0063/2022-O

En ese sentido, indica que fue emitido el Auto Supremo (AS) 454/2021 de 9 de julio por los Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, que en su parte resolutiva no reflejó el criterio ni la fundamentación expuesta por la Resolución 037/2015 de 30 de julio, y la citada SCP 1425/2015-S2 que concluyó que la prescripción se interrumpe con la fecha de corte del Sistema de Reparto en 1997 como efecto de la Ley de Pensiones -Ley 1732 del 29 noviembre 1996-; en ese sentido, el indicado Auto Supremo incumple los señalados fallos constitucionales causando grave daño económico al Estado, por cuanto, como establece el art. 57 de la Ley de Pensiones (LP) las rentas del anterior Sistema de Reparto son pagadas con recursos del Estado, motivo por el que la recuperación de recursos se realiza mediante procesos coactivos sociales; además, el señalado Auto Supremo resulta contrario a los trabajadores que en su oportunidad efectuaron sus aportes con el propósito de recibir una jubilación digna, resultando arbitrario que ese fallo reitere los fundamentos del AS 02/2015 de 7 de enero que fue anulado al vulnerar derechos y garantías constitucionales. El AS 454/2021⁴ determinó lo siguiente:

1. a)La demanda fue presentada el 28 de mayo de 2012;
2. b)La Nota de aviso de 29 de marzo de 2011 otorgó a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba Sociedad Anónima (ELFEC S.A.) cinco días hábiles a partir de la recepción de la notificación de dicha Nota para que haga conocer la modalidad de pago que adoptarían, evidenciándose que los aportes cobrados en la demanda son anteriores al 1 de febrero de 1996;
3. c)Las acciones iniciadas por el SENASIR iniciaron el 17 de abril de 2012; y,
4. d)El Informe SENASIR/COBR-059/2012 de 17 de abril determinó la suma líquida y exigible de Bs221 003,07.-(doscientos veintiún mil tres 07/100 bolivianos) de los periodos mayo de 1991 para el régimen básico y febrero a noviembre de 1986; enero a marzo de 1987; diciembre de 1988, julio de 1990 y mayo de 1994 para el régimen complementario, encontrándose prescritas de conformidad al art. 7 del Decreto Ley (DL) 18494 del 13 de Julio de 1981.

La Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 01/2022 de 18 de enero, cursante de fs. 665 a 666 vta., declaró "no haber lugar"; fundamentando que:

1. 1)La Resolución 037/2015 concedió la tutela solicitada y anuló el AS 02/2015⁸, disponiendo que los Magistrados accionados dicten un nuevo fallo con base a las normas legales regidas por la materia; determinación que fue confirmada por la SCP 1425/2015-S2, emitiéndose el AS 454/2021⁴ que declaró infundada la casación en la forma; y, dispuso casar el Auto de Vista 026/2014, quedando firme y subsistente el Auto Interlocutorio Definitivo de 7 de enero de 2013;
2. 2)La Resolución 037/2015 estableció que el AS 02/2015⁸ carecía de fundamentación y motivación, por cuanto el cómputo de la prescripción fue interrumpido en 1997 como efecto de la Ley de Pensiones -Ley 1732 de 29 de noviembre de 1996-, correspondiendo tomar en cuenta lo determinado en la citada norma, el DL 18494, y los arts. 65 del DL 13214 de 24 de diciembre de 1975 y 48.IV de la CPE; por consiguiente, la prescriptibilidad de los aportes a la seguridad social que no fueron pagados, opera en el plazo de quince años sino fue interrumpido por la puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado de 9 de febrero de 2009; además, debió considerarse la línea jurisprudencial y el carácter de irrenunciabilidad de los beneficios reconocidos a favor de los trabajadores. Al mismo tiempo, la SCP 1425/2015-S2 concluyó que los Magistrados accionados determinaron la prescripción de los aportes devengados a la seguridad social a largo plazo, centrándose en un formalismo excesivo al efectuar un simple cómputo aritmético a partir de la fecha en la que se hubiera generado la obligación perseguida, sin considerar la fase de transición del Sistema de Reparto como efecto de la Ley de Pensiones que determinó como fecha límite de aportes adeudados susceptibles de recuperación hasta el 30 de abril de 1997; fecha desde la cual corre el cómputo de quince años para que opere la prescripción, siendo que en el caso específico de acuerdo a la normativa que rige el instituto de la prescripción sobre aportes adeudados al Sistema de Reparto como es el art. 4 del Decreto Supremo (DS) 25809 de 8 de junio de 2000 que si bien estipula la prescripción de aportes a los quince años, también prevé que la prescripción puede interrumpirse por una demanda coactiva o cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor, plazo que fue interrumpido en la vía administrativa como efecto de la fiscalización de aportes efectuados por el SENASIR a la empresa coactivada, de acuerdo al Informe de fiscalización de 17 de diciembre de 2010, en el marco del DS 27066 de 6 de junio de 2003; antecedentes que no fueron compulsados debidamente en el AS 02/2015⁸, a objeto de establecer con precisión el momento en el cual fue interrumpida la prescripción, emitiendo de esa forma un fallo que no condice con los principios del derecho a la seguridad social reconocidos por la Norma Suprema;
3. 3)El AS 454/2021⁴ estableció las gestiones en las que la entidad accionante pretendía la declaratoria de prescripción de obligaciones, determinando que la normativa aplicable al caso era el DL 18494 -vigente el 13 de julio de 1981 hasta el 8 de junio de 2000, fecha en la que fue emitido el DS 25809-; norma que se encontraba vigente durante el inicio del cómputo, y al evidenciarse que los aportes cobrados en la demanda presentada el 28 de mayo de 2012 son anteriores al 1 de febrero de 1996, la acciones efectuadas por el SENASIR iniciadas el 17 de abril de 2012, se encuentran prescritas de conformidad al art. 7 del DL 18494;
4. 4)El mencionado Auto Supremo motivó en cuanto a la aplicación de lo mandado por la Constitución Política del Estado que no se deben afectar derechos que con el transcurso del tiempo ya se encontraban prescritos al 7 de febrero de 2009, rigiendo la norma vigente al momento que acaece la condición generadora del derecho; por lo cual, en la presente causa no corresponde la aplicación de una normativa distinta al DL 18494 considerando el inicio de cómputo de la prescripción; consiguientemente, no puede aplicarse la Norma Suprema desconociéndose un derecho materializado. Asimismo, el referido AS 454/2021⁴ aclaró que en el caso, las gestiones de 1986 a 1994 se encontraban prescritas antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado, por consiguiente, los alcances de la imprescriptibilidad determinada por el texto constitucional no causan efectos sobre aquellas gestiones; y,
5. 5)Por lo precedentemente expuesto, ese Tribunal de garantías no encontró elementos para afirmar el incumplimiento de la Resolución 037/2015 y de la SCP 1425/2015-S2, las cuales no establecieron en forma expresa que las obligaciones de las gestiones objeto de cobro no hubieran prescrito, sino exigieron el pronunciamiento de un nuevo auto supremo debidamente fundamentado y motivado, lo que fue cumplido por el AS 454/2021⁴.

La Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió el Auto de 29 de julio de 2022, cursante a fs. 673 y vta., declarando no ha lugar la enmienda, complementación y aclaración solicitada por el ente accionante a través de su representante, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)En cuanto al valor jurisprudencial que debió ser emitido por los Magistrados recurridos, dicho cuestionamiento no fue reclamado en el recurso de queja;
2. ii)En cuanto a las demás observaciones, la Resolución 01/2022 expuso claramente los motivos del fallo en su Considerando II, por lo que no se advierte la omisión señalada por la entidad activante de queja, más aun cuando no señaló cuál fue el elemento sobreviniente en la causa, no correspondiendo por ello la complementación solicitada; y,
3. iii)No se advierte que la Resolución 01/2022 contenga una redacción oscura y ambigua ni error material o de hecho.

Paola Mariela Daviu Imura en representación legal del SENASIR -ahora activante de queja-, mediante memorial presentado el 9 de agosto de 2022, cursante de fs. 675 a 681 vta., impugnó la Resolución 01/2022 de 18 de enero y el Auto de 29 de julio de igual año, manifestando lo siguiente:

1. a)En cumplimiento parcial de la SCP 1425/2015-S2 se anuló el AS 02/2015⁸ y se pronunció el AS 454/2021⁴ que resulta más lesivo y vulneratorio que el anulado, puesto que su fundamentación y motivación no refleja lo dispuesto por la Resolución del Tribunal de garantías ni por la señalada Sentencia Constitucional Plurinacional, vulnerando nuevamente los derechos alegados a través de la acción de amparo constitucional, al aplicar nuevamente el "...D.S. 18494 normativa derogada por el Art. 4 del D.S. 25714..." (sic). Dictándose posteriormente el DS 25809 de 8 de junio de 2000 que en su art. 4 determina que los aportes no pagados o no cobrados por periodos superiores a quince años prescriben, estableciendo como fecha límite de aportes el 30 de abril de 1997 en la cual se cortó el Sistema Residual de Reparto de la Seguridad Social de largo plazo; prescripción que se interrumpe por una demanda coactiva o cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor. En ese sentido, la Resolución 037/2015 establece la aplicación del referido artículo y la fecha de corte de abril de 1997 como inicio del término de la prescripción y se interrumpe con la fecha de corte del sistema de reparto en 1997 como efecto de la Ley de Pensiones, siendo de aplicación inexcusable el mencionado artículo. Por consiguiente, existen periodos por ser cobrados, conforme a la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional al conceder la tutela, pretendiendo el AS 454/2015⁴ desconocer la citada Sentencia Constitucional Plurinacional y consolidar las vulneraciones causando grave daño económico al Estado y a sus asegurados, considerando que el art. 57 de la LP prevé que las rentas del anterior Sistema de Reparto son pagadas con recursos del Estado, efectuándose la recuperación de estos recursos a través de procesos coactivos sociales;
2. b)La Resolución 01/2022pretende aplicar normativa derogada, validando la aplicación del DL 18494, realizando dos tipos de interpretación e incumpliendo la SCP 1425/2015-S2;
3. c)Existe cumplimiento parcial de la nombrada Resolución constitucional, ya que si bien se anuló el AS 02/2015⁸, al AS 454/2021⁴ no refleja la línea jurisprudencial y la normativa identificada como aplicable a la causa, ampliamente interpretada en cuanto a su alcance, hecho que debió ser advertido por el Tribunal de garantías al resolver la queja por incumplimiento; empero, consolidó la vulneración de derechos y garantías constitucionales al efectuar una interpretación arbitraria, incongruente, absurda e ilógica acerca de la norma que rige la materia de seguridad social en cuanto a la prescripción de aportes devengados, inobservando inclusive la Norma Suprema sin realizar el análisis de la interrupción -de la prescripción- de conformidad al art. 48.IV de la CPE, dejando en el "limbo" el periodo de mayo de 1994;
4. d)Existe una clara diferencia entre lo resuelto por el AS 454/2021⁴ y la SCP 1425/2015-S2, correspondiendo la modulación del señalado Auto Supremo y se cumpla con la línea jurisprudencial sentada por el referido fallo constitucional, lo cual no fue advertido por el Tribunal de garantías en la Resolución 01/2022, resultando completamente viable la queja por incumplimiento; y,
5. e)No corresponde la interpretación efectuada por el AS 454/2021⁴, puesto que no consideró la fecha de corte del Sistema de Reparto conforme determina el art. 61 de la LP y el DS 25809. Motivos por los cuales solicita se revoque la Resolución 01/2022 y se emitan las medidas coercitivas más idóneas para garantizar el cumplimiento de la SCP 1425/2015-S2 con la finalidad de evitar la vulneración de derechos y garantías, bajo advertencia de remitirse antecedentes al Ministerio Público.