Texto del fallo
Texto de la resolucion
FUNDAMENTACIÓN DE VOTO DISIDENTE Sucre, 4 de septiembre de 2019
SALA PLENA Magistrada: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Control previo de constitucionalidad de proyectos de estatutos o cartas orgánicas de entidades territoriales autónomas
Expediente: 24740-2018-50-CEA Departamento: Oruro
Solicitud de control previo de constitucionalidad del proyecto de Carta Orgánica presentado por Luis Castro Mamani, Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Sabaya, provincia del mismo de nombre del departamento de Oruro.
I. ANTECEDENTES
En virtud a lo dispuesto por el art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo); la suscrita Magistrada expresa su Voto Disidente a la , en lo concerniente a la declaratoria de compatibilidad pura y simple de los arts. 43.4 y 5; y, 48, toda vez que no realiza un control constitucional de contraste entre los preceptos de dichos artículos y la Norma Suprema, sino hace una comparación con los preceptos constitucionales y concluye señalando que al no estar igual que la Constitución corresponde su incompatibilidad, aspecto que no se traduce en la labor constitucional establecida en la norma, 44, 45, 49, 50 y 51 referidos al régimen electoral, cuyo contenido regulativo no le corresponde a la Carta Orgánica Municipal (COM), sino a una ley del nivel central que tiene a su cargo la regulación de cuestiones generales de dicho régimen; 47.II, dicho precepto es declarado constitucional pura y simple; empero, su tenor vulnera el derecho de residencia del servidor público electo, ya que le obliga a residir en el lugar donde presta servicios, sin considerar que pueden existir circunstancias en las que ya sea por salud o por razones de cercanía en municipios vecinos se pueda tener residencia fuera del distrito donde se presta el servicio; 56.5, 57.3 toda vez que pretende distribuirse responsabilidades, reconocidas a la ley sectorial que debe emitir la Asamblea Legislativa Plurinacional, debiendo los municipios en vista a la competencia concurrente, limitarse a reglamentar en el marco de la ley sectorial de la materia; 67.I, siendo que se prevé reserva de ley para la regulación del servicio básico de agua para consumo y servicios, estando reconocida la legislación al nivel central del estado; y, 95.II en la frase "la presente carta orgánica", puesto que tiene relación directa con el contenido del art. 93 de la misma COM, el cual se está declarando incompatible, bajo el argumento que su regulación le corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En dicha razón correspondía también la incompatibilidad de esta frase, la cual prevé el establecimiento de los impuestos de dominio municipal, su hecho generador, base imponible o de cálculo, alícuota, sujeto pasivo, exenciones y deducciones o rebajas mediante la COM, cuando el precepto que los contenía ya fue declarado incompatible, a cuyo efecto se exponen los siguientes argumentos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada, expresa su voto disidente con la ; en base a los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:
II.1. Sobre el régimen electoral dentro de las Cartas Orgánicas Municipales
La materia del Régimen Electoral, entendido como el conjunto de normas, criterios y pautas orientadas a regir la realización de los procesos electorales en sus diferentes formas; en el Estado Plurinacional con Autonomías fue distribuida entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) con facultad legislativa, de acuerdo a lo siguiente:
- a)El nivel central tiene competencia exclusiva sobre el "Régimen electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y subnacionales, y consultas nacionales" (art. 298.II.1 de la CPE), lo que significa que la elección de autoridades subnacionales de las entidades territoriales que no gozan de facultad legislativa (autoridades de las autonomías regionales y de los departamentos que no hubiesen accedido a la autonomía -art. 274 de la CPE-, deben regirse de manera absoluta por las regulaciones del nivel central del Estado);
- b)Las autonomías Municipales y Departamentales, de acuerdo al art. 299.I.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), tienen competencia compartida con el nivel central, sobre el Régimen Electoral Municipal y Departamental respectivamente; ello implica que, las ETA tienen facultades para desarrollar mediante ley el régimen electoral de acuerdo a sus características y naturaleza propias de su jurisdicción, pero siguiendo los lineamientos generales y criterios rectores definidos por la Ley Básica del Nivel Central -art. 297.I.4 de la Norma Suprema-, garantizando el ejercicio de los derechos políticos y la democracia intercultural; y,
- c)Las autonomías Indígena Originario Campesinas (IOC), tienen la exclusividad para desarrollar y ejercer sus instituciones democráticas conforme a sus normas y procedimientos propios.
En ese marco constitucional y su interpretación sistemática y armónica, se tiene que:
- 1)La Asamblea Legislativa Plurinacional, es la que tiene competencia para establecer los criterios y lineamientos de aplicación general a los procesos electorales de todas las entidades territoriales autónomas municipales (Ley Básica), siempre y cuando no se encuentren expresamente establecidos en la Norma Suprema -entre estos temas debe definir, las causas de inelegibilidad, candidaturas, forma de votación, periodo de mandato, revocatoria, y causas de cesación-; y,
- 2)El Órgano Legislativo Municipal enmarcado en los criterios y lineamientos generales definidos en la Ley Básica del Nivel Central, mediante Ley de desarrollo -ordinaria-, podrán incorporar elementos particulares a dicho Régimen electoral de acuerdo a su realidad y condiciones específicas de su jurisdicción, tal cual se expresó también en el art. 284.III de la propia CPE, en lo referente a la elección de Concejalas y Concejales.
En esta línea, el legislador nacional, en lo referente a elección de autoridades Municipales (arts. 70 a 72 de la Ley del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010), ha considerado que aquellas disposiciones de la referida Ley, constituyen un régimen básico y tienen aplicación uniforme en todos los procesos electorales de todas las entidades territoriales municipales autónomas.
II.2. La distribución de competencias y su carácter cerrado
Al respecto, la , estableció que: "...de la distribución de competencias realizadas en la Constitución Política del Estado entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, corresponde precisar que el Constituyente boliviano, ha preferido, a diferencia de otros modelos, establecer un catálogo competencial para el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, las mismas que se encuentran determinadas en nueve listas distribuidas a partir del art. 298 al 304 de la CPE, de acuerdo a la siguiente estructura:
1. Competencias privativas del nivel central (art. 298.I de la CPE, con veintidós competencias).
2. Competencias exclusivas del nivel central del Estado (art. 298.II de la CPE con treinta y ocho competencias).
3. Competencias compartidas entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (art. 299.I de la CPE, con siete competencias).
4. Competencias concurrentes ejercidas por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autonómicas (art. 299.II de la CPE, con dieciséis competencias).
5. Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales (art. 300.I de la CPE, con treinta y seis competencias).
6. Competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos (art. 302.I de la CPE, con cuarenta y tres competencias).
7. Competencias exclusivas de las autonomías indígena originario campesinas (art. 304.I de la CPE, con veintitrés competencias).
8. Competencias compartidas de las autonomías indígena originario campesinas (art. 304.II de la CPE, con cuatro competencias)
9. Competencias concurrentes de las autonomías indígena originario campesinas (art. 304.III de la CPE, con diez competencias)" (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original).
La Norma Suprema tiene diseñada una distribución de competencias en la cual, no solo efectúa un repartimiento constitucional, sino que de manera previsora establece claramente la titularidad del ejercicio de las facultades para efectivizar el ejercicio competencial, describiendo expresamente en el art. 297 de la CPE, la forma de ejercer cada uno de los cuatro tipos de competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas; esto significa que la distribución de competencias constitucionales, no solo estipula el alcance y la titularidad de la competencia, sino también el alcance y la titularidad de las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva.
El constituyente boliviano determinó una distribución de competencias en la cual no solo efectúa un repartimiento material, sino que de manera previsora establece claramente la titularidad del ejercicio de las facultades para efectivizar el ejercicio competencial, describiendo expresamente en el art. 297 de la Norma Suprema, la manera de ejercer cada uno de los cuatro tipos de competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas; esto significa que, la distribución de competencias constitucionales, no solo establece el alcance y la titularidad material de la competencia, sino también el alcance y la titularidad de las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, lo cual fue denominado por autores como Franz Xavier Barrios Suvelza, como "las llaves competenciales" que el constituyente implementó para garantizar un modelo de distribución preciso y cerrado.
Asimismo, el referido fallo constitucional entendió que: "...del análisis de la distribución de competencias efectuada por el Constituyente, se advierte que ésta es de carácter cerrado, esto implica, que ningún nivel de gobierno puede ampliar sus competencias a través de la asunción competencial en sus estatutos y cartas orgánicas sobre aquellas competencias que no hayan sido asumidas por otros niveles de gobierno, sino únicamente deben circunscribirse al ejercicio de las competencias expresamente establecidas en el listado competencial para su correspondiente nivel de gobierno, lo que ciertamente supone una obligatoriedad en la asunción de las competencias, sin que ello implique, tratándose de las competencias exclusivas, que éstas deban ser ejercidas de manera obligatoria de una sola vez, pues el ejercicio competencial debe ser entendido bajo el principio de gradualidad establecido en el art. 269 de la CPE, principio en virtud del cual las entidades territoriales autónomas ejercen efectivamente sus competencias de forma progresiva y de acuerdo a sus propias capacidades" (el resaltado y subrayado nos corresponden).
II.3. Análisis de las normas que debieron ser declaradas compatibles
II.3.1. Sobre el artículo 43 numerales 4 y 5; y, 48
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