0062/2022-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. a)La restitución su derecho a la vivienda y acceso a los servicios básicos;
2. b)Se ordene a los ahora demandados le entreguen la llave de la puerta de su domicilio.

Magaly Delia y Gonzalo Olivio, ambos Rada Claure, mediante su abogado en audiencia refirieron lo siguiente:

1. 1)Observaron en el presente caso una situación de improcedencia; toda vez que, no se habría cumplido con el principio de subsidiariedad, asimismo con el principio de inmediatez, ya que se encontraría fuera de plazo, inclusive suprimiendo los setenta días de cómputo a consecuencia de la cuarentena por el COVID-19;
2. 2)Hicieron conocer en los hechos que el derecho propietario está legalmente constituido desde el 2009, haciendo hincapié que se adjudicaron el inmueble de manera perfecta, por tal razón el 2016 evidentemente se le envió una carta notariada haciéndole conocer éste extremo y solicitándole la entrega del inmueble; toda vez que, a la fecha no habría ninguna acción judicial entre partes;
3. 3)Con relación al cambio de puerta que señaló el ahora impetrante de tutela, pudo hacerse el 2016 hecho que no fue acreditado, pero aseveraron que el cambio de dicha puerta se la realizó porque el hoy accionante fue asaltado y ante su pedido de mayor seguridad, además realizaron el cambio de la chapa y que en su buena fe tampoco hicieron el cambio de medidores para demostrar que no tienen ningún interés de vivir en dicho inmueble del cual nadie le prohibió el ingreso, además que por su condición de familiares cercanos -sobrinos del ahora accionante- le ayudan en consideración a su edad; y
4. 4)Para acreditar una vía de hecho la prueba a presentarse debe ser mediante un medio objetivo y expreso que demuestre que hubiera sido retirado del inmueble mediante artificios o violencia, no teniendo en el presente caso un nexo de causalidad con la acción, no existiendo otra prueba que hubieran actuado de mala fe, tampoco se interpuso actos preparatorios, ni se demandó despojo.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 183/2020 de 9 de diciembre, cursante de fs. 94 a 99 vta., concedió parcialmente la tutela solicitada, disponiendo que en el día la parte demandada proceda a entregar una copia o las llaves correspondientes al inmueble en el que vive el impetrante de tutela a efectos de que pueda ingresar al mismo, acto a ser verificado por un Notario de Fe Pública registrando dicha entrega de llaves así como el ingreso, con base en los siguientes argumentos:

1. i)Los arts. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y 129.2 de la Constitución Política del Estado (CPE), refiere que la acción de amparo constitucional puede interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho, en ese entendido cabe señalar que, en el presente caso si bien conllevaría una situación de análisis de hecho que podría solucionarse en la vía jurisdiccional, ya sea ordinaria, civil o penal; es más, en relación al plazo también se estableció que existiría una especie de exceso en el tiempo en el que se presentó esta acción de amparo constitucional, debiendo prevalecer los principios constitucionales establecidos en cuanto a la excepción de la subsidiariedad, que en el presente caso es posible; toda vez que, se trata de un problema que atinge a un grupo vulnerable, como es la tercera edad, por cuanto se requiere la protección inmediata;
2. ii)Bajo el mismo argumento en relación al plazo se estableció efectivamente que hay unos días que van más allá de los seis meses, tomando en cuenta que las Salas Constitucionales, han trabajado con relación a los Decretos Supremos e imposiciones de cuarentenas rígidas, suspendiendo los plazos procesales a partir del 22 de marzo hasta el 15 de junio de 2020, previendo que la presente acción fue interpuesta dentro de los cinco meses y ocho días, aspecto que se aclara a efectos que no exista una mala interpretación y menos un erróneo cómputo de plazos;
3. iii)En cuanto a lo señalado por la parte accionante y verificado con precisión que el acto lesivo, aparentemente fue identificado el 26 de febrero de 2020, cuando al constituirse en su inmueble no pudo ingresar al mismo ya que la chapa y la puerta fueron cambiadas, estableciéndose también por la parte demandada que dicho cambio se lo realizó como medida de seguridad no teniendo ninguna actuación de mala fe, ni de forma dolosa que impida su ingreso;
4. iv)Aplicando el principio de favor debilis, se considera que los supuestos del caso concreto es posible efectuar la inversión en la presentación de la prueba cuando son los demandados los poseedores de los elementos probatorios, a efecto de establecer si existió en este caso una medida de hecho, es decir que haya existido una extracción o una sustracción del ahora accionante del inmueble, o en su caso que se le haya imposibilitado el ingreso al mismo con violencia. No se pudo establecer cuál fue la situación precisa por la que el ahora accionante no tendría llaves del inmueble, si fueron sustraídas o perdidas es decir no existe un elemento fáctico exacto;
5. v)Se logró establecer con claridad que no existe absolutamente ninguna oposición por parte de los demandados a que el impetrante de tutela pueda acceder al inmueble, es más señalaron que todos los enseres, muebles y todas las cosas personales continúan dentro del mismo;
6. vi)Tratándose de una persona de la tercera edad perteneciendo a un sector vulnerable de la sociedad que acudió a esta Sala Constitucional, a efectos que se restituya un derecho consagrado por la Constitución Política del Estado como es el derecho a la vivienda, entendiéndose que es una obligación jurídica para los Estados, además de constituirse como un derecho universal cuyos alcances llega a establecer que nadie puede perturbar el dicho derecho o que se coarte su libre ejercicio por ninguna situación injustificada; y,
7. vii)Dentro del análisis de los antecedentes se establece que el hoy impetrante a pertenecer a un grupo de la sociedad de protección prioritaria en la actualidad se encontraría sin vivienda, hecho que no fue desmerecido ni desconocido por la parte demandada; es más, en ningún momento desconocieron que el hoy accionante tenga su vivienda ahí; empero, reconocen fehacientemente que está consolidado en las oficinas de DD.RR. con todos los efectos que ello puede convenir de posibilidad, de publicidad o cualquier situación debiendo solucionarse en la jurisdicción competente, por lo que corresponde atender la posible lesión de este derecho por cuanto no se encontraría el hoy impetrante de tutela en el inmueble que fue reconocido como su vivienda.