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TCP

0061/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
12 de marzo de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0061/2019-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0061/2019-S3 Sucre, 12 de marzo de 2019

SALA TERCERA Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña Acción de amparo constitucional

Expediente: 25131-2018-51-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución de 13 de agosto de 2018, cursante de fs. 578 a 584 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lorgio Masai Umpi y Analice Chuviru Parapaino por sí y en representación de Félix Rivera Cárdenas, Victoria Moirenda Caguepia, Rolando Urapoigua Yeguanoi y Matilde Gagua Machico contra Paty Yola Paucara Paco y Juan Ricardo Soto Butrón, exmagistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 27 de abril y 6 de junio de 2018 cursantes a fs. 1, 356 a 362 vta.; y, 395 a 398 vta., los accionantes expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ante la necesidad de tener un lugar donde vivir por no contar con tierras propias, asumieron la determinación de asentarse de manera pública y pacífica en el terreno ubicado en el barrio Villa Santa Clara polígono 504 del municipio de Ascensión de Guarayos, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, tierras que por más de veinticinco años se encontraban totalmente desocupadas sin cumplir ninguna función social, lugar donde construyeron sus viviendas hace más de siete años.

Iniciado el proceso de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO) el año 2000, después de trece años se hizo presente Hilda Peredo Guzmán, quien de manera extemporánea solicitó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el saneamiento del predio YOMOMITO, aduciendo ser propietaria en virtud a una minuta de compra venta de 1981 y copias del expediente agrario a favor del supuesto vendedor, documental que nunca fue presentada al momento de realizarse el saneamiento de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Guarayos; sin embargo, incurriendo en nulidad absoluta el INRA abrió un plazo de cuatro días para realizar la inspección del terreno en cuestión y de forma sorpresiva, sin consultar a los verdaderos dueños de la citada TCO procedió a adjudicar el citado predio a favor de la prenombrada, disponiendo el desalojo de los miembros del barrio Villa Santa Clara mediante Resolución Administrativa (RA) RES-ADM-RA-TCO 016/2013 de 28 de agosto, determinación que fue objeto de proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Agroambiental, concluyendo con la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 102/2017 de 26 de octubre, que declaró improbada la demanda, resolución que incurrió en aplicación indebida de normas debido a que la determinación asumida no fue objetiva sino subjetiva, por falta de análisis profundo sobre la existencia real del barrio Santa Clara que es parte urbana del Municipio de Ascención de Guarayos, además de no haber valorado el levantamiento de datos periciales realizados en el saneamiento efectuado la gestión 2000, ni haberse producido prueba idónea ni jurídicamente válida, evidenciándose la existencia de fraude procesal en el saneamiento, lo que hace que el acto administrativo impugnado a través del proceso contencioso administrativo se encuentre viciado de nulidad.

De acuerdo a la -sin fecha-, ante la omisión atribuible a las autoridades judiciales que conocieron el proceso referido de falta de notificación a terceros interesados debe anularse obrados; en ese entendido, los efectos jurídicos de la Resolución ahora impugnada resultarían inaplicables a ellos y a todas las familias asentadas en el barrio Villa Santa Clara.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los accionantes consideraron lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la valoración objetiva de la prueba, citando al efecto los arts. 19, 56.I y II, 109, 115.II, 119.I, 120.I y 394.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

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