Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0060/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 56757-2023-114-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 071/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Ángel Estivariz Loayza en representación sin mandato de Luis Arturo Franco Soliz, contra Mery Delma Toledo Mollinedo, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 27 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y 26 a 31, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el marco del proceso laboral por cobro de beneficios sociales seguido en su contra, se dictó la Sentencia 097/2015 de 16 de abril, que declaró probada en parte la demanda y dispuso que la empresa Atlantic Group Voipminutes Telecomunicaciones Sociedad Anónima (S.A.), pague la cuantía establecida en dicha resolución. No obstante, tal determinación fue recurrida en apelación y casación, llegándose posteriormente a emitir el , el cual, a su vez, fue impugnado mediante acción de amparo constitucional. Como resultado, en grado de revisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la , que concedió en parte la tutela solicitada y ordenó a los entonces Magistrados demandados dictar un nuevo Auto Supremo debidamente fundamentado y congruente.
En cumplimiento aparente de dicha determinación, se emitió el ; sin embargo, este mantuvo las deficiencias del Auto Supremo previamente dejado sin efecto, sin atender lo dispuesto en la . En consecuencia, acudió tanto a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz como al juzgado de origen, denunciando el incumplimiento de la sentencia constitucional, conforme a los arts. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), 15 y 16 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
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