Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0062/2026-S1 Sucre, 2 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 51774-2022-104-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 122/22 de 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 119 vta. a 125 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ronald Adalid Velasco Cáceres y Nelson Quintana Heredia en representación legal de José Alexander Osinaga Ribera contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, ex Fiscal General del Estado.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante a través de sus representantes legales, por memoriales presentados el 7 y 18 de octubre de 2022, cursantes de fs. 22 a 45 vta.; y, 52 manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso sumario administrativo iniciado contra José Alexander Osinaga Ribera -accionante-, como Fiscal de Materia de carrera en el Ministerio Público del departamento de Santa Cruz, desde el 2006 y Osman Arias Villarroel -hoy tercero interesado- a denuncia de Luis Guillermo Gutiérrez Fleig -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión de las faltas disciplinarias previstas por el art. 121.6 y 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de Julio de 2012-, existieron varias resoluciones sumarias absolutorias que fueron anuladas, hasta la emisión de la Resolución Sumaria Absolutoria 15/2019 de 2 de diciembre, a través de la cual la Autoridad Sumariante declaró que no era responsable de la comisión de las faltas atribuidas; por lo que, remitido el expediente a la instancia jerárquica a raíz del recurso jerárquico presentado por el nombrado tercero interesado, su persona opuso excepción de prescripción argumentando que la denuncia habría sido presentada el 28 de noviembre de 2016 y que hasta la fecha de presentación de dicha excepción transcurrieron más de cuatro años sin contar con resolución que resuelva su situación jurídica.
En cuyo efecto fue emitida la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 027/2020 de 27 de febrero, que declaró inadmisible la excepción de prescripción, manifestando que no tenía competencia para resolverla; y, revocó parcialmente la Resolución Sumaria Absolutoria 15/2019 y en el fondo declaró su responsabilidad en la comisión de las citadas faltas, imponiéndole la sanción de destitución y consiguiente retiro de la carrera fiscal; determinación contra la cual formuló una anterior acción de amparo constitucional, misma que fue conocida y resuelta por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quienes a través de la Resolución 079/2020 de 16 de octubre, denegaron la tutela solicitada; no obstante, en instancia de revisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante , revocó la citada Resolución y concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 027/2020, ordenando al entonces Fiscal General hoy accionado, resolver con carácter previo, la excepción de prescripción que planteó y ordenó su reincorporación al cargo que ocupaba en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y el pago de sus haberes desde el momento de su destitución hasta su efectiva reincorporación.
El entonces Fiscal General ahora accionado se dio por notificado con la , emitiendo de forma "trasnochada" la Resolución de excepción de prescripción por extinción el 21 de febrero de 2022, argumentando que con ello daba cumplimiento a los dispuesto en dicho fallo constitucional, para posteriormente pronunciar la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 016/2022 de 3 de marzo, mediante la cual resolvió el recurso jerárquico interpuesto por -Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado y su persona-, revocando la resolución de la Autoridad Sumariante, acto procesal que constituye el objeto de la presente acción tutelar.
Determinación, de la cual se cuestiona, el análisis que se realizó en torno a la falta disciplinaria tipificada en el art. 121.18 del LOMP, que establece: "Dictar resoluciones indebidas o insuficientemente fundadas, con el fin de perjudicar o beneficiar a una de las partes"; ya que, la misma contiene ciertos elementos que debieron ser ineludiblemente analizados al momento de definir su conducta, así se tiene, la errónea labor interpretativa con relación al primer elemento del art. 121.18 de la LOMP, que tiene que ver con "Dictar resoluciones indebidas", para lo que el entonces Fiscal General ahora accionado menciona el precedente disciplinario de la Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 039/2016 de 24 de marzo, que señala: "... la determinación de una resolución como indebida o injustificadamente fundada debe ser definida por autoridad jerárquica, jurisdiccional competente o constitucional a los fines de contar con prueba idónea que permita determinar la responsabilidad disciplinaria (...) ello corresponde cuando no existe una resolución que resulta ser manifiestamente contraria a la Ley..." (sic); donde se advierte dos situaciones, que en el caso particular se advierte que concurren ambas, por una parte resulta que la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, pronunciada por los Fiscales de Materia procesados -Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado y su persona-, es notoriamente contraria a la ley; además, existe el pronunciamiento de la autoridad competente que ejerce el control de legalidad respecto a la Resolución de Sobreseimiento de 2 de febrero de igual año, misma que fue emitida de manera previa a la indicada Resolución de Acusación Formal, que conlleva a inferir la ilegalidad de esa última; por lo que, sobreentendió que al ratificarse el sobreseimiento la citada Resolución de Acusación Formal era indebida y manifiestamente contraria a la ley.
Se debe considerar que, el art. 323 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es claro al señalar que los Fiscales del Materia se encuentran facultados para emitir a la conclusión de la etapa preparatoria del proceso penal, una acusación formal, acordar una salida alternativa, o disponer el sobreseimiento; empero, de ningún modo la emisión de dos o más requerimientos conclusivos paralelos respecto a una misma persona imputada, menos cuando esos son contradictorios y excluyentes entre sí, como ocurre con la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, emitida por los Fiscales de Materia procesados -Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado y su persona- contra Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, ahora tercero interesado, que habiéndose emitido previamente una Resolución de Sobreseimiento por Alfredo Armando Condori Ormilia, entonces Fiscal de Materia, antecesor de los nombrados Fiscales de Materia, ante la impugnación contra la misma, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, dispuso la devolución del cuaderno de investigación a objeto de la subsanación de las observaciones detectadas; sin embargo, en ningún momento revocó dicha decisión conforme a la primera parte del cuarto párrafo del art. 324 del CPP, con la consiguiente instrucción de acusar dentro de los diez días hábiles, deviniendo por consiguiente la emisión de la resolución de acusación formal en manifiestamente contraria a la ley.
Asimismo, en ninguna parte del art. 323 del CPP, establece que si un nuevo Fiscal de Materia asignado al caso emite una resolución distinta del anterior Fiscal de Materia, incurrirá en una resolución indebida; puesto que, de lo acontecido se tiene como antecedente que el Fiscal Departamental de Santa Cruz, no ingresó al fondo del sobreseimiento porque aún quedaban actos por investigar; además, de encontrarse aún la etapa preparatoria abierta, tampoco aclaró en ninguna parte que una vez cumplida la observación devuélvase el cuaderno de investigación para pronunciarse en cuanto al sobreseimiento, lo que correspondía determinar en caso de solo pretender que se cumplan ciertas observaciones de forma -como foliación, el llenado de alguna notificación- sin realizar actos investigativos, ni analizar el caso de manera completa, transversal y sobre la totalidad de los denunciados.
Si bien el Ministerio Público realiza sus funciones en el marco del principio de unidad, eso no implica que todos los Fiscales de Materia piensen y razonen igual; ya que, gozan de autonomía y objetividad en el ejercicio sus funciones, de acuerdo al art. 5 de la LOMP; no obstante, desconociendo ello se aperturó un proceso a través del cual es perseguido por casi seis años por el simple hecho de haber pensado y razonado diferente; considerando que, no es evidente que se hubiesen dictado dos resoluciones paralelas, diferentes e irreconciliables entre sí; puesto que, la primera resolución de sobreseimiento fue dictada por un "anterior Fiscal" el 2 de febrero de 2015, y al ser designado su persona y Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado, revisaron los antecedentes del cuaderno de investigación, interpretaron que la Resolución GPJ S-031/15 de 25 de febrero de 2015, emitida por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, observó nueve irregularidades e instruyó que se realicen actos investigativos y se pronuncien sobre la totalidad de los denunciados e imputados; por lo que, emitieron la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015; considerando que, era lo que concernía de acuerdo a las pruebas y diligencias cursantes en el cuadernillo de investigaciones, aspecto que no constituye ningún acto expresamente prohibido por ley; puesto que, la deducción del entonces Fiscal General hoy accionado, resulta tendenciosa y arbitraria, al encontrarse sustentada en una errónea interpretación y deducción que hace de los arts. 323 y 324 del CPP.
Por otro lado, tampoco es evidente que exista una resolución expresa de autoridad jerárquica, jurisdiccional competente o constitucional, que hubiese determinado o definido que la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, fue indebida; el entonces Fiscal General ahora accionado pretende que la resolución confirmatoria sea la Resolución Jerárquica de la autoridad competente que haya determinado que, la referida Resolución de Acusación Formal es indebida, cuando no analizó ni valoró los contenidos jurídicos de la Resolución GPJ S-031/15, donde también se analizó la situación jurídica de otros coimputados con base a las pruebas que se habrían desarrollado con posterioridad a la devolución del cuaderno de investigación, motivo por el cual, emitieron acusación formal contra varias personas, porque consideraban que habían los elementos suficientes de convicción para sostener su culpabilidad, mencionando la prueba que sustentaba tal análisis y conclusión jurídica.
El entonces Fiscal General hoy accionado, sin determinar si la Resolución de Acusación Formal de 2 de septiembre de 2015, es indebida o insuficientemente fundada, dispone que se formule un incidente de actividad procesal defectuosa ante el juez cautelar respecto a la situación de Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, hoy tercero interesado, para luego el 12 de noviembre de similar año, después de emitida la Resolución de Acusación Formal, ratifique el sobreseimiento, sin pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la Acusación Formal, antecedentes que evidencian que no existió ninguna autoridad superior que hubiese revisado, analizado y valorado todas las pruebas y fundamentos en los que se sustentó la acusación formal y que habrían determinado si era indebida o insuficientemente fundada, mucho menos el decreto de 16 de agosto de 2016, emitido por el presidente del "Tribunal 11avo. de Sentencia"; pues dicho, decreto solamente dio curso al retiro de la acusación formal, lo que no implica que este corroborando que sea indebida, como tendenciosamente pretende interpretar y hacer creer el nombrado Fiscal General.
Ahora bien, el entonces Fiscal General hoy accionado ingreso también en una errónea labor de interpretación respecto al segundo elemento del art. 121.18 de la LOMP, en cuanto a la presencia del presupuesto "...con el fin de perjudicar a una de las partes" (sic); puesto que, nuevamente recae en un "subterfugio"; ya que, menciona que la expresión "con el fin de", acude al Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española; considerando que, esa expresión significa: Objeto, finalidad, propósito, intención y maquinación; situación que, por supuesto no es evidente, pues la expresión "con el fin de" es un enunciado compuesto por cuatro palabras, de modo que no puede significar lo mismo aunque tengan cierta relación; empero, dicha relación dependerá de la intención gramatical de la palabra en la oración o enunciado propuesto, siendo manifiestamente evidente la intención del entonces Fiscal General ahora accionado de intentar tergiversar el significado de una locución y equipararla a una palabra que tiene una connotación perversa; por lo que, si se pretende exponer sinónimos de la locución "con el fin de" esas serían, según el diccionario de la Real Academia de La Lengua Española, los siguientes: a fin de; con el fin de que; a fin de que; sin embargo, ninguna de las locuciones descritas por el nombrado son sinónimos de las palabras fin, finalidad, objeto, intención o propósito.
Es así que, se realizaron interpretaciones antojadizas, tratando de justificar su decisión, determinado que "con el fin de" es sinónimo de "intención", se debe indicar que ese último vocablo de acuerdo a Guillermo Cabanellas de las Cuevas -Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osario, Edición 2007, Editorial Heliasta-, también significa dolo que a decir de dicho autor dolo corresponden a lo que comúnmente llamamos "intención"; los actos jurídicos pueden cometerse con la intención de producir un mal o, simplemente, con la revisión del resultado dañoso, aunque no medie intención, similar definición adoptaría la legislación nacional cuando en el art. 14 del Código Penal (CP), volviendo a caer en un error interpretativo al manifestar que intención significa dolo; puesto que, si bien la intención es un elemento del dolo no significa lo mismo y en cuanto al artículo de referencia se extrae que para que se le atribuya dolo a una persona, esta debe realizar un hecho de acción u omisión, que debe estar previsto en un tipo penal, lo que evidencia nuevamente la errónea interpretación al concluir y determinar que la locución "con el fin de" es sinónimo de la palabra intención, e intención significa lo mismo que dolo.
Posteriormente, el entonces Fiscal General ahora accionado describe definiciones de la profesora Esther Hava García, donde identifica tres clases de dolo en función a la mayor o menor intensidad, identificando el dolo directo o de primer grado, dolo indirecto o de segundo grado y el dolo eventual, respecto al cual se recayó en una incongruencia interna; puesto que, inicialmente argumenta que se concluye que el hecho de que los Fiscales de Materia procesados -Osman Arias Villarroel, hoy tercero interesado y su persona- hayan emitido la Resolución de Acusación Formal el 2 de septiembre de igual año, contra la misma persona respecto de quien el 2 de febrero de similar año, demuestra que se lo hizo con la finalidad de perjudicar a esa persona imputada, al no existir motivo legal alguno que les obligue en ese momento a emitir la indicada Resolución de Acusación Formal, concluyéndose de ello que se hubiese actuado con dolo directo; sin embargo, seguidamente manifiesta que tampoco se advierte que los nombrados Fiscales de Materia procesados con su accionar hubiesen tenido la finalidad de lograr un daño específico a terceras personas, con consecuencias necesarias en perjuicio del denunciante en autos, que representa el dolo indirecto; por lo cual, si se advierte que en la conducta de los mismos, existió conocimiento de las consecuencias que la emisión de la Resolución de Acusación Formal, podía sin producir, un resultado dañoso en el denunciante en autos, que si bien no era su objetivo; empero, les estaba representada esa posibilidad y a pesar de ello, persistieron con su voluntad de emitir dicho requerimiento conclusivo de forma indebida, lo que representa el dolo eventual, que a la postre ciertamente ocasionó perjuicio al denunciante en auto.
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