0061/2022-O

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0061/2022-O Sucre, 19 de septiembre de 2022

SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional

Expediente: 31236-2019-63-AAC Departamento: Santa Cruz

En la queja por incumplimiento de la SCP 0324/2020-S3 de 16 de julio pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juana Lino Castro contra Irma Villavicencio Suárez y Samuel Saucedo Iriarte, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Carmen Raquel Ruíz Pizarro, Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por incumplimiento

Por memorial presentado el 24 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1356 a 1359, el tercero interesado, Misael Peralta Mansilla -ahora activante de queja- denunció el incumplimiento de la SCP 0324/2020-S3.

En ese sentido, indica que los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en suplencia legal de su similar Tercera, emitieron el Auto de Vista 152-2021 de 22 de octubre; empero, dichas autoridades judiciales no fallaron conforme a lo determinado en la SCP 0324/2020-S3 que ordena el pronunciamiento de un nuevo auto de vista que sea congruente con los agravios expuestos por la apelante -accionante- sino que se limitaron a anular el Auto Definitivo 1002/18 de 30 de noviembre de 2018, indicando que se trata de un proceso extraordinario que debía dar cumplimiento a los arts. 439.I y 440 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, y que no resultaba necesario referirse a los demás agravios, pretendiendo desconocer bajo ese argumento la Sentencia 01/14 de 2 enero de 2014, que se encuentra ejecutoriada y adquirió calidad de cosa juzgada.

La Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, al momento de emitir la SCP 0324/2020-S3 denegó la tutela respecto a los derechos a una justicia plural, pronta y oportuna, transparente y sin dilaciones, a la garantía de orden público y al principio de seguridad jurídica; por lo cual, no existe motivo legal ni lógico para el incumplimiento de dicho fallo constitucional por parte de los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en suplencia legal de su similar Tercera, quienes omitieron pronunciarse sobre los agravios y anularon arbitrariamente el Auto Definitivo 1002/18 sin ninguna base lógica ni legal, pretendiendo generar incertidumbre y retardación de justicia.

La SCP 0324/2020-S3 estableció que el Auto de Vista 48-19 de 4 de febrero de 2019 -que confirmó totalmente el Auto Definitivo 1002/18- únicamente dio respuesta específica a los primeros dos agravios, en cuanto a la definición de la situación de los bienes gananciales y de la unión libre de 1976 hasta noviembre de 1986, donde se determina que la mayoría de los bienes fueron adquiridos durante un matrimonio anterior; aspecto que fue advertido por la Jueza de primera instancia al establecer la inexistencia de bienes gananciales, con excepción de las mejoras del inmueble de su propiedad, que se encuentran en fase de ejecución y sentencia, pretendiéndose de manera irregular reconvenir por unión libre o de hecho. En ese sentido, los otros seis presuntos agravios denunciados por la apelante -ahora accionante- no fueron considerados por el Tribunal de alzada. Además, el hecho de haberse denegado la tutela respecto a los derechos a una justicia plural, pronta y oportuna, transparente y sin dilaciones, a la garantía de orden público y al principio de seguridad jurídica, implica que no se causó la indefensión de la accionante sino que todos los actos fueron libremente consentidos por ella, y desarrollados en el marco del principio de legalidad, por cuanto, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional estableció la ausencia de vulneración de aquellos derechos, y del mencionado principio al ser denunciado de manera independiente sin ser relacionado con ningún derecho.

Además, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en suplencia legal de su similar Tercera, al pronunciar el Auto 16-2021 de 8 de noviembre que resolvió la complementación y enmienda requerida a través del memorial de 5 de igual mes y año, incurrieron en contradicciones al señalar que la presente causa trata de un proceso de división y partición de bienes gananciales en ejecución de proceso de divorcio, el cual debe tramitarse de acuerdo al proceso extraordinario, señalando el art. 421 del CFPF, ignorando que la "Sala Civil Primera" ya se había pronunciado al respecto mediante Auto de Vista 347 de 17 de octubre de 2017, e inclusive las apelaciones accesorias a la causa principal planteadas como excusa para justificar la presunta falta de competencia de la autoridad jurisdiccional fueron resueltas a petición de la accionante, a través del Auto de Vista 373 de 27 de septiembre de 2019, no existiendo razón lógica ni legal para anular el Auto Definitivo 1002/18.

I.1.1. Petitorio

Solicita se "conceda" la presente queja por incumplimiento de la SCP 0324/2020-S3 de 16 de julio, disponiéndose la anulación del Auto de Vista 152-2021 de 22 de octubre con relación al Auto 16-2021 de 8 de noviembre, emitiéndose un nuevo auto de vista de conformidad a dicho fallo constitucional.

I.2. Trámite de la denuncia por incumplimiento

I.2.1. Contestación de la accionante

Juana Lino Castro, mediante memorial presentado el 10 de febrero de 2022, cursante de fs. 1362 a 1363, refirió que de acuerdo a lo establecido en la SCP 0324/2020-S3 fue emitido el Auto de Vista 152-2021 que determinó anular el Auto Definitivo 1002/18, lo cual corresponde en derecho al haberse tramitado el incidente de división y partición de bienes gananciales bajo la transgresión del debido proceso y la seguridad jurídica, resultando falsos todos los alegatos esgrimidos en la queja por incumplimiento. Asimismo, debe considerarse que fue a su persona -hoy accionante- a quien se le concedió la tutela y no así al tercero interesado -ahora activante de queja-, por lo cual no tiene ningún derecho a recurrir en queja por el supuesto incumplimiento de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional; motivos por las que solicita "desestimar" la pretensión de Misael Peralta Mansilla -hoy activante de queja-.

I.3. Resolución de la Sala Constitucional

I.4. Impugnación

I.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 8 de septiembre de 2022, cursante a fs. 1421, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso que en virtud al Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-002/2020 de 9 de enero, los antecedentes relativos a la queja de incumplimiento de la SCP 0324/2020-S3, pasen a conocimiento de la Sala Tercera de dicho Tribunal, por lo que el presente Auto Constitucional Plurinacional es emitido dentro del plazo señalado al efecto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta la SCP 0324/2020-S3 de 16 de julio, determinó: "...CONFIRMAR en parte la Resolución 101 de 2 de septiembre de 2019, cursante de fs. 1200 vta. a 1203, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación (...)

2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y, al principio de seguridad jurídica y a la garantía de orden público" (sic [fs. 1221 a 1233]).

II.2. Cursa Auto de Vista 152-2021 de 22 de octubre, emitido por Freddy Pérez Chavarria y Marisol Ortiz Hurtado Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en suplencia legal de su similar Tercera, que dispuso anular el Auto Definitivo 1002/18 de 30 de noviembre de 2018, disponiendo que la Jueza de primera instancia señale fecha y hora de audiencia de resolución del incidente de división y partición de bienes gananciales, de conformidad al art. 440 del CFPF; además, mantuvo la eficacia legal de los actos procesales independientes del citado Auto Definitivo anulado, de acuerdo a lo establecido en el art. 251.II del señalado Código (fs. 1341 a 1345); fallo notificado a Misael Peralta Mansilla -ahora activante de queja- el 4 de noviembre de 2021 (fs. 1351).

II.3. Mediante memorial presentado el 5 de noviembre de 2021, el activante de queja solicitó explicación, complementación y enmienda respecto al Auto de Vista 152-2021 (fs. 1352 y vta.); petición que fue declarada no ha lugar por Auto 16-2021 de 8 de igual mes (fs. 1353 a 1354); Resolución que fue notificada al activante de queja el 12 del mismo mes y año (fs. 1355).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN

III.1. Competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional para resolver las denuncias por incumplimiento a Sentencias constitucionales

El art. 203 de la CPE, que prevé: "Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno", el ACP 0006/2012-O de 5 de noviembre, sostuvo que: "...frente a un eventual incumplimiento o demora en la ejecución de una decisión constitucional, el legislador ha dispuesto para la etapa de ejecución de fallos, un mecanismo procesal idóneo para la denuncia por incumplimiento de decisiones emergentes de acciones tutelares, destinado a consolidar una real materialización y por ende un efectivo cumplimiento a sentencias constitucionales con calidad de cosa juzgada.

El art. 16 del CPCo concordante con la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, expresamente señala: 'I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional, conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo...'.

Por lo expresado, corresponde, a través de la labor hermenéutica y a la luz de una interpretación 'de y conforme a la Constitución', determinar las reglas de un debido proceso aplicables a la etapa de ejecución de fallos por denuncias referentes a quejas por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares. En este contexto, en esta etapa procesal, el juez o tribunal de garantías que conoció la acción tutelar, una vez conocida la queja por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinte cuatro horas desde el conocimiento de este mecanismo, solicitará informe y demás medidas o documentación pertinente a la autoridad o particular obligado a cumplir una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, quien deberá remitir lo solicitado ante el juez o tribunal de garantías, en un plazo no mayor a tres días, para que en primera instancia, el juez o tribunal de garantías, establezca la demora o incumplimiento en la ejecución de una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, si fuera el caso.

El juez o tribunal de garantías, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, mediante auto expreso, rechazará la multas progresivas, entre otras.

Con la resolución pronunciada por el juez o tribunal de garantías, se notificará a las partes procesales, estando facultado el activante de la queja, en caso de estimar dilación o incumplimiento de la resolución emergente de una acción tutelar, a presentar la misma ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en los términos establecidos por el art. 16.II del CPCo, queja que deberá ser presentada en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la resolución emitida por el juez o tribunal de garantías. En este supuesto, el juez o tribunal de garantías, en el plazo de veinte cuatro horas, deberá remitir todos los antecedentes relevantes a la queja ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la sala que emitió la sentencia con calidad de cosa juzgada, resolverá mediante Auto Constitucional la queja interpuesta por demora o incumplimiento a resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, debiendo confirmar total o parcialmente o en su caso revocar, la decisión del juez o tribunal de garantías que conoció inicialmente la queja por mora o incumplimiento a decisiones constitucionales con calidad de cosa juzgada constitucional, decisión que deberá ser cumplida de manera inmediata" (las negrillas son nuestras).

III.2. Quejas interpuestas por terceros interesados

La SCP 0272/2019-S4 de 22 de mayo, señaló que: "El ACP 0003/2018-O de 9 de marzo, citando a su vez al ACP 0018/2015-O de 9 de septiembre, en cuanto a la legitimación del tercero interesado señaló que: "...el 'recurso de queja por incumplimiento' fue planteado por Orlando Parada Vaca, quien dentro del trámite de acción de amparo constitucional interpuesto por Ana Cristina Vaca Gómez contra los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se constituyó en tercero interesado. Al respecto, para esta jurisdicción es importante destacar que, la legitimación activa para formular quejas y/o denuncias de incumplimientos, no está reservada única y exclusivamente para sujetos procesales intervinientes en el trámite de la acción de amparo constitucional -accionante y demandado-; es decir, entre tanto la decisión emergente de este Tribunal tenga repercusión directa en derechos de terceros, estos tienen la facultad de apersonarse a este Tribunal para formular las respetivas quejas y/o denuncias de incumplimiento, acreditando interés para tal efecto...".

En ese sentido, si la jurisprudencia constitucional reconoce legitimación al tercero interesado para interponer quejas o denuncias de incumplimiento de Resoluciones constitucionales; se tiene que en observancia del principio pro actione, esa facultad también alcanza a los casos en que se tenga que impugnar una Resolución que resuelva dichas denuncias, claro está, siempre y cuando la misma le resulte agraviante por tener repercusión directa sobre sus derechos; por lo que en el presente caso, se ingresará a analizar la impugnación formulada por el tercero interesado" (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Cumplimiento y ejecución de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales

El ACP 0039/2019-O de 2 de octubre, respecto al cumplimiento, incumplimiento, sobrecumplimiento o su cumplimiento distorsionado de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales indicó que: "El carácter obligatorio de las sentencias constitucionales y su ejecución compulsiva; es decir, su cumplimiento en la medida de lo determinado, se encuentra en las normas contenidas en los arts. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 15, 16 y 17 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

En ese orden, el ACP 0019/2014-O de 14 de mayo, señaló que una resolución constitucional debe ser cumplida a cabalidad; es decir, sin que se produzca un cumplimiento inferior o sobrecumplimiento de lo dispuesto, abriéndose la posibilidad que las partes procesales denuncien tales situaciones jurídicas que se presenten en ejecución de sentencia.