Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0063/2026-RCA Sucre, 13 de febrero de 2026
Expediente: 81375-2026-163-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 23/2026 de 16 de enero, cursante de fs. 18 a 19, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Raúl Fernando Flores Terrazas contra Alexis Ángel Angles Mercado y Fernando Simón Zambrana Sea, Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 7 de enero de 2026, cursante de fs. 5 a 11 vta., el accionante manifestó que los Vocales ahora demandados no respondieron su petición efectuada, infringiendo derechos fundamentales primarios y conexos, particularmente el derecho de petición reconocido por el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); así como, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, dicha petición tenía como finalidad poner en conocimiento actos ilegales y errores graves cometidos en la ejecución de un mandamiento de desapoderamiento, advirtiendo expresamente que se estaba actuando sobre un bien inmueble incorrectamente individualizado, extremo que fue documentado y acreditado ante la propia autoridad jurisdiccional.
La omisión de respuesta se materializa de manera concreta en el memorial presentado el 25 de noviembre de 2025, debidamente recibido por "la Sala Constitucional Primera" respecto del cual hasta la fecha no se emitió pronunciamiento alguno, a pesar de transcurrir un plazo ampliamente razonable, esa falta de respuesta evidencia una retardación de justicia manifiesta y una omisión inconstitucional del deber de pronunciamiento más aún cuando lo solicitado guardaba relación directa con la prevención de una afectación grave e irreparable a derechos fundamentales.
La relevancia constitucional de esta acción tutelar resulta evidente si se considera que la jurisdicción constitucional tiene la prerrogativa y el deber de garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, actuando con sujeción estricta a la Constitución Política del Estado y al Código Procesal Constitucional; sin embargo, en el presente caso, la omisión de pronunciamiento y el gravísimo error cometido en la ejecución del mandamiento de desapoderamiento derivaron en el despojo material de su propiedad, permitiendo que terceros ocupen y dispongan de sus bienes que no formaron parte de la controversia constitucional ni de ningún otro proceso judicial, esa actuación por acción y omisión no solo vulnera el derecho de petición, sino que además, lesiona el derecho a la propiedad y a la seguridad jurídica, configurando una afectación actual y continuada que habilita plenamente esta acción de defensa.
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