0061/2022-S1

El impetrante de tutela refiere que los Vocales demandados:

1. a)No se pronunciaron sobre los argumentos contenidos en la contestación al recurso de apelación de 8 de octubre de 2019;
2. a.1)No se cumplió con la función revisora del Auto Interlocutorio 375/19 de 10 de septiembre de 2019 y la contestación al mismo;
3. a.2)el Auto Interlocutorio 4/2020 de 20 de marzo que resuelve su recurso de aclaración, enmienda y complementación, carece de fundamentación, motivación y congruencia, misma que debió enmendar la omisión en la que incurrió el Auto de Vista 31/2020 de 21 de febrero, pronunciándose sobre los argumentos legales contenidos en el memorial de contestación al recurso de apelación y los puntos resueltos por la Jueza a quo;
4. b)Afectaron la inmutabilidad y la firmeza del acta de conciliación, que tiene el mismo valor de una sentencia y su cumplimiento es de carácter obligatorio y definitivo, sin garantizar su ejecución; y,
5. c)El referido Auto de Vista 31/2020, asignó valor probatorio al avalúo pericial del AV 04/2019, el cual fue dejado sin efecto, mediante Auto Interlocutorio 124/19 de 15 de abril de 2019; omitió la consideración de las pruebas que sustentaron su contestación; basando su determinación en una prueba inexistente y apartándose de este modo, de los marcos de razonabilidad, equidad y legalidad.

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia:

1. 1)Se deje sin efecto el Auto de Vista 31/2020 de 21 de febrero y el Auto Interlocutorio 4/2020 de 20 de marzo que resuelve el recurso de aclaración, enmienda y complementación, dictados por los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y,
2. 2)Se pronuncie nueva Resolución pertinente, motivada, fundamentada y congruente, respetando el instituto de cosa juzgada, valorando cada medio de prueba, asignándole de manera expresa valor a los mismos, respetando los principios del proceso civil de legalidad y verdad material.

Julio Cesar Roca Mercado, presentó informe escrito de 1 de febrero de 2021, cursante de fs. 1085 a 1087 y en el desarrollo de la audiencia manifestó lo siguiente:

1. i)Existe falta de legitimación activa, toda vez que, el Testimonio de Poder 3256/2018 presentado, es genérico e impreciso y no cumple los requisitos normativos exigidos de legitimación; puesto que no menciona a las autoridades accionadas ni a los terceros interesados; además que no refiere de qué proceso deviene, ni la resolución contra la que se interpone la acción tutelar; asimismo, el apoderado jamás intervino en el proceso monitorio ejecutivo;
2. ii)Concurre la causal de improcedencia prevista en el art. 74.3 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) -Ley 027 del 6 de julio de 2010- y 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ya que el ejecutante estuvo y está de acuerdo con la garantía del inmueble con Matrícula Computarizada 7013020008074; lo cual resulta de la misma acta de conciliación donde se acepta como garantía el mismo; asimismo, durante la tramitación de la ejecución, el ejecutante impugna la exclusión del referido inmueble, sosteniendo que el mismo también debe ser objeto de remate;
3. iii)El Auto de Vista 31/2020 de 21 de febrero cuestionado no incurrió en error alguno y tampoco se "violentó" ningún derecho a los accionantes, ya que el Juez procedió de conformidad a lo previsto en los arts. 210 del Código de Procedimiento Civil (CPC) por cuanto se encuentra debidamente fundamentada, motivada y coherente; y 412 del mismo Código; toda vez que el terreno dado en garantía tiene un valor comercial que asciende a $us3 086 800,00.- (tres millones ochenta y seis mil ochocientos 00/100 dólares estadounidenses) en contraposición al monto adeudado de $us500 000,00.- (quinientos mil 00/100 dólares estadounidenses);
4. iv)El referido Auto de Vista precautela su derecho que fue vulnerado, al no ordenar el levantamiento total de gravámenes, lo que les ocasionó un perjuicio económico;
5. v)No existe elemento de prueba que acredite que la decisión fue producto de capricho y ejercicio arbitrario de poder;
6. vi)El memorial de contestación al recurso de apelación resulta ser una mera cronología, donde en ninguna parte refieren cómo deben resolver los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y por qué deben confirmar la resolución del Juez a quo;
7. vii)En lo relativo a la valoración de la prueba, no especifica de qué manera se omitió o debió considerarse determinada prueba y cómo la misma repercute en la decisión final, dado que los oficios solicitados y no respondidos son atribuibles a terceras instituciones; y,
8. viii)No menciona qué regla de interpretación no fue aplicada. I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 10/21 de 2 de febrero, cursante de fs. 1092 vta. a 1097 vta., concedió la tutela solicitada; disponiendo en consecuencia, dejar sin efecto el Auto de Vista 31/2020 de 21 de febrero y el Auto Interlocutorio 4/2020 de 20 de marzo, debiendo las autoridades demandadas emitir un nuevo Auto, conforme a los fundamentos de la resolución emitida por esta Sala Constitucional; dicha determinación se dio con base a los siguientes fundamentos:

1. a)En lo referente a que el Auto de Vista 31/2020 de 21 de febrero, asignó un valor probatorio a una planilla de valuación técnica, que fue dejada sin efecto por Auto Interlocutorio 124/19 de 15 de abril de 2019, que dispuso una nueva valuación por parte de otro perito. Sobre tal punto se tiene que las autoridades demandadas argumentaron que asignaron un "valor interpretativo teleológico finalista" a la argumentación probatoria del recurso de apelación, en lo referente a que el inmueble grabado cubre la totalidad de lo ejecutado; empero, tal interpretación necesariamente debe sujetarse a la documental o prueba legal o legítima incorporada en el proceso; sin embargo, los Vocales demandados valoraron y asignaron valor a un elemento probatorio que fue dejado sin efecto, por lo que claramente concurrió la errónea valoración de la prueba, como un elemento del debido proceso;
2. b)Es evidente que los Vocales demandados omitieron pronunciarse positiva o negativamente con relación a los agravios esgrimidos en el memorial de contestación al recurso de apelación, presentado por el ahora peticionante de tutela; y,
3. c)No obstante, si bien se puede verificar que las interpretaciones realizadas respecto a la legalidad ordinaria por parte de las autoridades accionadas se adecúan o no a los cánones constitucionales; empero no direcciona a la autoridad a interpretar o disponer de determinada manera, pues la jurisdicción ordinaria está facultada para aquello.

II.1. Por Sentencia inicial 204/2017 de 8 de noviembre, pronunciada en el proceso monitorio ejecutivo, la Jueza Público Civil y Comercial Décima Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, declara probada la demanda, disponiendo entre otros, el embargo de los bienes de propiedad del deudor; así como también libra mandamiento de embargo contra los bienes del demandado (fs. 33 y 34). Posteriormente, a través del acta de conciliación suscrita en virtud al acuerdo conciliatorio de 6 de febrero de 2018, por el cual, entre otros:

1. 1)Se acuerda liberar las anotaciones preventivas de cincuenta y tres inmuebles, y dejan subsistentes los anotaciones preventivas de los inmuebles registrados bajo Matrículas Computarizadas 7013020008074; 7011990072950; 7011990019168 y 7011060102093;
2. 2)El demandado presenta desistimiento del incidente de nulidad y recurso de apelación, quedando ejecutoriada la Sentencia; y,
3. 3)El deudor se compromete a cumplir el plan de pagos consensuado y en caso de incumplimiento tanto en los montos como en las fechas, el demandante continuará con la ejecución sin ningún impedimento de orden legal, en el estado en que se encuentre el proceso; es decir, con la Sentencia definitiva ejecutoriada. (fs. 452 a 454). Dándose inicio a la ejecución ante incumplimiento de pagos el 21 de noviembre de 2018 (fs. 503 y vta.).

II.4. Mediante Auto de Vista 31/2020 de 21 de febrero, por el que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar y Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revoca parcialmente el Auto Interlocutorio 375/19 de 10 de septiembre de 2019, pronunciado por la Jueza Pública Civil y Comercial Décima Octava de la Capital del mismo departamento; consiguientemente:

1. i)Se ordena la cancelación de los embargos y anotaciones preventivas que pesen en la casilla de gravámenes de los inmuebles con Matrículas Computarizadas 7011990072950 Asiento B-2, 7011990019168 Asiento B-10 y 7011060102093 Asiento B-3, y la vigencia del gravamen sobre el inmueble registrado con Matrícula Computarizada 7013020008074 Asiento B-2; y,
2. ii)Se mantiene la decisión del Auto apelado, respecto a la suspensión de la medida precautoria de retención de fondos dispuesta por el a quo (fs. 983 a 985); y,

El impetrante de tutela, considera lesionados sus derechos; al debido proceso en su elemento de pertinencia, fundamentación, motivación y congruencia "calidad de cosa juzgada", omisión valorativa de la prueba, verdad material, tutela judicial efectiva, "eficacia jurídica de los fallos" y principio de legalidad; toda vez que en el proceso ejecutivo iniciado contra su deudor, los Vocales demandados, sin una debida fundamentación, motivación, congruencia e inadecuada valoración de la prueba tomaron decisiones que afectaron sus intereses y derechos fundamentales; ello debido a que las autoridades demandadas, por medio del Auto de Vista 31/2020 de 21 de febrero, revocaron parcialmente el Auto Interlocutorio 375/19 de 10 de septiembre de 2019 y en consecuencia determinaron la cancelación de los embargos y anotaciones preventivas de tres inmuebles, quedando como garantía un solo inmueble que no asegura su derecho de cobro; afirma que dicha determinación fue asumida sin haber emitido criterio o pronunciamiento alguno respecto a los argumentos expuestos de su parte en el memorial de respuesta al referido recurso de apelación planteado por el ahora tercero interesado, lo que implica que dicha resolución es totalmente incongruente; sostiene además que tal decisión, se basó íntegramente en una prueba que fue dejada sin efecto dentro del referido proceso ejecutivo. Por lo que ante tales circunstancias, solicita:

1. a)Se deje sin efecto el Auto de Vista 31/2020 de 21 de febrero y el Auto Interlocutorio 4/2020 de 20 de marzo de aclaración, enmienda y complementación, dictados por los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y,
2. b)Se pronuncie nueva Resolución pertinente, motivada, fundamentada y congruente, respetando el instituto de cosa juzgada, valorando cada medio de prueba, asignándole de manera expresa valor a los mismo, respetando los principios del proceso civil de legalidad y verdad material.

En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; teniendo particularmente en cuenta las siguientes temáticas:

1. 1)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y,
2. 2)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. 5)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

El demandante de tutela, considera lesionados sus derechos; al debido proceso en su elemento de pertinencia, fundamentación, motivación y congruencia "calidad de cosa juzgada", omisión valorativa de la prueba, verdad material, tutela judicial efectiva, "eficacia jurídica de los fallos" y principio de legalidad; toda vez que en el proceso ejecutivo iniciado contra su deudor, los Vocales demandados, sin una debida fundamentación, motivación, congruencia e inadecuada valoración de la prueba tomaron decisiones que afectaron sus intereses y derechos fundamentales; ello debido a que las autoridades demandadas, por medio del Auto de Vista 31/2020 de 21 de febrero, revocaron parcialmente el Auto Interlocutorio 375/19 de 10 de septiembre de 2019 y en consecuencia determinaron la cancelación de los embargos y anotaciones preventivas de tres inmuebles, quedando como garantía un solo inmueble que no asegura su derecho de cobro; afirma que dicha determinación fue asumida sin haber emitido criterio o pronunciamiento alguno respecto a los argumentos expuestos de su parte en el memorial de respuesta al referido recurso de apelación planteado por el ahora tercero interesado, lo que implica que dicha resolución es totalmente incongruente; sostiene además que tal decisión, se basó íntegramente en una prueba que fue dejada sin efecto dentro del referido proceso ejecutivo. Por lo que ante tales circunstancias, solicita:

1. i)Se deje sin efecto el Auto de Vista 31/2020 de 21 de febrero y el Auto Interlocutorio 4/2020 de 20 de marzo de aclaración, enmienda y complementación, dictados por los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y,
2. ii)Se pronuncie nueva Resolución pertinente, motivada, fundamentada y congruente, respetando el instituto de cosa juzgada, valorando cada medio de prueba, asignándole de manera expresa valor a los mismo, respetando los principios del proceso civil de legalidad y verdad material.

Más adelante, se liberan cincuenta y tres inmuebles, con base a un acuerdo conciliatorio de 6 de febrero de 2018, por el cual además, entre otros:

1. a)Se deja subsistente las anotaciones preventivas de los inmuebles registrados bajo las Matrículas Computarizadas 7013020008074; 7011990072950; 7011990019168 y 7011060102093;
2. b)El demandado presenta desistimiento del incidente de nulidad y recurso de apelación, quedando ejecutoriada la Sentencia; y,
3. c)El deudor se compromete a cumplir el plan de pagos consensuado y en caso de incumplimiento tanto en los montos como en las fechas, el demandante continuará con la ejecución sin ningún impedimento de orden legal, en el estado en que se encuentra el proceso; es decir, con la Sentencia definitiva ejecutoriada.

Determinaciones que se pasan a analizar, conforme a los puntos denunciados en esta acción tutelar, con el advertido que la arbitrariedad de la resolución, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional puede estar expresada en:

1. 1)Una "decisión sin motivación"; es decir, no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho o extiendo esta es;
2. 2)Una "motivación arbitraria"; que sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley; o en su caso; y,
3. 3)Una "motivación insuficiente"; cuando no se dan razones de la omisión del pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes.