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TCP

0063/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de febrero de 2026
Resumen del caso

Auto 0063/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0063/2026-CA Sucre, 25 de febrero de 2026

Expediente: 81524-2026-164-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz

En consulta la Resolución 002/2025 de 11 de marzo, cursante de fs. 4 a 6, pronunciada por el Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana; por la que, rechazó promover la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Rolando Canquilla Chinche, demandando la inconstitucionalidad del art. 14.3 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-; por ser contrario a los arts. 21, 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 10 de marzo de 2025, cursante de fs. 1 a 3, el accionante solicita promover la acción de inconstitucionalidad concreta, manifestando que, dentro del proceso disciplinario signado con el número 049/2025 iniciado en su contra, por presuntas faltas cometidas por la conducta descrita en el art. 14.3 de la LRDPB, que establece la falta grave de "'...incurrir en actos públicos, deshonrado los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial...'" (sic), le puso en una situación grave y perjuicio que conlleva la baja definitiva de la institución.

El art. 14.3 de la LRDPB presenta una redacción tan vaga y amplia que otorga un margen interpretativo demasiado amplio generando inseguridad jurídica que no solamente vulnera el derecho al debido proceso sino también otras garantías constitucionales; por lo que, pide que la citada norma sea revisada al ser incompatible con los derechos a la seguridad jurídica, a la libertad de expresión, a la defensa técnica, al debido proceso y al principio de proporcionalidad, debiendo ser eliminada o reformulada para que se ajuste a los estándares constitucionales y no permita la aplicación arbitraria de sanciones que despojen a los funcionarios policiales de derechos fundamentales sin una justificación adecuada.

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