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TCP

0061/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
13 de febrero de 2026
Resumen del caso

Auto 0061/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0061/2026-RCA Sucre, 13 de febrero de 2026

Expediente: 81394-2026-163-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 005/2026 de 22 de enero, cursante de fs. 39 a 40 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Isabel Vega Rivera en representación de Marcela Vidaurre Inturias, Jhonny Joel Flores Flores y Walter Flores Uriarte, Directiva del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cochabamba contra Guilder Jhonny Ureña Espinoza, Juez Civil y Comercial y Comercial Octavo del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 21 de enero de 2026, cursante de fs. 25 a 38, la parte accionante manifiesta que, el viernes 16 de enero de 2026, a horas 16:30, el Concejo Municipal del GAM Cochabamba fue notificado con el Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2026, emitido por el Juez demandado dentro del proceso ejecutivo seguido por José Marco Gonzales Zenteno contra la Alcaldía y el Concejo Municipal, mediante el cual se dispuso la retención general de recursos propios y cuentas bancarias de esa entidad edil por Bs9 676 809,19.-(nueve millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos nueve 19/100 bolivianos), por concepto de actualización de daños y perjuicios, ordenándose su ejecución a través del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público.

La medida fue concedida a sola solicitud de la parte demandante mediante memorial de 12 de enero de 2026, sin la fundamentación suficiente ni análisis de necesidad y proporcionalidad, afectando de manera genérica recursos que, en el caso del Concejo Municipal, estaban destinados exclusivamente al pago de salarios, beneficios sociales y gastos básicos de funcionamiento, comprometiendo haberes de enero y febrero de 2026, incluidos los de autoridades electas y servidores con inamovilidad o en situación de vulnerabilidad, así como el normal desarrollo institucional; además, conforme a la Circular 08/2025 de 22 de octubre, el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dispuso vacación judicial del 20 de enero al 13 de febrero de 2026, reanudándose funciones el 18 de febrero; sin embargo, la comisión instruida fue entregada el 19 de enero de 2026 a horas 16:15, último día hábil antes del receso, quedando en trámite su ejecución, lo que tornó ineficaces los mecanismos de modificación y apelación previstos en los arts. 321 y 322 del Código Procesal Civil (CPC). Si bien el art. 315.1 del citado Código, permite adoptar medidas cautelares sin audiencia previa, ello no exime el deber de fundamentación previsto en el art. 315.III de la referida norma, ni suprime los medios de defensa posteriores; no obstante, la autoridad dispuso la retención sin valorar la prueba, la alegada imposibilidad de cumplimiento ni el carácter eventualmente inembargable de los recursos afectados, configurando una decisión arbitraria que vulnera el debido proceso en sus elementos a la defensa, motivación y derecho a recurrir; por lo que, corresponde dejar sin efecto la resolución y emitir una nueva decisión debidamente fundamentada, esta medida fue adoptada de forma sorpresiva en los últimos días de actividad jurisdiccional, impidiendo ejercer defensa oportuna, la vacación judicial agravó la situación; ya que, cualquier actuación tras el 18 de febrero de 2026 sería tardía; además, la ejecución ya está en trámite ante el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, lo cual genera un riesgo inminente de daño irreparable sobre los recursos municipales, sin mecanismos efectivos de defensa; por lo que, se interpone acción de amparo constitucional solicitando dejar sin efecto la resolución y la medida cautelar.

La jurisprudencia admite excepciones al principio de subsidiariedad, no es necesario agotar recursos cuando estos retrasan la protección y hacen que el daño sea irreparable, habilitándose directamente el amparo, así lo establecen las , y , en ese marco, la excepción a la subsidiariedad exige la concurrencia de elementos objetivos:

  1. a)La inminencia del daño;
  2. b)La urgencia de la tutela; y,
  3. c)La gravedad de la afectación, de modo que la intervención posterior resulte inútil. Asimismo, la amenaza debe configurarse como una probabilidad razonable y fundada de daño grave, sustentada en elementos fácticos verificables.

En el caso presente, la medida de retención de cuentas dispuesta de manera general sobre los recursos propios y cuentas bancarias del GAM de Cochabamba que comprende tanto al Concejo Municipal como a la Alcaldía por la suma de Bs9 676 809,19.- genera un riesgo cierto, inminente y grave de daño irreparable; por lo que, en razón a que dicha medida puede afectar directamente recursos públicos del Concejo Municipal destinados casi en su totalidad al pago de salarios, beneficios sociales y gastos de funcionamiento.

Este extremo se encuentra respaldado por la Comunicación Interna DP-CI-25/2026, emitida por la Encargada de Presupuestos del Órgano Ejecutivo, así como por la Comunicación Interna O.M.A.F. 007/2026 y el Informe D.A.F. 010/2026 del Concejo Municipal, todos de 20 de enero de 2026, de los cuales se desprende que aproximadamente el 97,93% del presupuesto institucional se destina a servicios personales y obligaciones conexas, tales como sueldos, bono de antigüedad, aguinaldos, asignaciones familiares y cargas sociales.

En ese sentido, conforme al clasificador programático y las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2026, los gastos de funcionamiento comprenden servicios personales (grupo 10000), obligaciones sociales, adquisición de insumos administrativos y el pago de servicios básicos indispensables (energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, internet y telefonía), así como materiales necesarios para la gestión institucional. Esta estructura presupuestaria responde a una asignación específica y obligatoria, que no admite reasignaciones discrecionales sin vulnerar la normativa vigente.

La afectación de estas cuentas impide de forma inmediata el cumplimiento de obligaciones salariales y sociales, perjudicando a autoridades electas, servidores públicos con inamovilidad laboral y personas de grupos vulnerables. En los hechos, la medida implica un embargo indirecto de salarios y beneficios sociales, los cuales son inembargables conforme a la normativa constitucional y procesal vigente; asimismo, la retención de cuentas no solo compromete derechos laborales, sino que incide directamente en la continuidad del servicio público, al impedir el funcionamiento básico del Concejo Municipal. Esta situación trasciende lo patrimonial y compromete el ejercicio de funciones públicas esenciales, agravándose porque la autoridad judicial se encuentra en vacación judicial sin autoridad de turno, cualquier recurso ordinario devendría en tardío frente a una medida ya en ejecución; aun cuando se restituyan los montos retenidos, los efectos como mora salarial, afectación a la seguridad social y paralización institucional no podrían repararse, la restitución patrimonial no revierte la vulneración de derechos fundamentales ya consumada. En consecuencia, la medida resulta desproporcionada y configura un daño irreparable e inminente que exige tutela constitucional inmediata.

A manera de antecedentes, refieren que a través de la Sentencia de 20 de mayo de 2009, el Juez demandado dispuso que, dentro del proceso ejecutivo seguido por José Marco Gonzales Zenteno contra la Alcaldía y el Concejo Municipal del GAM de Cochabamba, la entrega de la línea intermunicipal Tiquipaya-Itocta y viceversa, más daños y perjuicios en ejecución de sentencia, decisión confirmada por Auto de 8 de abril de 2013; posteriormente, pese a alegarse la imposibilidad de cumplimiento por cambio competencial derivado de la actual Constitución Política del Estado, se continuó el proceso y, mediante Informe Pericial de 5 de septiembre de 2025 y ratificación de 20 de octubre de ese año, se fijó la suma de Bs9 676 809,19.-por actualización de daños y perjuicios.

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