a la libre asociación para la participación en el Consejo; no siendo evidente, por ende, la lesión del derecho de asociación, por cuanto la institucionalización precitada promueve, protege y garantiza dicho derecho en la Asociación Nacional de Notarios, en virtud al art. 5.I inc. d) de la LNP, que regula la participación de dos representantes de los notarios en el Consejo señalado; norma que no fue derogada y que garantizaría plenamente el ejercicio del derecho mencionado;
16)Finalmente, la accionante efectuaría una descripción de disposiciones convencionales del bloque de constitucionalidad, sin explicar de qué manera cada una de ellas hubiera sido infringida por las modificaciones contenidas en el art. 37 de la Ley 915, omitiendo el cumplimiento de los requisitos previos instituidos en el art. 24.I.4 del CPCo; no obstante ello, indica que, en cuanto a la supuesta lesión del derecho a la igualdad y al acceso en igualdad de condiciones a las funciones públicas, a los que se refieren las normas invocadas del bloque de constitucionalidad, no considera que, los notarios de fe pública y los directores nacional y departamentales del Notariado Plurinacional, tienen una naturaleza diferente de funciones, respondiendo su designación y nombramiento a procesos distintos en razón a la naturaleza de sus cargos; no constando por ende, transgresión alguna del derecho a la igualdad y a la no discriminación. De otro lado, referente al derecho a la libre asociación, el mismo no se vulneraría en el marco de lo descrito en el punto anterior; y,
17)En base a los argumentos desarrollados, solicitó declarar la constitucionalidad de los arts. 5.I, 6 inc. c), 8.I, 10.I y de la Disposición Transitoria Octava de la LNP, relativos a las modificaciones e incorporaciones efectuadas por el art. 37 de la Ley 915.

I.2. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Sorteada la presente acción de inconstitucionalidad abstracta, el 2 de mayo de 2018 (fs. 99); a solicitud del Magistrado Relator, la Comisión de Admisión de este Tribunal, emitió el decreto constitucional de 13 de junio de igual año, requiriendo al Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y a la Unidad de Investigación dependiente de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales (APEC) del Tribunal Constitucional Plurinacional, la documentación allí indicada, disponiendo a dicho efecto la suspensión del plazo (fs. 100).

Posteriormente, recibida la documentación el 3 y 4 de julio de 2018 (fs. 775 y vta.; y, 785); se solicitó nuevamente a la Unidad de Investigación de la APEC, precitada, la documentación detallada en el decreto constitucional de 17 de septiembre de igual año, manteniéndose la suspensión del plazo determinada (fs. 823). En forma ulterior, analizada la documentación remitida a objeto de verificar su pertinencia; mediante decreto constitucional de 11 de febrero de 2019 (fs. 848), se reanudó el plazo. Finalmente se requirió a la Unidad de Investigación de la APEC, la documentación puntualizada en el decreto constitucional de 1 de marzo de 2019 disponiendo a dicho efecto nuevamente la suspensión del plazo (fs. 850); reanudándose el mismo en fecha 18 de noviembre del mismo año (fs. 853) a efectos del pronunciamiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional respectiva.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. La acción de inconstitucionalidad abstracta fue presentada por Lindaura Lourdes Millares Ríos, Diputada Titular por el departamento de Chuquisaca, el 8 de febrero de 2018 (fs. 31).

II.2. Las normas contenidas en el art. 37.II, IV, VI, VIII y IX de la Ley 915 de 22 de marzo de 2017, impugnadas de inconstitucionales por la accionante, prevén en su contenido integral, resaltado en negrillas, lo siguiente:

"ARTÍCULO 37. (MODIFICACIONES E INCORPORACIONES A LA LEY Nº 483 DE 25 DE ENERO DE 2014, DEL NOTARIADO PLURINACIONAL).

I. Se modifica el inciso a) del Parágrafo I del Artículo 5, quedando redactado de la siguiente manera:

'a) El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, pudiendo ser representado por su máxima autoridad ejecutiva, o persona delegada.'

II. Se incorpora el inciso c) en el Parágrafo I del Artículo 5, con el siguiente texto: 'c) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pudiendo ser representado por su máxima autoridad ejecutiva, o persona delegada.'

III. Se modifica el Parágrafo II del Artículo 5, quedando redactado de la siguiente manera:

'II. El Consejo del Notariado Plurinacional estará presidido por la máxima autoridad ejecutiva o persona delegada del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.'

IV. Se modifica el inciso c) del Artículo 6, quedando redactado de la siguiente manera:

'c) Remitir una terna de postulantes a Directora o Director de la Dirección del Notariado Plurinacional a la Presidenta o el Presidente del Estado.'

V. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 7, quedando redactado de la siguiente manera:

'Artículo 7. (DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL).

I. Se crea la Dirección del Notariado Plurinacional como ente descentralizado, encargada de organizar el ejercicio del servicio notarial, bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.'

VI. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 8, quedando redactado de la siguiente manera:

'I. La Directora o el Director del Notariado Plurinacional, es la máxima autoridad ejecutiva de la Dirección del Notariado Plurinacional, será designada o designado, mediante Resolución Suprema de una terna propuesta por el Consejo del Notariado Plurinacional, durará en sus funciones por seis años y podrá ser ratificada o ratificado por un sólo período consecutivo.'

VII. Se modifica el inciso i) del Parágrafo II del Artículo 8, quedando redactado de la siguiente manera:

'i) Presentar el Informe Anual de Actividades a la Ministra o el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional;'

VIII. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 10, quedando redactado de la siguiente manera: 'I. La Directora o Director Departamental es la máxima autoridad del notariado departamental, será designada o designado por la Directora o por el Director del Notariado Plurinacional, por un período de cuatro años y podrá ser ratificada o ratificado por un sólo período consecutivo.'

IX. Se incorpora la Disposición Transitoria Octava, quedando redactada de la siguiente manera:

'OCTAVA. En tanto no se realice el proceso de selección y nombramiento de las y los nuevos Notarios de Fe Pública, a través de una Resolución Administrativa de conformidad al Parágrafo I del Artículo 14 de la presente Ley, y se conforme la Asociación Nacional del Notariado, que prevé el inciso d) del Parágrafo I del Artículo 5 de esta Ley, el Consejo del Notariado Plurinacional sesionará sin la presencia de las o los dos representantes de dicha Asociación.'

X. Se modifica el Parágrafo II de la Disposición Final Segunda, quedando redactado de la siguiente manera:

'II. De los ingresos netos por concepto de recursos propios específicos de la Dirección del Notariado Plurinacional serán transferidos en un treinta por ciento (30%) al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para el mejor cumplimiento de sus funciones'" (negrillas añadidas).

II.3. A objeto de una mejor comprensión del contenido de las disposiciones impugnadas de inconstitucionales; a continuación, se transcriben las normas de la Ley del Notariado Plurinacional, Ley 483, en las que el art. 37 de la Ley 915, efectuó las modificaciones e incorporaciones objetadas mediante la presente acción de inconstitucionalidad (todas contenidas en el Título I "Disposiciones Generales", Capítulo II "Organización del Notariado Plurinacional" de la LNP). Consignándose las modificaciones e incorporaciones en negrilla y subrayado; y, el texto modificado en cursiva:

"ARTÍCULO 5. (CONSEJO DEL NOTARIADO PLURINACIONAL).

I. El Consejo del Notariado Plurinacional es la instancia de fiscalización y control del Notariado Plurinacional, que estará integrado por:

a. El Ministerio de Justicia, pudiendo ser representada por su máxima autoridad ejecutiva o persona delegada;

(El inciso precedente fue modificado por determinación del parágrafo I artículo 37 de la Ley 915, por el texto siguiente:)

a. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, pudiendo ser representado por su máxima autoridad ejecutiva, o persona delegada.

b. El Ministerio de Relaciones Exteriores, pudiendo ser representada por su máxima autoridad ejecutiva o persona delegada;

c. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, pudiendo ser representada por su máxima autoridad ejecutiva o persona delegada;

d. Dos representantes designados por la Asociación Nacional de Notarios.

(Por determinación del párrafo II del artículo 37 de la Ley 915, se incorpora el inciso c) en el párrafo presente, con el texto siguiente:)

c. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pudiendo ser representado por su máxima autoridad ejecutiva, o persona delegada.

II. El Consejo del Notariado Plurinacional estará presidido por la máxima autoridad ejecutiva o persona delegada del Ministerio de Justicia.

(El párrafo precedente fue modificado por determinación del parágrafo III artículo 37 de la Ley 915, por el texto siguiente:)

II. El Consejo del Notariado Plurinacional estará presidido por la máxima autoridad ejecutiva o persona delegada del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

III. El Consejo se reunirá tres veces por año y extraordinariamente conforme al Reglamento Interno del Consejo, sesionará con un quórum mínimo de tres miembros y las decisiones serán adoptadas por la mayoría absoluta de los miembros presentes.

IV. Los miembros del Consejo no percibirán dietas ni remuneración alguna.

V. El funcionamiento y sus características será regulado mediante reglamentación.

ARTÍCULO 6. (ATRIBUCIONES). Las atribuciones del Consejo del Notariado Plurinacional son las siguientes:

a. Proponer, supervisar y fiscalizar las políticas implementadas por la Dirección del Notariado Plurinacional;

b. Coadyuvar a la difusión de la aplicación de la presente Ley;

c. Constituirse en comisión calificadora en las convocatorias públicas para las postulaciones a Directora o Director de la Dirección del Notariado Plurinacional y remitir listas de postulantes habilitados a la o el Presidente del Estado;

(El inciso precedente fue modificado por determinación del parágrafo IV artículo 37 de la Ley 915, por el texto siguiente:)

c. Remitir una terna de postulantes a Directora o Director de la Dirección del Notariado Plurinacional a la Presidenta o el Presidente del Estado.

d. Nombrar comisiones calificadoras para las y los postulantes a notarias y notarios de fe pública, las que estarán presididas por la Directora o el Director Departamental correspondiente;

e. Fiscalizar los procesos de evaluación de las y los notarios de fe pública;

f. Proponer a la Dirección del Notariado Plurinacional la firma de convenios.

(...)

ARTÍCULO 8. (DIRECTORA O DIRECTOR DEL NOTARIADO PLURINACIONAL).

I. La Directora o el Director del Notariado Plurinacional es la máxima autoridad ejecutiva de la Dirección del Notariado Plurinacional, será designada, mediante resolución suprema por seis años, previa convocatoria pública y concurso de méritos y podrá ser ratificada o ratificado por un solo periodo consecutivo. Los requisitos y el mecanismo de selección serán establecidos mediante reglamento.

(El párrafo precedente fue modificado por determinación del parágrafo VI artículo 37 de la Ley 915, por el texto siguiente:)

I. La Directora o el Director del Notariado Plurinacional, es la máxima autoridad ejecutiva de la Dirección del Notariado Plurinacional, será designada o designado, mediante Resolución Suprema de una terna propuesta por el Consejo del Notariado Plurinacional, durará en sus funciones por seis años y podrá ser ratificada o ratificado por un sólo período consecutivo.